Fumar puede causar cáncer; el alcohol puede dañar su salud. En cualquier país, a estos avisos seguiría un reportaje sobre los estragos del tabaco y la bebida, y medidas para evitarlos. Pero en México esas voces de alarma están destinadas a estimular el riesgo de morir pudriéndose pulmones e hígado, para cumplir la obligación del consumo.

En otros lugares se ha logrado eliminar la publicidad que hace de las mujeres objetos sexuales y símbolos de posesión. Ahí la publicidad es información para satisfacer necesidades y no manipulación para el consumo. Aquí la publicidad es la razón de ser de la televisión, su único fin verdadero apenas disfrazado de entretenimiento y noticias.

En la mayor parte de la programación televisiva, el tiempo de los anuncios se acerca a un cuarto del tiempo de las emisiones, y a veces lo supera. Incluso los canales 11 y 22 suelen cortar sus valiosas transmisiones con ``parpadeos electrónicos'' y animalitos que corren.

Hay países en que, habiéndose privatizado los canales estatales o abierto las ondas a la libre empresa, la publicidad tiene su propio espacio antes y después de cada emisión, no en medio.

La violencia considerada estructura fundamental de las relaciones humanas, y el abuso contra las mujeres ideal de vinculación con ellas, son valores básicos de nuestra televisión. En un seguimiento al azar de seis horas de Televisa, Azteca, Cablevisión y Multivisión, registré 64 muertes violentas (la mitad con armas de alto poder o torturas refinadas), 12 ataques a mujeres y cuatro abusos a menores. Todo ello en programas de ficción, altamente educativos y constructores de arquetipos deseables e identidades, así como incitadores de acción.

En países de donde la nomenklatura mexicana toma ejemplo para elaborar su discurso, gobierno y oposición tienen acceso equitativo a la televisión, y entablan auténticos debates. Además, cuando los mandatarios se presentan ante sus mandantes, a la comparecencia siguen respuestas, análisis y críticas en tonos diversos provenientes de la ciudadanía y los periodistas e investigadores más lúcidos. Pero aquí, al ceremonial de exaltación a la infalibilidad de una figura deificada, sigue sólo el elogio y la glosa. La televisión nos ofrece únicamente la cara extática del Presidente, un desfile de secretarios de Estado y el panorama de generales en uniforme de gala, legisladores y primeras damas aplaudiendo.

La ciudadanía no tiene lugar en la televisión. Los legisladores mismos, que han debido instaurar la interpelación para hacerse ver, son ocultados del televidente que sólo admira la cara crispada del Presidente y escucha los regaños de su ayudante sin entender a qué hacen alusión. Eso sí, se difunden las filípicas de los cruzados de la virtud, el protocolo y la pureza de los ritos. El gobierno y sus allegados son servidos con la más rigurosa censura por los concesionarios del servicio público televisivo, porque en realidad el gobierno es rehén de las televisoras aunque se pretenda que sólo hay acuerdos entre ambos.

Así, los derechos de los televidentes son pisoteados. Si las ondas son un bien público nacional concesionable, la ciudadanía debiera beneficiarse de él con información completa, análisis profundo, opinión plural, conocimientos múltiples y detallados en cuestiones de derechos humanos y políticos, salud y acceso a bienes de todo tipos.

Las políticas públicas frente a este dominio absoluto de la publicidad y la propaganda, pero también de la difusión de valores de la opresión y el conformismo por el medio más eficaz de formación de sensibilidades, afectos y deseos, pueden ser múltiples, tener los más variados puntos de apoyo y estar dirigidas hacia todos los frentes.

Pero antes que nada hay que contar con una Procuraduría Nacional de los Derechos de los Televidentes, cuya primera tarea será formular y regular estos derechos, definir la forma en que los televidentes podemos expresar inconformidades y esperar recomendaciones, propuestas y otras acciones jurídicas. Entre éstas, será fundamental que en cada medio concesionado, televisivo o radiofónico, los partidos políticos y las organizaciones ciudadanas de consumidores del servicio público estén representados con equidad en los consejos directivos de las empresas concesionarias, y que en ellos su voz sea definitiva en lo que se refiere a contenidos, calidad y tiempos.

Nota: Resumen del texto leído hoy en el Encuentro de Periodistas y Comunicólogos, Sección de Comunicación de la Asociación Mexicana por la Educación, la Ciencia y la Cultura.