México se mueve en un escenario que nadie, hace dos semanas, se hubiera atrevido a predeci: golpes armados que se suceden en diferentes partes del país, temores de que puedan producirse otros más, desconcierto en mucha gente y una visión chata que se ofrece desde la más alta administración, que reduce las causas de estos acontecimientos a posiciones ideológicas y las acciones oficiales a llevar a cabo al solo plano militar.

Ante estos hechos, debe tomarse conciencia que nos encontramos en medio de una severa crisis que muestra el agotamiento y la descomposición, tanto de un modelo económico como de un régimen político que exhiben su impotencia y su falta de voluntad para dar satisfac-ción a la demanda social.

Los crímenes de Estado y sus responsables protegidos por la impunidad; la multiplicación de los hechos de corrupción y su impacto cada vez mayor en la vida pública; una miseria en expansión; los asesinatos de Aguas Blancas y la exoneración de Figueroa; los convenios oprobiosos de febrero de 95, que mantienen hipotecada la renta petrolera; la imposición de Madrazo, a pesar de su manifiesta culpabilidad en la utilización ilegal de recursos para promoverse políticamente; una excesivamente lenta negociación que no concluye con el EZLN en Chiapas; más los rezagos sociales, la caída de la economía y la insuficiencia de los espacios democráticos que el gobierno no se resuelve a enfrentar, han atizado la irritación y el desquiciamiento que aflora en la forma de choques armados y pérdida de vidas en distintos puntos del país, y en un rezago latente de nuevas presencias armadas, más temor y más sangre derramada.

Una primera consecuencia de esta violencia totalmente previsible, lógica con base en el más elemental análisis de la situación, ha sido una militarización creciente del país y de las decisiones políticas, que inhibirá sin duda las demandas sociales y estorbará la vida cívica y especialmente, quiérase o no, los procesos electorales.

Por eso las acciones militares deben con toda responsabilidad política limitarse a las indispensables y darse en los tiempos más cortos posibles. La contención militar, que debe llevarse a cabo sin excesos y en el más absoluto respeto al derecho de las gentes, no tiene por sí misma la posibilidad de hacer desaparecer las condiciones que fomentan estas salidas que el país está viendo, de la desesperación y de las armas.

Instrumentar un modelo económico que tenga como prioridad y como eje mejorar las condiciones de vida de la población; abrir cauces anchos a la participación democrática; romper con valentía y dignidad el maximato y minimato, que es real, que existe, que constituye la demanda política principal de los mexicanos, y pedir cuentas a Carlos Salinas, decidirse a esclarecer el asesinato de Luis Donaldo Colosio, combatir la miseria con la misma fuerza que la corrupción y la impunidad, no son asuntos que puedan manejarse por conducto de las fuerzas armadas, sino que requieren ser abordados con toda decisión por la autoridad civil y la sociedad organizada, con lo que se devolvería la confianza y la tranquilidad a la nación y se estaría contribuyendo de manera decisiva a la solución de la crisis.

Esta situación demanda, además, respuestas responsables para descargar las deudas financieras y fiscales extraordinarias que el gobierno ha impuesto sobre el ingreso y la capacidad productiva de la población; renegociar los términos y condiciones de la deuda externa y los convenios financieros y comerciales internacionales; reorientar la política económica hacia la expansión, la inversión y el empleo productivos y la satisfacción de necesidades sociales ingentes; garantizar la seguridad jurídica de los mexicanos y el pleno disfrute de sus derechos, y recuperar tanto la soberanía popular, en la democracia, como la soberanía de la nación, en la equidad y la justicia internacionales.

La gran mayoría del pueblo mexicano, a su vez, quisiera que por convicción de ambas partes se impusiera el cese de las hostilidades y que el Ejército Popular Revolucionario se planteara buscar, por la vía de la acción y el diálogo políticos, el cambio que reclama de las condiciones nacionales. Esa misma mayoría espera que la parte oficial ponga el énfasis en dar una solución de fondo a los problemas sociales y económicos, que han sido el caldo de cultivo para agudizar la situación por la que hoy atraviesa el país.

La caída de diciembre de 94 y el manejo que desde entonces se ha dado a la crisis han dejado ver, entre otras cosas, el incumplimiento de los compromisos que el gobierno contrajo con la población. En las circunstancias actuales, para levantarse y salir de la crisis, México requiere una conducción política con autoridad moral y capacidad de convocatoria, que guíe sus actos en función de las aspiraciones y los mandatos populares, a la que hoy sólo puede verdaderamente llegarse mediante una consulta a la ciudadanía que dé nuevo mandato democrático y legítimo a los poderes de la nación.

Realizado este primer paso, debe inmediatamente después convocarse a un Congreso constituyente que establezca los marcos jurídicos que la nación, la autoridad pública y la sociedad requieren para proyectarse hacia el futuro. Esa consulta y esa convocatoria debieran ser asumidas como compromisos del gobierno, y en particular del titular del Ejecutivo, como las medidas políticas que conduzcan a superar, de manera definitiva, la situación de postración e inestabilidad y devolver la paz y la capacidad de progresar con independencia al país y al conjunto de la sociedad.