Las frecuentes omisiones y contradicciones en la información oficial sobre hechos de interés público permiten suponer, fundadamente, que hay una política de ocultamiento que los encargados de las áreas gubernamentales de comunicación social llevan a cabo sistemáticamente.

Lo que se permite conocer y difundir es objeto de una selección rigurosa y, cuando aquello que debió permanecer ignorado ha emergido a la luz pública, porque es por su naturaleza inocultable o porque otras fuentes informativas no oficiales se encargaron de revelarlo, se pone en marcha un despliegue de contrainformación prefabricada, con el fin de negar o desvirtuar, si no los sucesos en sí, por lo menos sus causas y pormenores y así proteger la imagen pública de sus protagonistas.

Ante la inoperancia del derecho a la información, cada uno de los medios de difusión independientes genera sus propios conductos para intentar desentrañar lo que en verdad está ocurriendo en el país. Sin embargo, su labor siempre será limitada y topará inevitablemente con la línea de resistencia del aparato oficial que guarda celosamente los secretos de Estado, concepto que ha ampliado su connotación para abarcar hasta los sucesos más triviales e intrascendentes, pero que el celo profesional de los guardianes incluye en esa clasificación para no equivocarse.

El espacio que se mantiene libre para que los medios cumplan su labor, se encoge como la legendaria piel de zapa. A cada intento informativo que, no sin dificultades, se satisface, corresponde una reducción de los subsecuentes materiales disponibles. La consecuencia es que los vacíos son cada vez mayores y tienen que ser llenados con indagaciones propias, inferencias lógicas y conjeturas más o menos razonables.

Hace una semana, trascendió que Diego Fernández de Cevallos es propietario de terrenos con una extensión de más de 55 mil metros cuadrados y un valor comercial aproximado de 14 millones de dólares, en la zona de Punta Diamante; y que adeuda al municipio de Acapulco algo más de un millón de pesos por no haber pagado el impuesto predial correspondiente.

La respuesta del prominente político panista provocó más dudas que las que pretendía aclarar, pues se enredó en explicaciones barrocas acerca de la legitimidad del origen de su propiedad. Algunos de sus correligionarios que, oficiosamente o por petición del aludido, quisieron salir en su defensa, recurrieron a alegatos dignos de una antología de la estulticia, como el de justificar que Fernández de Cevallos no haya pagado los impuestos que adeuda ``porque los ediles priístas se los podían robar''.

Hasta aquí no hay nada extraordinario, pues tanto el evasor fiscal como sus amigos están en su derecho cuando pretenden pergeñar una exculpación moral, así sea con argumentos malolientes o descabellados; pero lo preocupante es la tibieza y reticencia con que los voceros de los organismos públicos involucrados en este asunto, que en razón de esa misma actitud ya se perfila como una turbio affaire, han proporcionado en dosis mínimas la información que podría servir para deslindar responsabilidades o, en su caso, desvanecerlas.

Promotora Turística de Guerrero debe tener registrados todos los antecedentes del caso. No es razonable que una operación sobre bienes inmuebles de ese valor y magnitud no esté documentada, ni que en la escrituración no aparezcan todos los antecedentes pormenorizados acerca del predio, el régimen jurídico a que estaba sujeto originalmente, la naturaleza del acto por el que se cambió ese régimen al de dominio privado, la autoridad que acordó (o decretó) ese cambio y los preceptos legales que le conferían facultades para esos efectos, el contrato o convenio por el que se transfirió la propiedad a sus actuales titulares y las personas físicas que los suscribieron, como otorgantes, intermediarios o beneficiarios.

Esta es la información que hasta ahora se ha ocultado. Dos preguntas finales: ¿Hay consigna de proteger a Fernández de Cevallos? ¿Por qué el propio involucrado no ha mostrado a la prensa el testimonio notarial de la escritura que debe estar en su poder, donde supuestamente se incluyen constancias fehacientes de todos los antecedentes arriba mencionados?

En este caso, como en ningún otro, son inexplicables los ocultamientos.