Desatendió Pemex la recomendación de cambiar ductos en Tabasco: CNDH

I Luego de 18 meses de haber ocurrido la cadena de explosiones en la población de Plátano y Cacao, municipio del Centro, Tabasco, que causaron la muerte a nueve personas y serias quemaduras a 14 más, con motivo del rompimiento de uno de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), dicha empresa ``no ha dado cabal cumplimiento a las recomendaciones hechas por la Compañía Lloyd's Register`` de Gran Bretaña, para que lleve a cabo el reemplazo de tuberías afectadas por la corrosión que provoca la falta de mantenimiento de esas instalaciones, señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En su recomendación 80/96, enviada por la CNDH de manera conjunta a Roberto Madrazo Pintado, gobernador de Tabasco; a Julia Carabias, secretaria de Medio Ambiente; a Antonio Lozano, procurador general de la República, y a Adrián Lajous, director de Pemex, confirma que la explosión del 16 de febrero de 1995, a las 23.30 horas, ``se debió a que el ducto se rompió como consecuencia de la corrosión formada por un periodo de años por el agua acidificada existente en el lugar'', lo que hizo ``que los espesores de la pared (de la tubería) en partes de la zona corroída de la línea de by-pass fueran inferiores al 50 por ciento del espesor de la parte adyacente sin corrosión del mismo caño''.

En el documento de 148 páginas dado a conocer ayer por la CNDH, se informa de ``la mayor parte de las instalaciones de producción primaria y de petroquímica básica de la industria petrolera, integrada por 65 campos petroleros, 50 baterías de separación, 21 estaciones de compresión, cinco plantas de inyección de agua, seis estaciones de recolección, cinco deshidratadoras de crudo, dos centrales de almacenamiento y bombeo de crudo, tres mil pozos petroleros, una agencia de ventas, una terminal marítima (Dos Bocas), tres petroquímicas básicas, y miles de kilómetros de líneas de conducción de hidrocarburos...''.

A propósito de esos miles de kilómetros de ductos, se menciona que dichas instalaciones ``se encuentran distribuidas en 12 de los 17 municipios que integran la entidad''. En la queja presentada ante la CNDH por Francisco Goitia Prieto, presidente del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, se afirma que ``negligencia o falta de mantenimiento'', en las dos últimas décadas han ocurrido dos siniestros graves y otros de menor envergadura que ``han ocasionado la muerte de diversas personas e incuantificables daños a casas, sembradíos y ríos''.

Se asegura que con las explosiones de la noche del 16 de febrero del año pasado, se afectó ``a pobladores de 30 comunidades que se encuentran cercanas a las petroquímicas de Campo Santamaría, Nuevo Pemex y Cactus, debido a que la lluvia ácida provoca la merma de cultivos y otros daños (ecológicos) graves''. Entre dichas comunidades se mencionan Corregidora Ortiz, Río Tinto, Buena Vista, Estancia Vieja, Gineo, Río Viejo, Pablo L. Sidar, Boquerón, Miguel Hidalgo, González, Plátano y Cacao, y Villa de Luis Gil Pérez, todas del municipio del Centro, además de Cumuapa, Ejido San Eligio y Ranchería Marín, del municipio de Cunduacán.

Llama la atención, entre los hechos narrados, el señalamiento que hacen los habitantes de esas comunidades en el sentido de que ``el gobierno del estado, a pesar de conocer la situación, no ha hecho más que suscribir convenios y minutas (con los damnificados) con lo que pretende hacer creer que atenderá nuestros diversos planteamientos, pero que en los hechos no cumple''.

Al respecto se hace saber que luego del accidente, la comisión gubernamental enviada por el gobernador Madrazo Pintado, se comprometió a la compra de un terreno en la misma ranchería ``para promover el desarrollo de estos asentamientos''; dotarlos de los servicios de energía eléctrica, agua potable, drenaje, recolección de basura y teléfono público''; en meses, después del siniestro, construir las primeras 58 casas; atender los 75 casos en que se solicitaron indemnizaciones económicas''. A su vez, Pemex se comprometió a colaborar en los gastos ``que genere la instrumentación de los acuerdos anteriores, en el entendido de que éste es un compromiso asumido por el gobierno del estado''

Al paso del tiempo, los damnificados concluyeron que el gobierno estatal y las instancias federales participantes no iban a cumplir lo convenido, sobre todo Pemex, por lo que ``a raíz del accidente las comunidades aledañas ubicadas fuera del área siniestrada, procedieron a bloquear en repetidas ocasiones la carretera Villahermosa-Reforma, como presión para recibir los pagos por los supuestos daños ocasionados por el estallido''. (Triunfo Elizalde).