El gobierno federal ha puesto sus cartas ``chiapanecas'' sobre la mesa. Las nuevas cartas mostradas son dos: el comunicado de la Secretaría de Gobernación sobre las supuestas falsedades y mentiras del EZLN, y el desplazamiento de tropas militares de élite de carácter claramente ofensivo dentro de la zona de conflicto. Ambas cartas son, a pesar de las declaraciones en contrario, un paso previo a la declaración de guerra contra los zapatistas.

El cerco militar se ha estrechado en torno a las comunidades zapatistas. En menos de 48 días el Ejército internó sus posiciones en las cañadas de Patihuitz y Las Margaritas. Los Altos y el norte están rodeados.

Por el tono y el contenido que usa, la posición de la Secretaría de Gobernación recuerda la forma en la que el presidente Ernesto Zedillo quiso justificar la ofensiva militar del 9 de febrero de 1995. La delación, el señalamiento de supuestos culpables por sus nombres, el denuesto y la verdad a medias se utilizan en el documento gubernamental para tratar de descalificar la versión zapatista sobre las causas que precipitaron la suspensión del diálogo de San Andrés Larráinzar.

La nueva posición gubernamental contradice los señalamientos hechos por el secretario de Gobernación a la Cocopa, en el sentido de que cuatro de los cinco cuestionamientos del EZLN eran atendibles y sólo era inaceptable la exigencia de sustituir a la delegación gubernamental. Si los planteamientos zapatistas eran atendibles, ¿por qué ahora se dice que el EZLN miente? De la misma manera marchan a contracorriente de la afirmación presidencial de que el EZLN tiene base social. ¿Acaso ya la perdió? Si el jefe del Ejecutivo, el responsable de la política interna del país y el responsable de la negociación en Chiapas cambian sus puntos de vista de un día a otro, en vísperas de una reunión con la Cocopa, ¿qué seguridad pueden tener los zapatistas de que en cualquier momento no se decida lanzar una nueva ofensiva militar?

El documento de Gobernación es una demostración más de que al gobierno le falla la memoria. Se considera falso que haya contra el EZLN una estrategia de achicamiento, cuando ésta fue públicamente dada a conocer por el comisionado gubernamental Jorge del Valle en entrevista al periódico El Nacional.

La Comisión de Seguimiento y Verificación tiene una importancia fundamental en el proceso. El texto gubernamental indica que no se ha instalado por culpa del EZLN. Esto no es cierto. Existen tres condiciones pendientes para su instalación y funcionamiento, que no se han cumplido por negligencia gubernamental.

La primera es el reglamento que normará y regulará el funcionamiento de la comisión. Las partes acordaron que este reglamento fuera elaborado por la Cocopa pero sancionado por ellas, de conformidad con los puntos 5 y 8 del resolutivo del 11 de julio de 1996. La segunda es el acuerdo de las partes sobre las recomendaciones y las orientaciones de seguimiento y verificación.

Faltan los elementos para que, por acuerdo de las partes y no unilateralmente, se definan con precisión operativa los acuerdos y compromisos de la Mesa 1 (artículo 13 de las Reglas Generales). Sin ellos no puede elaborarse el listado de compromisos y tareas que conforman la materia de trabajo con la comisión. Por ello resulta incorrecto lo que el gobierno ha hecho para implantar unilateralmente los acuerdos. El procedimiento deberá reponerse. Y, tercera, el Acuerdo de las Partes sobre el protocolo de convocatoria e instalación formal de la comisión.

Esto significa que las 82 acciones que dice haber tomado de manera unilateral para el cumplimiento de la Mesa sobre Derechos y Cultura Indígena no tienen validez. De paso, ``olvida'' mencionar, por ejemplo, que a varios meses de su firma no haya una iniciativa de reformas constitucionales terminada para hacer valer los acuerdos, ni se ha integrado la Mesa para resolver la cuestión agraria. Implantando lo secundario, el gobierno pretende hacer creer que cumple con lo sustancial.

El documento gubernamental señala que ha dado muestras de flexibilidad jurídica para liberar a miembros del EZLN. Olvida que a quienes el presidente Zedillo señaló por su nombre como zapatistas fueron procesados con enormes arbitrariedades jurídicas, con acusaciones hechas por un fantasma y con testimonios arrancadas por medio de la tortura. No menciona que siguen en la cárcel muchos más y que el Ministerio Público pide contra varios de ellos condenas de 50 años de prisión.

Estos son apenas comentarios de tres de los diez puntos de la posición gubernamental. En los otros siete se cometen las mismas imprecisiones, falsedades y lagunas. En todos ellos la parte oficial confunde sus discursos con sus obras.

Pero más allá de todos estos señalamientos, la posición oficial tiene un enorme problema: ¿hay acaso algún mexicano que crea que algo de lo que el gobierno dice es cierto?.