Una de las banderas tradicionales de la oposición, tanto en México como en cualquier otra parte del mundo, es la denuncia de actos de corrupción de los miembros del gobierno. Ahora en nuestro país empieza a manifestarse el mismo fenómeno, pero en sentido contrario, porque ahora son los miembros del partido en el poder, el PRI, los que parecen decididos a denunciar cualquier indicio de fallas de los representantes de la oposición.

El caso más notable es el del ex candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, a quien le han llovido toda clase de críticas a raíz de la denuncia del presidente del PRI en el Distrito Federal, Roberto Campa Cifrián, en el sentido de que posee un terreno en Punta Diamante, Acapulco. Aunque el panista sostuvo que ese inmueble lo obtuvo como producto de su trabajo de abogado litigante, sus críticos han sostenido que fue resultado de las ``negociaciones extralegales'' que tuvo con el gobierno de Carlos Salinas, durante el pasado sexenio.

Ha sido tan dura la carga que ayer mismo el presidente del PAN, Felipe Calderón, en conferencia de prensa se quejó de una campaña de desprestigio contra su partido e inclusive demandó que el presidente de la República --que ayer cumplió una visita oficial a Guatemala-- se deslinde de esa serie de ataques en contra del partido albiazul.

Pero en contra de tales demandas, dentro de las filas del PRI hay un importante grupo que se opone a terminar las acusaciones contra los panistas. Por el contrario, esa corriente desea intensificar los ataques y no sólo contra el PAN, sino contra todos los funcionarios salidos de otros partidos de oposición, principalmente del PRD.

Como es lógico, los priístas que más exigen ``sangre'' a sus dirigentes son los que viven en los estados en donde han perdido el poder, es decir, Guanajuato, Jalisco, Baja California y Chihuahua, entidades que tienen actualmente gobernadores salidos de las filas panistas. En segundo lugar están los militantes del tricolor que viven o están interesados en la situación de municipios que tienen ayuntamientos del mismo PAN, del PRD o de otros partidos antagonistas.

Los priístas que piden mano dura contra los funcionarios salidos de las filas opositoras recuerdan que las derrotas de sus candidatos se derivaron en gran medida de las denuncias de la oposición por fallas reales o supuestas de los anteriores gobernantes pertenecientes a las filas del PRI. Por ello, demandan que se aplique ``la misma medicina'' en todos los municipios y estados gobernados por otras organizaciones políticas.

La primera exigencia en tal sentido se expresó abiertamente en una reunión que sostuvo el presidente del PRI, Santiago Oñate Laborde, con senadores y diputados federales de los cuatro estados gobernados por panistas.

Lista de acusados

La dirigencia priísta respondió que aceptaría las sugerencias de sus legisladores federales, pero la gran trifulca que ha generado el caso de Fernández de Cevallos, ha obligado por lo menos a reconsiderar el empleo de una táctica de choque, sobre todo ahora que está tan cercana la fecha de la 17 Asamblea Nacional del tricolor, uno de cuyos objetivos fundamentales consiste en imprimirle una imagen más democrática al partido que ha gobernado al país desde 1929.

En contra de tales dudas, los diputados federales y senadores insisten en la conveniencia de asumir una actitud de mayor dureza en contra de gobiernos y ayuntamientos salidos de la oposición, pues consideran que la transparencia que se exige a las administraciones priístas debe ser la exigencia mínima a todo gobernante, haya salido de donde haya salido.

La lista de los ``objetivos'' de los legisladores federales priístas la encabeza el ex gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, quien para muchos miembros del tricolor fue producto de la primera gran concertacesión del gobierno de Salinas de Gortari y tiene, como Fernández de Cevallos, la fama de haber llevado una relación muy cercana con el ahora cuestionado ex mandatario.

La lista de delitos que, según esa relación de los priístas, se pueden imputar al ex gobernador guanajuatense es larga y variada: nexos con el narcotráfico, tráfico de influencias, desviación de recursos y nepotismo.

Más que calificar, conviene mencionar uno de los posibles motivos de acusaciones contra Medina, según una relación que muy en privado entregaron a su Comité Ejecutivo Nacional los legisladores federales priístas. En la lista está, por ejemplo, el proyecto que se conoció como Guanajuato Nuevo Horizonte, que consistía básicamente en la creación de una zona burocrática y comercial fuera de la ciudad capital de ese estado, que ya no puede crecer por estar rodeada de cerros y además resiente graves problemas por la proliferación de oficinas tanto gubernamentales como privadas.

Según la referida denuncia, Medina Plascencia, asociado con parientes y amigos creó una empresa privada denominada Urbanismo Social para beneficiarse de ese proyecto y además desvió dinero de otras partidas para trabajos de planeación y salarios de funcionarios vinculados al mismo.

La mención del ex mandatario guanajuatense sólo es un ejemplo saliente, pero no el único, pues los denunciantes quieren acción en contra del primer gobernador panista, Ernesto Ruffo, de Baja California, así como contra los actuales mandatarios Francisco Barrio, de Chihuahua --que ya ha tenido enfrentamientos con los priístas por su programa Jalemos Parejo, muy parecido a Pronasol-- y Alberto Cárdenas, de Jalisco, contra el cual los principales cargos son narcotráfico y corrupción, además de la ``incapacidad'' para dar seguridad a pesar de que fue una de sus ofertas de campaña.

En la lista de los acusados del PRD están funcionarios municipales de Nacajuca, Cárdenas y Teapa, Tabasco, pero también se incluyen a algunos de otros estados cuyos nombres aún no se difunden.

La cosecha

El gobernador de Guerrero, Angel Aguirre Rivero, es de los priístas que no quieren ser incluidos en la lista de los duros y por ello ha buscado acercamiento no sólo con los miembros de su partido, sino también con los de la oposición. Es evidente que la meta inmediata es mantener la calma antes y después de las elecciones locales, programadas para el mes venidero. El propósito a mediano y largo plazos es mantener la tranquilidad hasta el término del sexenio para no enfrentar los mismos problemas de su antecesor Rubén Figueroa. Por lo pronto, el mandatario guerrerense logró reincorporar a priístas que antes se manifestaban a disgusto, como Jorge Montúfar Araujo, que ahora es su asesor , así como a Javier Olea Muñoz y Alejandro Cervantes Delgado. Dos cercanos colaboradores del asesinado José Francisco Ruiz Massieu, René Juárez y Florencio Salazar Adame son ahora presidente estatal del PRI, el primero, y candidato a diputado local, el segundo, quien en caso de triunfar podría ser el coordinador de la Cámara de Diputados... Otros priístas de larga trayectoria como Guadalupe Gómez Maganda, Jaime Castrejón Díez, Efraín Zúñiga Galeana, Píndaro Urióstegui Miranda y Nabor Ojeda realizan tareas partidistas en apoyo de sus candidatos... A despecho de las críticas de la CTM, los priístas de Durango y Chihuahua se manifestaron por la reelección de Santiago Oñate como dirigente nacional de su partido y de Juan Millán Lizárraga, como secretario general. Esto ocurrió en las reuniones estatales con vistas a la Asamblea Nacional del tricolor. En Durango, la reunión fue presidida por Maximiliano Silerio Esparza, surgido del sector campesino, otro mandatario que no esconde su militancia. En esta reunión, a la cual asistió como enviado del CEN el diputado Oscar Levín Coppel, el presidente estatal del Revolucionario Institucional, José Rosas Aispuro Torres, pidió que se deseche el neoliberalismo y se reasuman las tesis del nacionalismo revolucionario..