Parece que la historia recorre sus caminos en zigzag: a veces adelanta y es coherente consigo misma, otras retrocede y se traiciona. Así ocurrió con las presencias y ausencias de temas en el Informe presidencial, que proporcionaron a veces respuestas parciales y otras de plano dejaron sin respuesta cuestiones fundamentales de nuestra vida pública.

Por supuesto, el capítulo más claro del Informe se refirió a la decisión de combatir a los levantados en armas del EPR con ``todo el peso del Estado''. La intención presidencial de procurar que la batalla ``contrainsurgente'' se efectúa sin violentar derechos humanos y libertades ``de terceros'' es pertinente: el problema consiste en saber si es realizable la intención en el terreno de los hechos. La historia de esas luchas, en todas partes, lo niega, y en general arroja un saldo pavoroso. ¿Existe batalla antiguerrilla con respeto ``a terceros''? Entre los propósitos presidenciales y la acción de un judicial o de un cabo o un sargento, aun cuando cuenten con órdenes precisas (¿?), media un abismo.

Aquí se cumple una de las consecuencias objetivas de la guerrilla, una de sus fatalidades: endurecer el clima político, provocar un angostamiento de las libertades ciudadanas, desencadenar la acción de ``las fuerzas del orden'' incapaces de distinguir --inclusive por las urgencias de la batalla-- entre los

``reales'' amigos y los enemigos, entre los cómplices y los inocentes.

La segunda idea ``matriz'' del Informe se refirió al avance que significan los cambios constitucionales y legales sobre reforma electoral. Y al hecho de que esos cambios se hicieron sobre la base de un amplio consenso. Bien, pero en este terreno hubo un vacío muy sensible: el futuro de la reforma democrática del Estado mexicano, el hecho de que las actuales reformas sólo significan un primer paso, un inicio y no una culminación. No es suficiente decir que se espera una práctica electoral apegada a esas reformas. No resulta bastante la exhortación sobre lo inmediato, sino que era indispensable subrayar el aspecto embrionario de los cambios y la necesidad de su profundización como reforma política global del Estado.

En este punto el Informe se quedó a la mitad del camino: la democratización del país no es únicamente reforma electoral sino cambios sustantivos en la organización del poder público. Desconcentración y descentralización de los poderes presidenciales, plena independencia y autonomía de los poderes Ejecutivo y Judicial, nueva fuerza a los municipios, no ``sana'' distancia entre el Ejecutivo y el PRI que, por su plena subordinación política al Ejecutivo, ha sido un partido de Estado, sino separación clara y tajante entre uno y otro.

¿Veremos esto? ¿El anunciado congreso del PRI dentro de dos semanas significará un avance sustancial en este aspecto? ¿El partido decidirá --¿puede hacerlo?-- constituirse en verdadero partido, sin los recursos del Estado y la fuerza del Ejecutivo detrás? ¿Se establecerá inequívocamente que la designación de candidatos se lleve a cabo democráticamente en su interior, sin la intervención del Ejecutivo? En todo caso, he aquí una grave ausencia de propósitos presidenciales que no aparecen en el Informe.

Como no aparecen otros temas fundamentales de la reforma democrática del Estado. ¿Presencia de la sociedad civil y participación de sus organizaciones en ciertas decisiones fundamentales, por ejemplo en las grandes líneas de la política económica? ¿Nuevas formas

organizativas de las comunidades indígenas con alcance político? Sobre éstos y otros varios temas sustantivos del futuro político de México se guardó, desafortunadamente, silencio en el Informe presidencial.

Por supuesto, el aspecto más débil del Informe, y con argumentos ``construidos'' (no cabe el ``populismo''), fue el que se refiere a la línea económica asumida por el Estado. Sí, hay ``indicadores'' que muestran un comienzo de ``recuperación'' (aun cuando el Presidente mismo juzgó que todavía tardará años en llegar ``al bolsillo'' de los mexicanos).

La cuestión, que fue planteada pertinentemente por los dirigentes del PRD en su última entrevista presidencial, es el de los mayores o menores costos sociales de la crisis, y de los caminos para enfrentarla. Los costos han sido los más altos posibles, y desafortunadamente no parece haber sensibilidad alguna del gobierno para reconocer el hecho y explorar otras medidas para disminuir esos costos, para acortar el camino entre la necesidad económica y la terrible destrucción del tejido social provocado por sus decisiones económicas. Esa ``recuperación'' es más difícil aún que el simple hecho de que mejore la economía ``en el bolsillo'' de los mexicanos.

A propósito, parte de esa destrucción se expresa en el surgimiento de grupos como el EPR. Ya nos pronunciamos en artículo anterior contra la violencia armada como opción política para México. Reconozcamos, sin embargo, que la violencia genera violencia y que la tremenda violencia social de la crisis y de los caminos tomados para resolverla son también causa de movimientos como el aparecido en México, más amplio y desgastante que lo supuesto originalmente. Esto tampoco puede olvidarse.

Claroscuros en el Informe presidencial que invocan la necesidad de decisiones más completas y complejas. Orientadas con mayor decisión en favor del pueblo de México, de una vida social más justa y libre, más participativa y democrática.