CATEOS EN EL HUITECO, GUERRERO

Maribel Gutiérrez y Raúl García, corresponsales, Acapulco, Gro., 4 de septiembre Los presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que anoche estaban sitiados en las cañadas de la comunidad El Huiteco, perteneciente a este municipio, lograron burlar el cerco que les tendieron cientos de efectivos militares y policiacos.

La noche de hoy, en la residencia oficial de Casa Guerrero, el gobernador Angel Aguirre Rivero confirmó en breve entrevista: ``efectivamente, hubo un enfrentamiento entre el grupo armado y efectivos del Ejército, Policía Judicial y Preventiva, pero no hubo bajas ni heridos de ningún lado''.

Miembros del Ejército Mexicano realizan labores de patrullaje
cerca del poblado de Huiteco, en busca de integrantes del
Ejército Popular Revolucionario. Foto: Miguel Juárez/Ap

El funcionario agregó que dio instrucciones a su gabinete de seguridad pública para reforzar los operativos de vigilancia ``en todo el estado, especialmente en sitios turísticos, aeropuertos y centros comerciales''.

Aunque la persecución del grupo de presuntos guerrilleros ocasionó un gran despliegue, las únicas detenciones fueron las de la segunda comisaria municipal, Cleotilde Molina Hernández, su esposo José Molina Tenangueño y Daniel Castro Hernández, los tres mayores de 65 años de edad, quienes fueron liberados esta madrugada por falta de elementos probatorios.

Judiciales del estado detuvieron a los ancianos ayer a las ocho de la noche en la casa del matrimonio, donde encontraron después de un cateo sin orden legal dos pasamontañas y un par de botas tipo militar. Esta mañana, don José Molina explicó que sus hijos le regalaron los pasamontañas por un padecimiento en el oído y la recomendación médica de cubrirse del frío.

Los tres habitantes de El Huiteco fueron entregados por los judiciales a los mandos castrenses que luego de interrogatorios en la comisaría municipal y en la capilla del poblado los trasladaron a la 35 Zona Militar para otro interrogatorio. Alrededor de las tres de la mañana los militares llevaron a los ancianos a la Procuraduría General de Justicia del estado, de donde fueron liberados y entregados a sus familiares.

Por otra parte, efectivos del Ejército Mexicano intentaron detener esta mañana al campesino Jerónimo Hernández Refugio, habitante de la comunidad de Atoyaquillo, sierra de Coyuca de Benítez, y miembro de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), a quien los militares señalaron como integrante del EPR.

De acuerdo con el asesor jurídico de la OCSS, José Sánchez Sánchez, el intento de arresto ocurrió a las nueve de la mañana, en un retén militar ubicado en el vado de Aguas Blancas, cuando cerca de 50 campesinos de Atoyaquillo se trasladaban en una camioneta a la ciudad de Coyuca de Benítez para recoger sus cheques del Procampo; sin embargo el intento fue frustrado por los campesinos que acompañaban a Hernández Refugio.

Mientras tanto, organizaciones campesinas, indígenas y sociales de la entidad exhortaron a los gobiernos federal y estatal y al EPR a ``abrir cauces para el diálogo, dejar las acciones violentas y generar un clima de distensión'' que asegure ``unos comicios transparentes, concurridos y pacíficos'' durante la jornada electoral del 6 de octubre.

Las organizaciones que signan el manifiesto indicaron que la ``creciente presencia militar en varias regiones del estado'' desde la irrupción del EPR en Aguas Blancas, el 28 de junio, ``es peligrosa'' para los habitantes y para los luchadores sociales pues provoca la violación de derechos humanos y la persecución política, ``impide el desarrollo normal de actividades y crea un ambiente de tensión social''.

También en la capital del estado el gobernador Angel Aguirre Rivero dijo hoy ante los nueve líderes estatales de los partidos que contenderán en las próximas elecciones, que aceptará la propuesta del Consejo Estatal Electoral de no participar en actos públicos masivos ``que pudieran prestarse a malas interpretaciones'' pero reiteró que ``de ninguna manera se suspenderán los programas gubernamentales''.

Definen situación de tres detenidos

Por otra parte, el Consejo Tutelar de Menores decretó hoy la libertad absoluta de Juan José Flores de la Cruz, adolescente de 17 años de edad que fue detenido la mañana del 29 de agosto por su presunta participación en el ataque del EPR de la noche anterior a las comandancias de las policías Judicial y Preventiva en Tixtla.

Los familiares de Juan José aseguraron que judiciales del estado le introdujeron casquillos de AK-47 en su mochila para inculparlo cuando se dirigía a Chilpancingo, donde trabaja como peón de albañil para costear sus estudiios en el Colegio de Bachilleres.

En tanto, el juez primero de distrito en Chilpancingo, Andrés Michel Sánchez, dictó esta tarde auto de formal prisión a Tomás de Jesús Barranco y Rodolfo Tacuba Moreno, detenidos también el 29 de agosto y vinculados al ataque del EPR en Tixtla.

Sergio Díaz Altamirano, abogado defensor de Barranco y Tacuba, advirtió que interpondrá un recurso de apelación.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) afirmó en un comunicado que ``ante la declaración de guerra hecha por el gobierno el 1o. de septiembre de 1996, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, políticas y armadas revolucionarias a contestar con toda la fuerza del pueblo y con la generalización de la autodefensa armada''.

Asegura que, ``roto el Estado de derecho, reducido el camino de la petición, la acción armada refuta y echa por tierra los argumentos que la oligarquía, el gobierno y sus ideólogos sostienen pretendiendo justificar y legitimar la militarización del país y la escalada represiva desatada contra el pueblo y sus organizaciones sociales, políticas y armadas revolucionarias.

``En el marco de la autodefensa armada popular, nada pedimos, ni aceptamos nada que venga de este mal gobierno. Acosadas y perseguidas la razón y la dignidad, el EPR y la base social que le sustenta recurren en legítima defensa a la crítica de las armas contra el terrorismo de Estado, el mal gobierno y la dictadura del gran capital.''

La declaración del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y del EPR cuestiona el ``veredicto'' que de sus acciones ha hecho el gobierno en el sentido de que ``el EPR no quiere entablar el diálogo, no tiene base social y lo peor de todo, afirma iracundo que el EPR pretende apoderarse del poder''.

Tras la ofensiva ``político-militar'' desplegada por el grupo rebelde en distintos puntos del país en respuesta a la ``militarización'' y a la ``escalada represiva gubernamental'', esa calificación ``no nos deja otra salida que preguntar mortificados ¿qué requisitos necesitamos cubrir para obtener un certificado de buena conducta y el reconocimiento del gobierno como guerrilla verdadera?

``¿Será necesario mostrar a la población civil insurgente que nos da sustento y fortalece nuestras filas? ¿Será necesario manifestar disposición al diálogo, disposición a negociar lo innegociable y finalmente a deponer las armas? ¿Será necesario llorar arrepentidos de nuestra participación armada, como los ahora asesores contrainsurgentes del Estado, que intentan retrasar con sus indignos oficios la liberación de nuestro pueblo?

``No nos interesa el reconocimiento del gobierno ni nos asustan las acusaciones con las que intenta descalificarnos, manipular los sentimientos populares, aislarnos y justificar nuestro aniquilamiento''.

El comunicado, fechado el 3 de septiembre, afirma que ``al dar continuidad al criminal modelo neoliberal impuesto por la fuerza, al mantener sometido al pueblo mexicano al hambre, la miseria, la represión continua y la opresión política; al proteger a quienes desde las más altas esferas gubernamentales han cometido y solapado crímenes, robos y fraudes contra la sociedad, ha quedado plenamente demostrado que el actual gobierno es un vil instrumento de la oligarquía nacional y extranjera''.

Indica que le interesa el reconocimiento del pueblo y de las organizaciones sociales y políticas ``sinceramente interesadas en construir la fuerza social e histórica que libere a la nación del Estado opresor. Nos interesa dejar en claro que es el gobierno el que despliega el terrorismo como política de Estado, es el gobierno terrorista de la oligarquía quien asesina de manera cobarde a los luchadores sociales, a los ciudadanos honestos y masacra impunemente a los movimientos populares que reclaman urgente solución a sus demandas''

Corresponsales. El Ejército y las policías destacadas en Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Yucatán patrullan por aire y tierra diversas zonas de esas entidades para detectar posible tráfico de armas o integrantes de grupos subversivos. Al mismo tiempo, falsas alarmas sobre colocación de bombas se produjeron ayer en las ciudades de Monterrey, Acapulco, Villahermosa y Ciudad Juárez.

Al comenzar en Guanajuato los vuelos de ``inspección rutinaria'' en helicópteros, el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Reyes, dijo que la dependencia a su cargo inició una averiguación previa en contra de quienes resulten responsables del delito de sedición.

Lo anterior, detalló, está relacionado con la información proporcionada a la prensa por los perredistas Juan Manuel Lozano Rodríguez y Matías Andrade, quienes afirmaron el miércoles pasado haber contactado con presuntos guerrilleros de un supuesto Ejército Guanajuatense Revolucionario.

Ambos militantes perredistas podrían verse involucrados en las investigaciones, sobre todo porque aparecen en una fotografía que vellos mismos distribuyeron, en donde aparecen acompañados por dos supuestos guerrilleros con los rostros cubiertos.

La noche de este miércoles se registró también en Michoacán una gran movilización de tropas en las regiones de Tacámbaro y Uruapan, en la que participan unos 3 mil efectivos de la XII Región Militar.

Según reportes extraoficiales, al mando del operativo se encuentra el general de división Juan López Ortiz, comandante de la región. La movilización obedecería a la intensificación de la campaña contra el narcotráfico y la despistolización. Entre la gente comenzó a circular el rumor de que fueron detenidas algunas personas en las cercanías de los ingenios de Pedernales y Puruarán.

Por su parte, la Dirección de Seguridad Pública de Jalisco, en coordinación con el Ejército Mexicano y policías municipales, continúa el patrullaje de carreteras y caminos rurales en 28 municipios del sur del estado, incluida la zona metropolitana de Guadalajara, la sierra de Manantlán y la costa sur.

En las operaciones, iniciadas desde el 28 de agosto, tan sólo se han detectado actividades relacionadas con el narcotrafico, robos de autos y portación de armas de fuego, dijo el titular de la DSP, Gabriel Vera Fonseca.

Mientras tanto, el gobernador de Querétaro, Enrique Burgos García, dio a conocer el establecimiento de un operativo especial de vigilancia entre los distintos cuerpos de seguridad de la entidad, motivado por la aparición del EPR en otras entidades.

``No podemos caer en la ingenuidad de decir: Bueno, en Querétaro no pasa nada, los riesgos siempre existen y particularmente cuando se trata de una entidad de cruce de caminos'' y cuenta con uno de los más intensos índices de tránsito vehicular, de aproximadamente 40 mil unidades diarias.

Su homólogo de Sinaloa, Renato Vega Alvarado, indicó que ante los peligros que puede haber por ataques del grupo armado, en el estado se tomaron ya las medidas preventivas para evitar daños a plantas petroleras e hidroeléctricas y a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Esos sitios ya están debidamente custodiados por personal de la Armada y el Ejército mexicanos, señaló.

También en Yucatán, elementos de la Policía Judicial Federal (PJF), el Ejército y la Zona Naval iniciaron una serie de patrullajes aéreos para detectar, y en su caso destruir, pistas clandestinas que pudieran servir para tráfico de drogas o armas a presuntos grupos subversivos en el estado.

En ese estado, el Ejército dispuso mayor vigilancia en por lo menos 12 municipios de las zonas oriente y sur con un total de mil 200 efectivos, fuertemente armados y resguardados por tanquetas y otra clase de vehículos militares.

En otro orden de cosas, la Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes confirmó que el lunes pasado fue perpetrado un asalto a la CFE por parte de un comando de cinco personas encapuchadas y fuertemente armadas y aunque no se estableció posibles ligas con el EPR, esta posibilidad tampoco fue desechada por las autoridades que investigan el caso. La versión había sido negada y hasta desmentida oficialmente.

Por otra parte, la primera llamada sobre la supuesta presencia de explosivos ocurrió la noche del martes en Monterrey, Nuevo León, cuando una persona que dijo ser miembro del Ejército Popular Revolucionario reportó a la estación de bomberos la existencia de un carro-bomba frente al consulado estadunidense. Expertos en explosivos de la Policía Judicial del Estado que acudieron al lugar comprobaron que se trató de una falsa alarma.

En Acapulco, Guerrero, un paquete que supuestamente contenía una bomba fue recogido a las 11 horas de la cafetería de Woolworth, en el centro de la ciudad, por personal de la 27 Zona Militar, luego de que mediante una llamada telefónica anónima se dio aviso de su existencia.

El agente del Ministerio Público del Fuero Común, Gregorio Bermúdez Vargas, que inició la averiguación previa TAB/I/4564, dijo que los expertos encontraron en el baño del establecimiento ``una sustancia de resina color negruzca''. A bordo de una tanqueta equipada con un cubo de hierro blindado la trasladaron a las instalaciones de la 27 Zona Militar, para analizar el material.

En Tabasco, se supo de una llamada telefónica que advertía sobre la colocación de una bomba en las instalaciones del Hospital Regional de Pemex, ubicado en el centro de Villahermosa, pero resultó una falsa alarma.

La policía de Ciudad Juárez, Chihuahua, cerró durante unas dos horas los puentes internacionales de Santa Fe, Lerdo y Córdoba --que comunican a México con El Paso, Texas--, luego de que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos recibió amenazas sobre la colocación de bombas en tales sitios.

El jefe de la Aduana en El Paso, Fernando González, descartó que estos hechos fueran atribuibles al EPR, porque la llamada ``la hizo un sujeto anglo'' desde un teléfono que se encuentra cerca de las garitas en El Paso, de acuerdo con el reporte telefónico con que cuentan.

Finalmente, el senador Alberto Santos de Hoyos dijo en Monterrey que sería muy lamentable que grupos priístas estuvieran detrás del EPR, pues actuarían como Caballo de Troya y el enemigo estaría dentro del propio partido gobernante, al comentar sobre la detención de dos allegados al gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, señalados como presuntos integrantes del EPR.

Afirmó que independientemente del origen y el interés que están detrás de estos movimientos, el gobierno debe aplicar la ley sin titubeos y sin miedo a la crítica.

En Yucatán, cuatro sujetos encapuchados que portaban armas de uso exclusivo del Ejército, asaltaron la sucursal Banamex en Oxkutzcab, llevándose 350 mil pesos. La acción provocó una intensa movilización policiaca en el sur de la entidad, durante la cual fueron detenidos dos personas que se ostentaban como policías judiciales. (Manuel Carrillo, Alberto Espinosa, Carlos Gutiérrez, Teresa Gurza, Víctor Guerra, Luis Boffil, David Carrizales, Maribel Gutiérrez, Rubén Villalpando y René A. López)