En el diálogo de San Andrés se han enfrentado dos estrategias de negociación: la del EZLN, que ha buscado por todos los medios que ese diálogo sea un espacio incluyente y representativo de discusión sobre los grandes problemas nacionales, en el que se han presentado propuestas de largo aliento para la democratización del país y para la reforma del Estado y la sociedad; y la del gobierno federal, que ha pretendido mantener la cobertura de un diálogo, al que se le quiere vaciar de contenidos trascendentes, mientras se incumple con la letra y el espíritu de los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena que garantizan la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas. Paralelamente, se instrumenta una política de contrainsurgencia que establece todas las condiciones políticas y logísticas para atacar militarmente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

La intransigencia, rigidez en las posiciones y dureza en la negociación no han venido de la delegación zapatista. Por el contrario, fue el gobierno quien permaneció mudo y sordo durante las fases iniciales de la Mesa sobre Democracia y Justicia, mientras que los documentos presentados en la tercera fase del diálogo por parte de la delegación del gobierno no ofrecían materia de negociación ni satisfacían los requerimientos de una plenaria resolutiva. Mantenían un carácter general, declarativo y retórico, presentaban como propuestas de negociación puntos ya acordados en otros ámbitos políticos, como la reforma electoral; todo ello, encaminado a engañar a la opinión pública con la pretensión de que el gobierno hace propuestas ``que los zapatistas no pueden rechazar''.

Durante esta plenaria, y después de la misma, la delegación del gobierno instrumentó una política de desinformación y contrainformación, encontrando coincidencias que nunca existieron, filtrando documentos que no pasaban por la mesa de diálogo, y haciendo una campaña en los medios de comunicación en contra del EZLN y sus asesores.

La delegación que actualmente representa al gobierno federal se ha caracterizado por su prepotencia y racismo ante la dirigencia indígena del EZLN. No sólo por las formas y conductas concretas y específicas que han seguido durante los diálogos, en las que han abundado las burlas y los desplantes etnocéntricos y antindígenas, la arrogancia del poder y las amenazas de ejercerlo. El problema va más allá: se fundamenta en una práctica política que considera que los indígenas no son sujetos políticos capaces de plantearse problemas nacionales, conducir y representar pueblos y tener la representación que da la autoridad moral y política de comunidades. Por ello, se considera que San Andrés no tiene el nivel de ``Barcelona'' o ``San Lázaro'', el locus del poder en donde las elites políticas deciden sobre los destinos nacionales, sin importar no digamos consensos, sino siquiera opiniones y consultas.

Por encima de la ley y del diálogo está la realidad de una guerra de contrainsurgencia contra el zapatismo, contra el movimiento popular y democrático. La militarización, el cerco de penetración de unidades de comandos, especialistas en la lucha antiguerrillera, el acoso aéreo y de vigilancia de todo tipo, el aumento de efectivos militares y paramilitares en las comunidades, constituyen la verdadera cara del régimen que ni discursos ni informes pueden borrar.

Esa cara de la guerra es la que impide los ciclos agrícolas, la que violenta las libertades ciudadanas y las garantías individuales, la que mantiene como rehenes del diálogo a los presuntos zapatistas presos, la que instrumenta programas ``solidarios'' para la cooptación y la lucha por las bases sociales; la que arma sicarios y paga mercenarios intelectuales; la que militariza policías e impone una virtual ley marcial a lo largo y ancho del territorio nacional; la que promueve reformas constitucionales que legalizan medidas represivas; la que sustenta y defiende un modelo económico que nos lleva al despeñadero de la miseria extrema y la ruina de la economía nacional, la que secuestra la soberanía nacional.

La cara de la guerra no pretende llegar a acuerdos con los zapatistas, sino aniquilarlos por la vía de las armas.

Hay conciencia de la grave decisión tomada por la dirigencia del EZLN en cuanto a suspender su presencia en el diálogo de San Andrés. Sabemos que responde a la voluntad de sus pueblos que se han manifestado por una paz digna, que han ordenado ``no dejarse engañar, no venderse, no rendirse''. Responde, también, a una nueva forma de concebir la política: no ésa que obliga a omitir principios en aras de resultados ``prácticos'', no ésa que en el realismo llega a olvidar los sueños, no ésa que va entregando poco a poco las causas para mantenerse vivos o mantenerse arriba. Los zapatistas nos enseñan que la política puede ser la búsqueda de la paz por otros medios, aquéllos de la consecuencia y la ética, la responsabilidad y el desprendimiento. Esa búsqueda de la paz es responsabilidad de todos.