En el desayuno que tradicionalmente ofrecen las Fuerzas Armadas al titular del Ejecutivo después del Informe presidencial, el secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, señaló la prioridad que en el quehacer nacional debe tener la consecución de la justicia económica, y destacó la necesidad de cumplir con las impostergables tareas sociales que la difícil circunstancia reclama.

Pronunciadas en un discurso institucional, en el que entre otros aspectos se reitera la lealtad de las Fuerzas Armadas al poder civil, estas expresiones implican una posición que diverge de otras también provenientes de esferas oficiales.

En efecto, en diversas oportunidades y especialmente en el ámbito del gabinete económico, se ha afirmado que la recuperación del nivel de vida de una gran parte de la población vendrá después, y que la prioridad actual debe ser el cumplimiento de las metas financieras y macroeconómicas.

Para ponderar estas diferencias, ha de tomarse en cuenta el contexto nacional en el cual se presentan: las Fuerzas Armadas tienen ahora tareas que no siempre han sido suyas, y acaso ni siquiera les corresponden por definición constitucional.

Ejemplos de ello son la participación militar masiva en Chiapas, los intensos despliegues y patrullajes castrenses en varios estados del centro y sur del país y la ubicación de militares en mandos policiacos.

Guardando las obvias diferencias, existe un denominador común entre la insurrección zapatista de 1994, el cruento accionar del EPR en fechas recientes en distintos puntos del territorio nacional, e incluso el preocupante incremento de la delincuencia común en regiones urbanas y rurales del país: estos tres fenómenos han sido propiciados, en buena medida, por un manejo político y económico carente de sensibilidad ante sus propios costos sociales; que ha descuidado, en consecuencia, las soluciones a la pobreza, al desempleo, la marginación y la insalubridad, y que ha agravado las precarias condiciones de vida de millones de mexicanos.

Ante la eclosión de éstos y otros fenómenos --que habrían podido evitarse mediante una adecuada impartición de justicia social y políticas de integración, desarrollo y rehabilitación económica de diversos sectores de la población--, las Fuerzas Armadas han sido involucradas en funciones de coerción y de vigilancia del orden y la seguridad públicos, tareas que deberían ser llevadas a cabo por corporaciones policiacas. Este trastocamiento de funciones necesariamente afecta el prestigio, la legitimidad y la imagen de las Fuerzas Armadas, en la medida en que su tarea fundamental, la defensa de la soberanía nacional y de la integridad territorial, se ve relegada a un segundo plano en la atención pública, para quedar como ``coadyuvantes'' de las corporaciones policiacas.

Ciertamente, el primer paso en esta dirección, que desvirtúa la función central de nuestras instituciones armadas, se dio hace ya años, cuando el gobierno decidió convertirlas en un instrumento de primer orden en el combate al narcotráfico. Pero de 1994 a la fecha se ha acelerado, por parte del Ejecutivo, el recurso indebido --en términos constitucionales-- del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

En este contexto, los señalamientos del general Cervantes Aguirre en favor de dar prioridad a las políticas sociales constituyen una posición atinada, que no sólo subraya la forma correcta de resolver muchos de los fenómenos que gravitan negativamente sobre nuestra vida política y social, sino que constituyen un indicador de las percepciones militares sobre la coyuntura nacional actual y la forma gubernamental de enfrentarla. Finalmente, es un dato positivo que estas posturas se expresen y ventilen en forma abierta, así sea, como corresponde a quienes las expresan, en el marco de un discurso institucional.