Condicionan las FARC la entrega de 60 soldados; rehúsa negociar el gobierno

Ansa, Efe, Dpa, Afp y Ap, Santafé de Bogotá, 7 de septiembre El gobierno colombiano rechazó hoy cualquier tipo de negociación con la guerrilla para que libere a cerca de 60 soldados, que mantiene prisioneros, luego de que la insurgencia dio a conocer una serie de exigencias y dejó entrever que el proceso demorará al menos diez días.

En el plano político, sectores empresariales propusieron una lista de ocho nombres para escoger a un sustituto del presidente Ernesto Samper, quien rechazó que dimitirá. En cambio, el vicepresidente, Humberto de la Calle, dio a conocer a la prensa local que la próxima semana presentará su renuncia, para permitir que el Congreso nombre a su sucesor.

En tanto que tropas del ejército lanzaban un operativo de persecución por tierra y aire contra las columnas rebeldes que la víspera atacaron un cuartel en el Guaviare, donde causaron más de una veintena de bajas al ejército, el ministro del Interior, Horacio Serpa, advirtió a las guerrillas que no hay nada que negociar sobre la liberación de 60 soldados.

Al referirse a un comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), originado en México, Serpa fue categórico al señalar que ``la seguridad y la vida de los soldados no puede dar lugar a ninguna clase de negociación ni de presión. Los entregan sanos y salvos o los retienen''. Y acusó a las FARC de ejercer actitudes ``dilatorias''.

El ministro se mostró preocupado por el comunicado de las FARC, ya que la guerilla dice que en diez días estará indicando el lugar conveniente en donde se realizará el primer encuentro entre emisarios de las partes, quienes tratarán sobre el despeje de tropas de una amplia zona, y el gobierno deberá suspender los operativos terrestres, aéreos y fluviales.

La guerrilla da a conocer los nombres de tres insurgentes que formarán su comisión, y asienta que los emisarios y familiares de los prisioneros deben solicitar al gobierno toda clase de garantías para facilitar sus desplazamientos. Añade que las FARC están solicitando también la intervención de representanes nacionales e internacionales.

Tras señalar que en los próximos días dará a conocer la lista de los militares capturados, que el gobierno estima son 60, acusa al presidente y a los altos mandos militares de nuevas declaraciones de guerra y de suspender los diálogos regionales. Apunta que a pesar de ello, las FARC seguirán buscando una salida política al conflicto social y armado.

Por su parte, Serpa subrayó que el gobierno ya ofreció las garantías necesarias para llevar a cabo la recepción de los prisioneros. Serpa también pareció molesto porque en el comunicado rebelde se menciona que si el mismo ministro participa en la comisión gubernamental, será mejor. El hecho es que el gobierno nombró hace varios días su comisión y dejó el asunto en manos de la Cruz Roja Internacional.

En otro comunicado, la guerrilla rechazó acusaciones del ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, referentes a que las unidades que atacaron la base militar de las Delicias, en Caquetá, habían torturado a los soldados, oficiales y suboficiales. Al efecto, pide que los cuerpos de quienes cayeron en combate sean exhumados para que se haga la investigación correspondiente. Afirma que este tipo de aseveraciones entorpecen la pronta liberación de los prisioneros.

El comando de las FARC dio a conocer un parte limitado sobre los ataques que ha lanzado en esta ofensiva en distintas partes del país, en tanto que medios de prensa ubican las bajas en más de un centenar entre soldados, guerrilleros y civiles. Sólo en los combates de ayer se estima que hubo una treintena de muertos y numerosos heridos.

Medios de prensa señalan que el paro del transporte ejercido por las acciones de las guerrillas se mantiene en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Putumayo, Meta, Arauca, Santander, Santander del Norte, Bolívar, Magdalena y César.

Ante esta situación, el suministro de alimentos ha disminuido en Santafé de Bogotá y otras poblaciones, y comienzan a sentirse ya alzas de precios en productos como el banano, la yuca, el maíz, el pescado y gran cantidad de frutas tropicales.

En medio de esta situación, grupos paramilitares efectuaron dos matanzas: una ocurrió en Cartago, departamento del Valle de Cauca, donde hombres armados acribillaron a cuatro personas de una misma familia, y en otro hecho similar, otras cuatro personas fueron asesinadas en Apartado, Antioquia.

Suspenden negociaciones con cocaleros

Este día quedaron interrumpidas las negociaciones entre el gobierno y los campesinos sembradores de la hoja de coca, al surgir diferendos en los puntos tratados. Los campesinos siguen rechazando la fumigación de sus cultivos, en tanto que el ministro, Horacio Serpa, dijo que el gobierno no podía ofrecer algo que luego no podría cumplir.

El gobierno había presentado una propuesta que comprendía temas como los derechos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo productivo y asuntos indígenas, así como garantías para desmovilización y retorno a sus parcelas.

Pero los campesinos rechazaron el plan y demandaron la suspensión de la política de erradicación de cultivos ilícitos y la derogación de los decretos de conmoción interior, con lo que el gobierno quiere establecer la tranquilidad y el orden público.

Mientras, la Asociación Nacional de Industriales de Colombia dijo que para superar la crisis debería haber un cambio en la cúpula del poder Ejecutivo. Al respecto, citó una lista de quiénes podrían sustituir al presidente: la canciller María Emma Mejía; el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo; el ex ministro de Comercio, Juan Manuel Santos; el embajador en Londres Carlos Lemos; el antiguo alcalde bogotano Hernando Durán; el ex embajador Carlos Lleras; el antiguo ministro Guillermo Perry, y el gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe.

Por su parte, los diarios El Espectador y El Tiempo aunciaron sendas entrevistas para publicar este domingo con el vicepresidente Humberto de la Calle, quien les dijo que presentará su renuncia la próxima semana, para contribuir a una solución a la crisis política nacional.