Para L. L. Z., coautor involuntario de esta nota

La iniciativa constitucional para la reforma electoral aprobada el pasado 22 de agosto fue firmada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y aprobada por unanimidad en el Congreso. En ella se ponen las bases para un nuevo sistema electoral en México que, en términos generales, parece responder a las expectativas de lograr un cambio profundo en las reglas que rigen las disputas por el poder público.

Sin embargo, algunos temas fundamentales que irían más allá de los intereses de los partidos firmantes simplemente no se incluyeron en la reforma. Esta es una gran limitante que puede ser corregida si se logra cohesionar a los movimientos ciudadanos.

Tal reforma fue negociada, consensada y aprobada exclusivamente por los partidos que tienen representación en el Congreso y en gran medida determinada por la fuerza de los tres mayores: PRI, PAN, PRD. En ningún momento las agrupaciones y asociaciones ciudadanas han tenido intervención en un proceso que, como ése, es del más alto interés público. La ciudadanía apenas conoce la existencia de la reforma como un hecho relevante para la convivencia organizada de la nación. Sólo unos cuantos tienen el conocimiento de los lineamientos generales del nuevo esquema que normará la contienda electoral. Apenas un centenar de expertos en todo el país podría responder a las preguntas que el hombre común pudiera hacerse respecto de las nuevas instituciones y sus efectos en la vida política cotidiana.

La falta de transparencia en el proceso de negociación de la reforma y la ausencia virtual de conocimiento y apoyo a sus contenidos por parte de la ciudadanía y sus agrupaciones, es un hecho que es preciso enmendar. Se requiere que tal reforma adquiera una mayor amplitud, vigencia y legitimidad. De mantenerse el explicable desapego popular que las reformas constitucionales han tenido hasta hoy, será muy difícil que la ciudadanía se interese verdaderamente en ellas y las vaya haciendo parte de su práctica común, convirtiéndolas en un instrumento activo de su cultura y de su vida.

Las asociaciones ciudadanas han crecido de modo exponencial en la República, y forman ya un caudal sobre el cual la transformación estructural ha podido cimentarse. En 1994, la Secretaría de Gobernación tenía un exiguo registro de apenas 800 de ellas; en junio de 1995 eran mil 500. Hay expertos en el tema que indican que desde hace décadas ya se contaban en miles y que hoy en día se les cuenta por decenas de miles. Actualmente la Secretaría de Gobernación reconoce cinco mil. En esta clasificación entran aquellas agrupaciones, grupos y asociaciones involucradas en los más diversos temas de interés público. Desde la atención a los desvalidos, a los niños de la calle, a los migrantes, a los discapacitados, sin olvidar a las preocupadas por los derechos humanos, la ecología y la observación electoral, etcétera.

No todas las asociaciones ciudadanas están orientadas a luchar por la democracia, y son poquísimas aquellas que tendrían como interés principal participar en el proceso electoral. Pero todas están vivamente interesadas en los procesos de cambio de la sociedad y su presencia es tan contundente que no puede soslayarse. Los partidos les han negado hasta ahora espacios políticos, las han criticado y hasta combatido, o bien las han intentado cooptar. No se ha entendido su dinamismo y el importante papel que pueden desempeñar en el proceso de transición hacia la democracia.

El interés prioritario de las asociaciones cívicas (particularmente las de orientación política) está en algunos temas fundamentales de la reforma política relacionados directamente con la participación ciudadana y el desarrollo de la actividad democrática fuera de los partidos. Como son: la regulación jurídica de las propias agrupaciones y asociaciones políticas, las candidaturas independientes, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, el voto de los mexicanos en el extranjero, el acceso de la sociedad civil a los medios de comunicación, el establecimiento de un porcentaje de representación mínima para el sexo femenino en los cargos de elección popular, etcétera.

Sin la inclusión de estos temas, la reforma política en marcha quedará otra vez incompleta. Su credibilidad sería muy reducida si la ciudadanía no la conoce y no la apoya. Los partidos deben abandonar la tesis del despotismo ilustrado y aceptar que no pueden ``hacer una reforma para los ciudadanos sin los ciudadanos''.