El jueves y viernes pasados nos enteramos, por estas páginas, de la recomendación 80/96 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a Pemex y otras entidades, cuyo origen remoto data de las explosiones en la población tabasqueña Plátano y Cacao que, hace un año y medio, tuvieron una secuela de nueve muertos y 16 heridos. La compañía británica Lloyd's Register, luego de practicar peritajes, había hecho recomendaciones al respecto.

Ahora, la CNDH dice en su escrito que Pemex ``no ha dado cabal cumplimiento a las recomendaciones hechas por la compañía Lloyd's Register'', para que lleve a cabo el reemplazo de tuberías afectadas por la corrosión. El accidente ``se debió a que el ducto se rompió como consecuencia de la corrosión formada por un periodo de años por el agua acidificada existente en el lugar'', al punto de que el espesor de la tubería en las partes afectadas se había reducido a menos de la mitad.

Efectivamente, lo que se debe hacer, ya que la tubería llegó a ese estado, es cambiarla. Pero si se hubieran seguido los procedimientos normales en la industria, no se debió dar esa corrosión. Existen métodos de protección de la tubería que deben ser empleados, sobre todo en zonas tan húmedas como la mayoría de las áreas petroleras del sureste mexicano. Es más, en una parte de los límites entre Tabasco y Chiapas, en los alrededores de Teapa, está la zona más lluviosa de todo el país.

Ahora, la opinión pública está sensibilizada sobre este tipo de problemas a raíz de las explosiones de Cactus, Chiapas, no lejos del lugar de los hechos mencionados. En otros momentos sucedió algo similar a raíz de las explosiones de Guadalajara. Una de las causas --que está claro que confluyeron varias-- fue una fuga de gasolina del poliducto Salamanca-Guadalajara, que había perdido parte de su protección catódica --técnica usada para prevenir la corrosión-- y, también por corrosión, se había llegado a perforar hasta el punto de producirse la fuga y la dispersión de la gasolina por las cañerías del subsuelo de Guadalajara.

Entonces se publicaba en la Memoria de labores de Pemex el número de kilómetros en los que se había revisado la protección catódica en el año. Resultó que era aproximadamente la décima parte del total de kilómetros de ductos. De ello resulta evidente que en promedio podían pasar 10 años entre una y otra revisiones, y que en ese lapso podrían pasar muchas cosas. Ahora, la Memoria de labores es más detallada en aspectos financieros y económicos, pero menos en la actividad petrolera propiamente dicha, y no se publica este dato; pero de las partes transcritas de la recomendación de la CNDH, es evidente que el problema que afloró cuando lo de Guadalajara sigue en pie.

Lo más importante, si queremos ver el asunto constructivamente, es que no se pase el momento en el que la opinión pública está sensibilizada hacia el problema, sin una solución real. De otro modo pueden pasar meses o años, y en vez de solución podemos tener más accidentes que lamentar.

Es positivo que la CNDH haya tomado cartas en el asunto y, por lo pronto, emitido la recomendación. También es positivo que hayan acudido integrantes de las Comisiones de Energéticos de las dos Cámaras legislativas a Cactus a detectar los problemas que pudieron contribuir al accidente, que los hayan planteado y dado a conocer. En los próximos días, además (además y no en vez de lo que ya se sabe) deberán terminarse los peritajes de Cactus. Ahora lo que procede es la solución: hasta el momento, está claro que ésta debe incluir cambio de tuberías dañadas, revisión regular de todas ellas y reparación inmediata en los casos en que sea necesario.