Mientras el EZLN hizo a un lado las armas para permitir una solución política, el gobierno federal ha aumentado, extendido y mejorado sus armas porque se niega a abrir una salida política.

Para Ernesto Zedillo, ayer y hoy, diálogo es sinónimo de acuerdo, y de papel; para el EZLN, el diálogo es un medio para buscar una solución, y un cambio real.

Con fecha 10 de junio de 1994, el CCRI-CG del EZLN dio a conocer el resultado de la consulta realizada en pueblos, rancherías y parajes, sobre las propuestas de acuerdos de paz presentadas por el gobierno federal en la mesa del diálogo de San Cristóbal: 97.88 por ciento votaron por NO firmar esa propuesta de acuerdo y, simultáneamente, casi el mismo porcentaje, votó por NO reanudar las hostilidades, sino por resistir y convocar al pueblo de México a un nuevo diálogo nacional con el tema central de democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos.

Con fecha 29 de agosto de 1996, nuevamente el CCRI-CG del EZLN dio a conocer el resultado de otra consulta realizada entre las bases de apoyo zapatistas, sobre lo ocurrido en la mesa 2 del Diálogo de San Andrés. Los pueblos consultados decidieron ordenar a la delegación del EZLN suspender su participación, sin importar las consecuencias, y no asistir hasta que el gobierno se comprometa con seriedad en la vía política.

En 1994, a las 34 demandas que el EZLN presentó en el diálogo de San Cristóbal, el gobierno respondió de diferentes maneras pero con un mismo sentido: evitó responder positivamente a las demandas de alcance nacional; pretendió reducir o mediatizar las exigencias de comunidades indígenas; prometió iniciativas de leyes sin tomar en cuenta a los sectores interesados; se negó a dar marcha atrás en reformas constitucionales perjudiciales para amplios sectores campesinos; se comprometió a hacer evaluaciones cuidadosas en plazos muy largos, como la del impacto del TLC; o prometió crear comisiones para el estudio de casos como los de los presos políticos. En fin, promesas de soluciones parciales que, además, en muchos aspectos eran desmentidas por el curso de los acontecimientos y las decisiones u omisiones gubernamentales.

No obstante, las comunidades y el Ejército Zapatista decidieron no reanudar las hostilidades, más bien buscaron intensificar y ampliar sus relaciones con la sociedad civil que exigía una salida pacífica al conflicto armado. Desde el fin del diálogo de San Cristóbal hasta la última fase del diálogo de San Andrés, el EZLN ha intentado de muy diversas formas construir una vía política para la solución de los grandes problemas nacionales: la CND, la consulta nacional e internacional, los comités civiles del diálogo, el foro indígena, el foro sobre la reforma del Estado, los acuerdos con dirigentes y partidos políticos como el PRD y el PT, los encuentros continentales y el intercontinental, la incorporación al diálogo de cientos y muy diversos invitados y asesores, o el Frente Zapatista de Liberación Nacional, son algunas muestras de los constantes esfuerzos del EZLN por encontrar, junto con la sociedad, esa vía política, civil y pacífica, alternativa a la lucha armada.

En el mismo periodo, unas veces en nombre del combate al narcotráfico, otras por razones de seguridad pública, muchas veces con el pretexto de los servicios a la comunidad, y más recientemente con el argumento de librar a las corporaciones policiacas de la corrupción, o para combatir a secuestradores y presuntos terroristas, el gobierno federal, como política general, ha estado buscando y dando respuestas a través del Ejército a todo tipo de problemas, sin resolver ni atender las verdaderas causas de los conflictos.

Paralelamente al diálogo en el estado de Chiapas, la presencia de los militares federales ha sido aprovechada por diversos grupos --de dentro y fuera del gobierno o cercanos a éste--, para ajustar constantemente sus cuentas particulares, a costa de las tierras, de la libertad y de la vida de los campesinos e indígenas que se les oponen.

Con la complacencia del gobierno estatal y sin darle importancia el gobierno federal, las dificultades económicas, los problemas sociales, los conflictos políticos y los enfrentamientos entre civiles no siempre desarmados, se han recrudecido en la entidad. Ante esta situación que por sí misma cuestiona las intenciones oficiales, no queda más que preguntar, ¿para qué asiste al diálogo de San Andrés el gobierno, si dice más y habla más claro con los hechos?