El pasado 2 de septiembre, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció, tras una consulta a sus bases, su decisión de retirarse del diálogo de San Andrés Larráinzar, se inició una etapa de incertidumbre en torno de las perspectivas de paz en Chiapas. La respuesta oficial al anuncio zapatista, dada anteayer por la Secretaría de Gobernación, y la réplica divulgada ayer por la comandancia rebelde, constituyen preocupantes pasos adicionales en la escalada verbal entre los interlocutores, e inciden en el ahondamiento de una tensión que aleja la urgente reactivación del diálogo.

El comunicado de Gobernación presenta un sorprendente cambio de tono respecto a la mesura con la que el presidente Ernesto Zedillo se refirió, en su Informe pasado, al conflicto chiapaneco. Independientemente de las razones de fondo esgrimidas en el texto, la intención de personalizar la polémica y dirigirse a la identidad atribuida por las autoridades judiciales al subcomandante Marcos no sólo pasa por alto el hecho de que la determinación zapatista obedeció a una consulta a las bases, sino que obliga a evocar el tono de los comunicados oficiales del 9 de febrero del año pasado.

Por desgracia, el beligerante e intimidante lenguaje empleado en el documento atenúa el pleno efecto de distensión que podrían inducir sus puntos propositivos, especialmente el que afirma que ``por parte del gobierno federal no hay disposición alguna para romper el diálogo y pasar a una acción militar''.

Ciertamente, el Estado tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley y garantizar el orden interno y la procuración de justicia, y pedirle que abdicara de tales responsabilidades sería a todas luces un despropósito. Asimismo, no puede desconocerse la dureza y la hostilidad que, por norma, emplea la dirigencia rebelde chiapaneca para dirigirse a las autoridades, dureza y hostilidad que no faltaron en los más recientes comunicados de la Comandancia General del EZLN. Pero, al mismo tiempo, ha de considerarse que el poder público está más obligado que cualquier otro actor social a la mesura, la sensatez y la prudencia.

En uno de sus mensajes de ayer, la dirigencia rebelde señala dos asuntos que deben ser resaltados: por una parte da a conocer movimientos y avances de tropas regulares en la zona de conflicto, un dato por demás preocupante que debe ser verificado por las más altas autoridades para, en su caso, ordenar el cese inmediato de tales maniobras; por la otra, el comunicado da cuenta de las crecientes dificultades de la comandancia zapatista para controlar a sus combatientes, no sólo por los avances mencionados, sino también -es viable suponer- por la escasez de resultados concretos a lo largo de los últimos 20 meses.

Este factor debiera ser sopesado cuidadosamente, en toda su peligrosidad, por el gobierno, porque a fin de cuentas es un elemento que permite entender la decisión de los zapatistas de abandonar la mesa de San Andrés Larráinzar. En una perspectiva más amplia, no debe olvidarse que la disciplina y la capacidad de mando del EZLN han constituido, hasta ahora, elementos definitorios para impedir la reactivación de las hostilidades en Chiapas. Apostar a la descomposición por cansancio de la organización rebelde sería la más contraproducente de las políticas. La continuación del diálogo en San Andrés reviste una importancia y una urgencia que no pueden ser soslayadas. En la medida en que las negociaciones en esa cabecera chiapaneca se mantengan, se consoliden y avancen, se ensancharán las perspectivas de la paz en el país. En sentido inverso, mientras más escollos, estancamientos y retrocesos ocurran en ese foro, mayores serán los riesgos de que proliferen las acciones violentas.

En la circunstancia actual, es claro que el primer paso para reactivar los encuentros entre los rebeldes chiapanecos y el gobierno federal es un necesario esfuerzo de ambos para evitar los intercambios verbales ríspidos y para trascender los círculos viciosos de acusaciones y contracusaciones. En este sentido, en los próximos días serán cruciales las gestiones que la Comisión de Concordia y Pacificación del Poder Legislativo y de la Comisión Nacional de Intermediación realicen ante ambos interlocutores para limar las recientes asperezas y convencerlos de retornar a la mesa del diálogo.

Al mismo tiempo, se requiere de esfuerzos políticos de fondo, por ambas partes, para lograr y aplicar acuerdos concretos, única forma de eludir el desgaste y la erosión del foro de San Andrés.

La necesidad de reforzar la vía política queda manifiesta en la encuesta nacional realizada por Alianza Cívica: baste como ejemplo que 86.32 por ciento de los mexicanos consideran que los diálogos de paz entre el gobierno y el Ejército Zapatista son importantes para el futuro de México.

En esta perspectiva, los gobiernos federal y estatal deben empeñarse a fondo en evitar que continúe la violencia de la que han sido víctimas ancestrales los indígenas chiapanecos y ratificar, con acciones concretas que contribuyan a corregir las causas profundas de la rebelión del primero de enero de 1994 -marginación, miseria, cacicazgos, abusos de poder, ausencia de alternativas democráticas, concentración desmedida de la riqueza-, su compromiso con una paz justa y digna en la convulsionada entidad del sureste.