Durante su segundo Informe, el Presidente sólo se emocionó cuando, dirigiéndose al EPR, sin mencionarlo, calificó a sus integrantes de terroristas y advirtió que se usará ``toda la fuerza del Estado'' para someterlos. Unos días antes, ante la televisión les dio trato de criminales a quienes debe perseguirse sin contemplaciones.

Es censurable y preocupante que el Presidente pierda la serenidad cuando se refiere a un problema social y político de suma gravedad, como es la aparición en el escenario nacional de un nuevo grupo guerrillero. Ya sin la indispensable sangre fría, el doctor Zedillo hizo afirmaciones sin fundamento y adoptó una posición rígida, cerrando las puertas a la posibilidad de que, más pronto o más tarde, el gobierno deba tender puentes para encontrar una solución política a este problema. Ya ha ocurrido en este sexenio. El 9 de febrero de 1995 hizo afirmaciones contundentes contra el EZLN y sus dirigentes, a quienes describió como delincuentes comunes, y dio órdenes de perseguirlos. Unos cuantos días después, forzado por una fuerte opinión pública en contra, se vio obligado a rectificar y a dar pasos encaminados a las complicadas negociaciones, hoy suspendidas, que difícilmente van a concluir en un acuerdo de paz digna si el gobierno se empeña en la necia pretensión de engañar a los zapatistas con ofrecimientos abstractos.

La afirmación de que los integrantes del EPR son terroristas es insostenible, no se admite siquiera en círculos gubernamentales. Elude la explicación de las causas del surgimiento de este grupo armado y hace sumamente rígida la posición gubernamental. Y por lo que la experiencia de los años 70 indica, el anuncio de usar ``toda la fuerza del Estado'' contra el EPR puede convertirse, si la sociedad no lo impide, en una cacería humana irracional, devenir en persecución --ya está ocurriendo-- de opositores sociales y políticos. Puede alcanzarnos a todos y deteriorar por completo la vida política nacional.

Junto a la falta de sangre fría para enfrentar al EPR está la terquedad presidencial en defensa de la estrategia económica neoliberal, cuyo saldo, 14 años después de iniciada, ha mostrado su inviabilidad para sacar al país del atraso y al pueblo mexicano de la pobreza. El Informe eludió el examen de los niveles alcanzados por la pobreza en los años del neoliberalismo, y no menciona en ninguna de sus partes la situación verdaderamente desastrosa de los asalariados; tampoco se refirió al grave problema de la vivienda ni al estado lamentable que guardan los servicios de salud pública.

Fue el Informe de un administrador, en el cual los problemas sociales ocupan un lugar secundario o no ocupan ninguno, pues según el enfoque neoliberal es la mano invisible del mercado la que va resolviendo esos problemas sin la intervención del Estado y sus instrumentos. Esa es la teoría y el mito, pues en la realidad los órganos del Estado en nuestro país realizan una enérgica intervención para favorecer los intereses de los grandes empresarios e inversionistas, los únicos a quienes la crisis no ha golpeado pues continúan en un proceso de acelerada acumulación de capitales. El gobierno lo mismo destina cuantiosos recursos fiscales para evitar la quiebra de bancos privados que interviene para mantener los salarios obreros en el nivel más bajo de la historia.

El secretario de Trabajo y Previsión Social dejó más claras las cosas en la llamada glosa del Informe ante los legisladores. ``El gobierno no cuenta con programas emergentes para recuperar el poder adquisitivo del salario ni para generar los empleos perdidos ni los nuevos que se requieren''. No existen esos programas ``porque no creemos que pudieran llevarse a cabo''. (La Jornada, 4 de septiembre) En resumen: el mercado es el que decide y los trabajadores que se rasquen con sus uñas; es un decir, pues las organizaciones gremiales están sometidas al control del gobierno y su partido.

La rigidez gubernamental en materia económica todos los días genera pobreza, irritación social; es una forma de violencia que enerva a la sociedad; es caldo de cultivo de la violencia social, orilla a algunos a la acción armada como forma de alcanzar la justicia, la democracia y la libertad. Calificar de terroristas a quienes entran por ese camino no resuelve nada y sólo atiza la lógica de la confrontación.