En una audiencia celebrada ayer en el Congreso de Estados Unidos, demócratas y republicanos dieron una de las más contundentes muestras de la incoherencia y la doble moral estadunidense en materia de combate al narcotráfico. En la audiencia comentada, en la que se abordó el tema del lavado de dinero del narcontráfico en México, no faltaron las críticas y las advertencias intervencionistas contra nuestro país. Algunos de los presentes externaron expresiones ofensivas e inadmisibles como ``es hora de que nos quitemos los guantes diplomáticos'', o la sugerencia de ``poner los pies de México al fuego''.

Al margen del tono injerencista y grosero en el que diversos representantes y funcionarios se refirieron a nuestro país --y que debe merecer un enérgico reclamo oficial por nuestra parte--, no deja de ser asombrosa la hipocresía de la clase política de Estados Unidos, que por un lado es capaz de expresar escándalo por los entre ocho y treinta mil millones de dólares provenientes del trasiego de drogas que, al parecer, se blanquean en México, mientras que por el otro se hace la desentendida acerca de los fondos que los narcotraficantes lavan en el sistema financiero y bancario estadunidense, y que --según estimaciones del propio gobierno de Estados Unidos-- ascienden a una suma diez o veinte veces mayor que la mencionada.

Puede constatarse, en consecuencia, que la doble moral con la que Washington aborda el tema de las drogas en general se aplica, también, al asunto del lavado de dinero. Las autoridades de Estados Unidos exigen que los gobiernos de las naciones donde se producen los narcóticos ilícitos emprendan guerras sin cuartel y por todos los medios bélicos en contra de los productores, comercializadores y traficantes de drogas, sin importarles los costos humanos, sociales y económicos de tales guerras. Con pretextos vinculados al narcotráfico, Washington ha puesto bajo un virtual cerco diplomático a Colombia. Con alegatos parecidos el gobierno de Bush lanzó una cruenta invasión en Panamá. Pero la dureza que Estados Unidos exige de las otras naciones no se aplica en territorio estadunidense: ningún narcotraficante de importancia ha sido capturado hasta ahora; ninguna de las organizaciones que operan allí ha sido desmantelada.

En cambio, en unas declaraciones que se parecen sospechosamente a una maniobra de simulación, un alto funcionario estadunidense aseguró que en su país ``no hay capos''.

Tras estas manifestaciones de hipocresía pueden adivinarse elementos cercanos a las razones de Estado: el narcotráfico parece ser sumamente útil para el gobierno de Washington, no solamente porque su diplomacia puede obtener de allí nuevos argumentos y pretextos para ejercer presiones intervencionistas en los terrenos político, diplomático, económico e incluso militar, contra los países latinoamericanos, sino también porque la economía del país más poderoso del mundo se vería en serios problemas si desaparecieran de golpe los cientos de miles de millones de dólares que el comercio ilícito de drogas suministra a su sistema financiero.

Ciertamente, nuestro país no debe escatimar medios legales para combatir el fenómeno del narcotráfico. Pero debe tenerse muy claro que su plena erradicación sólo podría lograrse por medio de una estrecha y respetuosa cooperación internacional. Y en el momento actual, por desgracia, las hostiles, hipócritas e incoherentes actitudes de Estados Unidos en la materia difícilmente pueden denominarse ``cooperación''.