Se declara el PAN contra ``las dos violencias: insurreccional e institucional''

El presidente del Episcopado Mexicano, Sergio Obeso Rivera, apoyó la decisión del Ejecutivo de usar ``toda la fuerza del Estado en contra del Ejército Popular Revolucionario'', pero aclaró que esto debe ser dentro de la legalidad y con pleno respeto a los derechos humanos, tal y como se ofreció en el Informe presidencial.

Advirtió que debe tenerse mucho cuidado en el uso del término ``terrorista''. Y agregó: ``Por el momento, yo no lo utilizaría''.

En conferencia de prensa, el jerarca eclesiástico dijo que si el Estado se acota a los lineamientos señalados por el presidente Zedillo, los riesgos de caer en una represión generalizada o ``cacería de brujas'' serán mínimos. ``En esos términos creo que tenemos que sumarnos a toda acción que combata la violencia. Es algo que nos corresponde como personas de paz'', dijo Obeso Rivera.

Por su parte, el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, saluda los esfuerzos del gobierno federal en el campo de la promoción de la justicia, con apego a la ley y a todos los derechos humanos.

``Estos fundamentos del Estado de derecho, llevados a la práctica, se traducirán en paz y seguridad para todos. Manifestamos nuestra oposición a cualquier forma de violencia, independientemente de que se sustente en un supuesto apoyo social''.

En tanto, el senador priísta Ricardo Monreal declaró que el terrorismo debe castigarse, pero aclaró que por tener una naturaleza política, es decir, es un delito político, ese es el tratamiento que se le debe dar. Dijo que a pesar de la incertidumbre y los daños a la nación, se debe de actuar con prudencia y serenidad.

Ahora que el Senado va a dictaminar la iniciativa de ley contra la delinciencia organizada, la figura de terrorismo podría tipificarse en ese cuerpo legal, pero con una definición amplia y correcta, porque en el pasado esa actividad fue motivo para que se hicieran persecuciones políticas.

``Hay que tener mucho cuidado para diferenciar lo que es el delito político de lo que son las conductas criminales''. Añadió que los legisladores apoyan de manera razonada y sensata al presidente Zedillo, pero manifestó ser de la idea de buscar el diálogo. ``El Ejecutivo ha hecho un pronunciamiento y el Poder Legislativo tiene que buscar todavía vías de racionalidad y de entendimiento para que este problema se resuelva de la mejor forma para el país'', expuso.

Por otro lado en conferencia de prensa, el presidente del PAN, Felipe Calderón, leyó un comunicado en el que señala que los panistas apoyan la decisión del presidente Zedillo de enfrentar el terrorismo y la violencia con la fuerza del Estado.

Sin embargo, añadió, junto con las acciones que se lleven a cabo para cotrarrestar la violencia, el Estado tiene la obligación de buscar condiciones adecuadas para erradicar toda posibilidad de ruptura del Estado de derecho.

En este sentido, destacó que no es coincidencia que la violencia se manifieste en las zonas de mayor marginalidad del país. Calderón señaló además que en México se viven dos tipos de violencia: la insurreccional y la institucional.

Se refirió también a cuatro de los temas centrales del Informe: la violencia, la economía (``de la que no se puede decir que hay recuperación''), lo social (``cuyo programa piloto contra la pobreza sólo es un paliativo con intereses electorales'') y lo político (``en el que queda camino por recorrer'').

A su vez el procurador general de la República, Fernando Antonio Lozano Gracia, señaló que en la persecución del llamado Ejército Popular Revolucionario, la dependencia que encabeza trabaja con el Ejército Mexicano en las investigaciones sobre este grupo armado. Mientras que el procurador capitalino, José Antonio González Fernández, insistió en que se tiene ``información totalmente fundada'' en el sentido de que aquél es un ``grupo terrorista''.

Lozano Gracia dijo que las autoridades le dan ``un seguimiento especial'' a la persecución de los miembros del grupo armado, más allá de un simple operativo.

González Fernández apuntó por su parte que la corporación a su cargo atenderá ``a la brevedad'' toda denuncia que haga la ciudadanía sobre la presencia de gente presuntamente involucrada con el EPR. Explicó que se ha reforzado la coordinación con otras corporaciones, además de los grupos especiales de reacción inmediata de la Procuraduría capitalina.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores, general Alvaro Vallarta Ceceña, aseveró que la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas en diferentes estados, no representa militarización alguna: ``La militarización es quitarle funciones a las autoridades civiles; el Ejército ha actuado en cumplimiento de su deber''.

El gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, advirtió que de mantenerse la ``errónea política económica'' actual, se mantendrá la posibilidad de que surjan nuevos grupos armados. ``Para detener la violencia el Presidente dijo: con la ley en la mano. Y yo digo, con la economía en la mano, con un proyecto económico que sea sustentable. Debemos ser claros en esto porque si no resolvemos de fondo las cosas, los hechos de violencia, la desestabilización del país está a la vuelta''.

Añadió Fox que es urgente que el gobierno del presidente Zedillo ``encuentre la brújula y la ruta'' para sacar al país adelante, porque no se puede tolerar más la ineficiencia de un sistema político impuesto por un grupo que ha acaparado el poder y que no lo ha usado para el bien de México, sino para destrozarlo''.

Por separado, organismos no gubernamentales señalaron que antes de aplicar ``toda la fuerza del Estado'' para combatir a grupos como el EPR, se debe dar respuesta política al descontento social que, consideraron, tiene su origen en el modelo económico y la falta de justicia.

El director del Centro de Derechos Humanos ``Miguel Agustín Pro'', David Fernández Dávalos, dijo que quienes originan la violencia en el país están en el gabinete económico y en las estructuras del poder que permiten la desigualdad social, la corrupción y la impunidad.

También señaló que es peligroso calificar de grupo terrorista al EPR, sin tener las pruebas.

``Parece ser un recurso del gobierno para poner a ese grupo en la mira de la sociedad como lo hizo al principio con el EZLN'', dijo.

Según Fernández Dávalos, el EPR puede ser considerado un grupo guerrillero, ya que pretende conquistar el poder o alcanzar algunas demandas sociales a través de las armas, pero sin crear terror en la sociedad civil.

Por su parte Rafael Alvarez Díaz, de la Red Todos los Derechos para Todos, consideró que la recurrencia del gobierno a la violencia y a la militarización demuestra que en México se han agotado las vías institucionales.

Fidel Velázquez, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), aseguró que el mayor reto del gobierno es erradicar la pobreza que existe en el país. Calificó como ``muy bueno'' el Informe presidencial porque, ``orienta a los mexicanos de cómo andan las cuestiones administrativas''.

Ante la pregunta de si la pobreza propicia el surgimiento de otros grupos guerrilleros respondió: ``¡Claro! Propicia todo''.

Para enfrentar el surgimiento de estos grupos el gobierno debe actuar con las armas de la ley, advirtió.

Finalmente, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) calificó al Ejército Popular Revolucionario como un ``grupo de mercenarios a sueldo'' que únicamente buscan desestabilizar al país sin ningún móvil social, por lo que pidió al gobierno federal aplicar a sus integrantes todo el peso de la ley.

(José Antonio Román, Ismael Romero, Jesús Aranda, Roberto Garduño, Judith Calderón y Claudia Herrera)