Ernesto Zedillo ha prometido respeto a las otras dos ramas del poder. Lo ha reiterado el reciente 1o. de septiembre. Pero veamos lo que él mismo dice: ``El Ejecutivo apreciará con gran interés y respeto, toda propuesta de los legisladores para fortalecer al poder Legislativo...''.

Será quizá un acto fallido o la expresión de la inercia presidencialista mexicana la que lleva a Zedillo a decir que los legisladores --así en genérico, es decir, el poder Legislativo-- habrán de hacer propuestas para reformar el Congreso. O será una forma sincera de decir las cosas. Pero las cámaras no tienen facultad de proponer, sino de decretar, de expedir leyes. Además, la norma orgánica que rige al Congreso ni siquiera requiere promulgación del Ejecutivo.

Quien tiene entre sus facultades hacer propuestas justamente a los legisladores, es el Presidente de la República.

Pero no es esto solamente lo que Zedillo le zampó en la cara a los diputados y senadores en la sede misma del Congreso, sino todo el discurso sobre el gasto público, el cual es decidido y manejado exclusivamente por el Ejecutivo, según se desprende del segundo Informe, al igual que ha sido desde siempre.

El Presidente informa al Congreso sobre sus decisiones de gasto, pero la Constitución señala que son los diputados quienes deben definir el uso de los ingresos públicos. El Ejecutivo tiene solamente la facultad de proponer y ejercer, pero carece de la capacidad de decidir. Tampoco puede el Presidente convertir en transferencia un gasto directo del gobierno federal, tal como Zedillo informó a los legisladores cuando se refirió a su decisión de trasladar a los estados los hospitales, clínicas y centros de salud: nuevo federalismo, se dice.

Zedillo ha urgido a los legisladores a que dictaminen la iniciativa enviada por él mismo para la creación de la Auditoría Superior de la Federación. Parece que el Presidente desconoce que no se ha producido el dictamen debido a que él quiere nombrar a los integrantes de la tal Auditoría Superior y muchos legisladores no están de acuerdo, por lo cual no se cumple con el requisito de los dos tercios necesarios para reformar la Constitución.

La actual Contraloría Mayor de Hacienda tiene un titular formalmente nombrado por los diputados pero, en la última designación, cuando Zedillo era secretario de Programación y Presupuesto, fue éste quien nombró a aquél, en los hechos, utilizando al entonces diputado Lanz Cárdenas, fiel sirviente del poder (Ejecutivo), quien se desempeñaba a la sazón como presidente de la Comisión de Vigilancia.

Si la Contaduría cumpliera con sus facultades legales, muchos funcionarios estarían en la cárcel y, entre otras cosas, no hubiera quedado impune el pago que se le hizo a Maseca para cubrir el supuesto costo financiero de los subsidios que, se dice, recibió extemporáneamente, pues no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto, según reza la Constitución. El mismo Zedillo no debió haber mandado a pagar nada, pues carecía del mandato legal de la Cámara de Diputados. Que no se nos venga a decir ahora que el único culpable, aunque aún impune, fue Serra Puche, quien se encuentra fuera del gobierno, pero los que están dentro son inocentes por definición.

Mientras Zedillo insultaba al Congreso con eso de que ``el Ejecutivo apreciará... toda propuesta de los legisladores'', un diputado iba sacando letreros en nombre de un cerdo que personificaba al sistema político, lo cual ha sido considerado como un insulto al Congreso.

Mientras ocurría la personalísima actuación del diputado Marco Rascón y de los autodesignados prefectos del Congreso (líderes del PRI, PAN y PT), quienes clamaban por que se reprimiera al histriónico legislador, el Presidente iba suavemente, con tono discreto e imperturbable, con su banda tricolor en el pecho, ofendiendo a los congresistas: ``...se han comprometido recursos fiscales... de 180 mil millones de pesos que se irán erogando a lo largo de varios años''. Pero el Presidente no puede comprometer los dineros del erario más allá del gasto autorizado, por lo que de ninguna manera puede el gobierno programar erogaciones fuera del presupuesto aprobado por los diputados. Zedillo remachó: ``...ha sido necesario comprometer recursos fiscales presentes y futuros en diversos programas''. ¡Sopas! Eso sí duele. ¿O no?