Acción penal contra socios de Salinas.
Abogados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) elaboran las denuncias que, debidamente fundamentadas, podrían llevar a la cárcel a varios de los prominentes empresarios ligados a Raúl Salinas de Gortari.
El cargo es, en todos los casos, evasión fiscal. De acuerdo a la interpretación del fisco, incumplieron su obligación de pagar los impuestos respectivos cuando entregaron millones de dólares al hermano mayor del ex presidente Carlos Salinas.
La lista de indiciados la encabezaría Carlos Peralta, concesionario de la firma de telefonía celular Iusacel, quien confesó en febrero anterior haber entregado 50 millones de pesos a Raúl Salinas de Gortari.
En segundo lugar estaría Ricardo Salinas Pliego, beneficiario con la desincorporación del Instituto Mexicano de Televisión (Imevisión), hoy denominada Televisión Azteca (TvAzteca) y propietaria de dos canales en red nacional.
A salvo, Sada, González, Madariaga y Zabludovsky
Aunque seguirán en la polémica por la calidad moral de su socio, de momento no se consideran procedentes acciones similares en contra de Abraham Zabludovsky y de los banqueros José Madariaga Lomelín, Adrián Sada Fernández y Roberto González, El Maseco.
Acaso ellos, en criterio del secretario Guillermo Ortiz Martínez y abogados que lo asesoran, no incurrieron en delito de evasión fiscal y quizá sí pagaron con exactitud sus impuestos al momento de hacer sus negocios.
Por la forma en que se trabaja en Hacienda y la decisión de Ortiz Martínez, podría decirse que pronto se cumplirá el propósito de ejercer acción penal en contra de estos hombres y de otros evasores de conocidos nombres de la empresa privada.
Pero en el caso de Carlos Peralta y Ricardo Salinas hay otras implicaciones. Peralta fue el primer concesionario de la telefonía celular y, en un tiempo sorprendente, montó un emporio que atrajo la atención de inversionistas foráneos.
De golpe y porrazo recibió mil millones de dólares por menos del 50 por ciento de una firma que se levantó con un capital infinitamente menor. Para colmo, el dinero nunca ingresó a México y de ahí pasó a las cuentas de Raúl Salinas.
Será necesario esperar el giro que le den los abogados de Hacienda y Crédito Público a la denuncia para avizorar las consecuencias y, sobre todo, si se logra fundamentar que hubo fraude a la Bell al ofrecerle, sin posibilidades, un servicio de telefonía tradicional al que no ha accedido.
En el caso de Salinas Pliego, el asunto al menos alterará el directorio de Televisión Azteca. Ciertamente, como él declaró, está acostumbrado a hacer negocios sin mediar documentación suficiente y sin garantías, pero hay anomalías en investigación.
Tantas y tan fuertes que por algún mecanismo diferente al que intentaron los diputados podría reordenarse el panorama de concesiones. En espera de lo que suceda, dé usted por seguro que Joaquín Vargas y Multivisión siguen interesados en poseer canales de UHF (Ultra High Frecuency).
Los Salinas querían comprar los terrenos de El Jefe Diego
La historia de las cinco y media hectáreas que posee en Punta Diamante el ex candidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos, pudieron pasar a propiedad de la familia Salinas de Gortari.
Pudieron, pero se opuso José Francisco Ruiz Massieu cuando era gobernador y ello aumentó el enojo hacia el político asesinado en septiembre de 1994, a la sazón secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Cuando Punta Diamante comenzaba, cuando era proyecto turístico de gran potencial, por ahí aparecieron los Salinas -Raúl padre, Raúl hijo y Adriana Salinas de Gortari- y quisieron comprar enormes superficies con la intención de fraccionar o construir lujosos centros de recreo.
Todo iba bien. La versión conocida indica que Abraham Rubio Canales informó del asunto al gobernador Ruiz Massieu y que él se enfureció, al grado de decir que ninguno de sus familiares políticos haría negocios en la zona.
Dio la instrucción y Rubio Canales la cumplió. Después apareció Salvador Giordano, el hombre de confianza de Raúl Salinas de Gortari y a quien el presidente Carlos Salinas impuso como subsecretario de la Contraloría.
Así se sucedieron la denuncia contra Rubio Canales, propietario de la verdad, su encarcelamiento tortuoso y su libertad, una vez terminado el sexenio salinista. Hoy, rehabilitado, es uno de los integrantes del Consejo Político del PRI en Tamaulipas.
Quizá Diego nada tuvo que ver en esto. Pudo ser un incidente de familia y de aversiones mutuas que se sumó a otras muchas, como la negativa de Ruiz Massieu a apoyar con presupuesto gubernamental la construcción de plantas de Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) que impulsaba Raúl Salinas Lozano en Guerrero.
Pero esos terrenos están hoy en el debate nacional por la forma en que se le dieron a Fernández de Cevallos y que él no ha aclarado, por más que en sucesivas entrevistas diga a la prensa, a la radio y a la televisión que todo lo ve transparente y que hasta el gobierno le sale debiendo.
Terrenos para Diego con servicios y sin impuestos
Durante la semana este reportero quiso localizar al señor Carlos Antonio García López, a quien se expropió parte de los terrenos que luego se cedieron al ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN).
Nunca contestó el teléfono y, por lo tanto, no fue posible aclarar cómo esos 55 mil 418 metros pasaron a poder de Diego Fernández de Cevallos y por qué se le entregaron sin deuda alguna, con infraestructura a cargo del erario y con exenciones por dos años más una vez terminada la urbanización.
En la escritura se asienta que García López, ``por medio del presente instrumento, manifiesta su conformidad con el pago al señor Diego Fernández de Ceballos (sic), como parte de la indemnización respecto de la expropiación'' (?).
Dicen otras cláusulas:
``Tercera. Por los antecedentes litigiosos del caso, el señor Carlos Antonio García López conviene expresamente en que no responderá frente a Promotora Turística de Guerrero del saneamiento para el caso de evicción conforme a derecho y de todo adeudo que por contribuciones, planeación, cooperación y en general por cualquier otro impuesto o derecho federal, estatal o municipal que pudiera resultar sobre el inmueble expropiado.
``Cuarta. Serán a cargo de Promotora Turística de Guerrero los honorarios, gastos y todo tipo de impuestos, derechos o cooperaciones que resulten directa o indirectamente por el otorgamiento de la escritura y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, así como los que resulten de la subdivisión que conforme al plan de desarrollo urbano realice el adquirente o sus derechohabientes.
``Sexta. Promotora Turística de Guerrero se obliga frente al adquirente a obtener del H. ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, una exensión (sic) del impuesto predial respecto de los inmuebles materia de esta escritura a partir de esta fecha y hasta que hayan transcurrido dos años de la conclusión y puesta en operación de todos los servicios de infraestructura del fraccionamiento en que se ubican los referidos predios...''
¿Por qué fue una operación tan ventajosa para Fernández de Cevallos? ¿Puede un mexicano común comprar un terreno, que le garanticen su urbanización, su equipamiento, y que todavía le concedan dos años más de gracia fiscal?
Diego no ha aludido a esto en sus declaraciones. Por el contrario, el miércoles propuso una negociación que regresaría las cosas a como estaban cuando llegó Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia, ``y verán todo lo que me tiene que devolver el gobierno''.
El debate, desde que lo revivió hace ocho días el dirigente priísta Roberto Campa Cifrián, es sobre el origen y las condiciones en que se cedieron los terrenos. Empero, Diego propone regresar las cosas 52 meses y 29 días, cuando Salinas asumió la Presidencia y no cuando se hizo la operación de Punta Diamante, el 29 de marzo de 1993.
El PRI adelantará, temeroso, la postulación en Nuevo León
El priísmo no se repone en Nuevo León y va hacia la elección de 1997 con todo en contra: 83 por ciento del electorado que prefiere al PAN, el desprestigio heredado por Sócrates Rizzo García, una desunión a vistas y un protagonismo ominoso.
En esas condiciones, no fue aislado el incidente del miércoles, cuando Raúl Caballero Escamilla contestó con insultos y amenazas de golpe por el bajo número de plazas que se asignó a cetemistas en la delegación neoleonesa a la 17 Asamblea Nacional del PRI.
No es nuevo el incidente, pero hizo reflexionar a la dirigencia. Caballero generó conflictos similares en las reuniones estatales previas a la asamblea de 1990 y cuando Rizzo encabezó aquella falsa consulta interna de 1991, de la que salió candidato frente a opositores de bajo perfil.
Entonces no había tanta competencia. Hoy el panismo ofrece tanta fuerza que el PRI tiene una estrategia muy bien diseñada para reorganizarse internamente, labor de partido y el propósito de adelantar la postulación de prospecto a gobernador.
Contra la tendencia general de reducir los plazos de las campañas, se sugiere desechar la idea de hacer elecciones internas, recurrir a una candidatura de unidad y darla a conocer a más tardar a fines de noviembre o principios de diciembre.
Todavía no se dice abiertamente, pero el candidato será el subsecretario Natividad González Parás, y sólo de relleno aparecen dos nombres más, el senador Eloy Cantú y el empresario Ricardo Canavati Tafich, único que hace seis años se negó a participar en la contienda priísta cuando vio que no era seria.
González Parás conocerá antes a su contrincante, el cual saldrá de la convención panista del 24 de noviembre próximo de entre el empresario Fernando Canales Clariond, el senador Mauricio Fernández y el alcalde regiomontano Jesús Hinojosa.
La cosecha
Acción Nacional selló su suerte en Pachuca, y la posibilidad de seguir con la conquista de capitales estatales, al postular al diputado Hugo Meneses para alcalde. Lo prefirió sobre Romualdo Tellería o José Antonio Tellería, dos hombres de gran prestigio y a quienes temía la estructura priísta. La gente los quiere, pero el PAN optó por el hombre duro que siempre ha criticado al gobernador Jesús Murillo Karam... Desde el poder se ordenan encuestas para medir la popularidad de políticos en el Distrito Federal. Pese a sus escándalos, derivados de sus concertacesiones o de presumibles favores del salinato, Diego Fernández de Cevallos sigue adelante en ellas. Pero ha surgido un nuevo prospecto priísta para la capital: Fernando Gutiérrez Barrios. Si Fernando Ortiz Arana insiste en irse a Querétaro o en quedarse en el Senado de la República, Gutiérrez Barrios es por ahora el mejor prospecto. Tiene sus ventajas: da la imagen de seguridad que reclama la ciudadanía, salió del gobierno salinista antes de su desprestigio y del estallamiento en Chiapas, y su probable administración tendría inicidencia directa en 35 por ciento del electorado nacional que se asienta en el valle de México e indirecta en todo el país. El proyecto es, por tanto, el año 2000. Para el PRI, no para Gutiérrez Barrios.