En el norte de Chiapas, 313 muertos en acciones de cuerpos oficiales, paraoficiales y guardias blancas en dos años

Hermann Bellinghausen, enviado, San Cristóbal de las Casas, Chis., 6 de septiembre En dos años, en el norte de Chiapas han muerto o desaparecido 313 personas, principalmente en la región cholesa: Salto de Agua, Tila, Tumbalá, Sabanilla. En operaciones legales o ilegales, los cuerpos policiacos municipales y estatales, así como grupos paraoficiales y paramilitares como Paz y Justicia, y guardias blancas sin más adjetivos, han enfrentado a campesinos a la defensiva y poblaciones indefensas.

Como algunos casos no se reportan, la cifra podría variar, no el hecho incontrovertible: en cuatro o cinco municipios, que no son los que decía Salinas, el gobierno ha perdido el control de su propia gente, y existe una ingobernabilidad que la presencia masiva del Ejército Mexicano, lejos de atemperar, agrava la tensión.

Se trata de una región con importante presencia zapatista, pero no sólo. También el PRD se extiende en ese territorio de añejos cacicazgos y odio furibundo de las fuerzas vivas a los sacerdotes progresistas.

Darían risa, si no tuvieran las repercusiones que tienen, los testimonios con que inculpan a los campesinos y los religiosos en las actas ministeriales que levantan los caciques en los juzgados mixtos. Los cargos más frecuentes son rebelión, privación ilegal de la libertad, homicidio, pero se ha dado una curiosa transmutación del primer delito, rebelión, por otro más ``civil'': violación, no tanto porque los ``rebeldes'' violen, sino porque el cargo de rebelión va a la baja y no es recomendable. Como bien saben algunos jueces, esa acusación vuelve presos ``políticos'' a los sentenciados, y eso complica las cosas. Pésimamente documentadas, con fuerte tufo a falsedad montada, las acusaciones ad hoc de violación son dadas por buenas sin cubrir los requisitos penales, lo mismo que el cargo de homicidio.

En un ejemplo, José Guzmán Montejo, Miguel Montejo Méndez, Belisario Méndez Solís, Sebastián Montejo Alvaro y Juan Ramírez Méndez fueron absueltos ``del delito de rebelión cometido en agravio de la sociedad'', pues, dice el acta, ``ellos, por tratarse de etnias choles, son manejados fácilmente por los líderes y se sujetan a la obediencia de los mismos, más no que ellos traten de imponer esa obediencia a la población''. Son indios, no pueden solos.

Así que, para enviar a Cerro Hueco a estos campesinos, perseguidos por el grupo Paz y Justicia, se recurrió a acusaciones del orden común. La sentencia se giró el 27 de junio pasado, y hoy forman parte del grupo de 92 presos políticos indígenas cuya liberación piden, ellos mismos, con una huelga de hambre que ya emprendió la mayoría de ellos (68 hasta ayer)