Incómoda autonomía de los nañús en el Mezquital
Matilde Pérez, enviada /II, Ixmiquilpan, Hgo. Considerados como ``indeseables'' por el gobierno del estado e ``incómodos'' por los partidos políticos, los asesores de Servicios para el Desarrollo (Sedac) y los miembros de los comités regionales y coordinadores de la Unión de Comunidades del Valle (Covac)
aseguran que por la vía pacífica seguirán defendiendo los proyectos con los que han reforzado el trabajo colectivo y solidario de los indígenas ñañús.
También advierten que la ``intención de fondo es destruir el mundo indígena de autogestión y autonomía, porque esa postura ha generado democracia. Se pretende reducir a los nañús a la mendicidad y retornarlos a la dependencia, lo que ha dañado mucho a las comunidades del valle del Mezquital''.
``A los partidos políticos --PRI y PRD-- les hemos dejado claro que el trabajo de Sedac y Covac es abierto y se pretende favorecer sólo a los indígenas, e incluso sus representantes nos pidieron que no trabajáramos en algunas comunidades por existir conflictos de tierras'', puntualizaron Oralia Cárdenas y Salvador García, asesores de Sedac.
El trabajo en 177 comunidades de los municipios Alfajayucan, Atitalaquia, Ajacuba, Cardonal, Chapatongo, Chilcuautla, Emiliano Zapata, Huichapan, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, San Salvador, Santiago de Anaya, Tasquillo, Tocozautla, Tenango de Doria, Tepetitlán y Zimapán ``no es político y hemos dicho que simpatizamos con las demandas del EZLN, pero no estamos de acuerdo con que se pretendan lograr por la vía armada'', abundaron por su parte los integrantes del Comité de Vivienda de la Covac.
Para los asesores de Sedac y los integrantes de Covac, el objetivo de los ataques a través de algunos medios de información locales y acciones emprendidas por los ``inconformes'' que ocuparon el Centro Campesino, es ``dejar en la marginación e ignorancia a la gente de las comunidades del valle del Mezquital''.
La mayoría de los municipios citados son de alta marginación y expulsión de su población indígena. Tiene elevados índices de analfabetismo y la mayoría de sus pobladores carece de los servicios de agua potable y drenaje, y sus viviendas son de piso de tierra.
En el municipio de Atitalaquia todas las comunidades indígenas carecen de energía eléctrica y en el resto los porcentajes son de entre 30 y 60 por ciento, de acuerdo con los indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, elaborado por el Instituto Nacional Indigenista (INI).
Los ñañús de este árido valle volvieron a autovalorar su capacidad creativa y de trabajo. Aprendieron a realizar sus proyectos productivos y presupuestos para presentarlos en los organismos internacionales, y eso disgustó a varias personas del gobierno estatal, aun al INI, ``porque eso no dejaba lugar a toda esa corrupción que por años había en la región'', señalaron.
Los fondos para vivienda
En 1988, Hábitat para la Humanidad inició el financiamiento para un proyecto de vivienda en 48 comunidades. Los recursos se utilizaron como fondos revolventes y sin cobro de intereses para asegurar la autoconstrucción de una superficie mínima de 49 metros cuadrados. Los beneficiarios aceptaron desde entonces que el costo de sus viviendas lo pagarían devolviendo la misma cantidad de material prestado en un lapso no mayor de 10 años. Al detectar atrasos en ello, aprobaron que a los morosos se les impusiera un cobro adicional de 5 por ciento sobre los pagos.
Actualmente, según el informe que presentó Covac en febrero, más de la mitad de los beneficiarios de unas 166 comunidades tienen atrasos en sus pagos, a efectuarse en forma semestral, o bien anual, de acuerdo con la decisión de cada familia. ``No es un cobro de interés, sino parte del reglamento aprobado en asamblea, porque saben que con ese tipo de crédito se les paga la mitad del costo de sus viviendas y que al dejar de pagar dejan a una familia sin casa'', precisó Yolanda Pérez García, integrante de esa unión.
El 23 de marzo, cerca de 200 habitantes de algunas comunidades de San Salvador, Ixmiquilpan y Tasquillo, ``azuzados'' por un grupo de cinco maestros de las poblaciones de San Juanico, Chichimecas y Xuchitlán, y el ex presidente de Covac, Isidro Hernández Trejo, ocuparon el Centro Campesino de Ixmiquilpan. A partir de entonces, las recuperaciones de los poco más de 15.3 millones de pesos invertidos en el programa referido son de apenas 40 por ciento, y tienden a paralizarse, lo cual podría dejar sin vivienda a mil 200 familias de 40 comunidades de los municipios de Zimapan, Ixmiquilpan, Tasquillo, Cardonal y Santiago de Anaya.
También buscaron congelar las 12 cuentas bancarias de igual número de proyectos formadas con recursos internacionales de ayuda, los cuales fueron trasladados a los comités regionales de Covac para evitar mayores daños. ``El interés de ese grupo no es sólo político sino económico, y han insistido que la coordinación y dirección de todos los proyectos deben ser encabezados por intelectuales orgánicos''.
El grupo, que aprovechó los diversos señalamientos en contra de Covac y Sedac y particularmente bajo el argumento de que no deberían pagar las viviendas, también hizo correr el rumor de que se estaban embargando las casas y había incluso amenazas de los coordinadores de Covac de quitarles chivos y borregos; después hablaron de malversación de fondos y hasta de fraudes cometidos en otros estados por Salvador García y Oralia Cárdenas.
Esa incertidumbre y desconfianza que sembró el grupo entre los beneficiarios del programa de vivienda de Covac podría terminar con éste. Hábitat para la Humanidad, según informaron Yolanda Pérez y Pedro Otero, dará a conocer en las primeras semanas de diciembre su decisión de continuar o cancelar definitivamente su ayuda al proyecto. La tradición de la faena y ``prestafuerza'' para la construcción colectiva será destruida; los indígenas perderán la confianza de Banamex y Banco del Atlántico, que habían aportado 1.8 millones de pesos para la construcción de las últimas 332 casas.
Para tratar de salvaguardar lo que consideran el programa más importante que Covac ha impulsado en la región, los coordinadores insisten: ``Si unimos esfuerzos y tratamos de volver a unirnos podremos dialogar y entendernos; es urgente encontrar una salida política y negociada a este conflicto''.
Yolanda Pérez consideró: ``Los inconformes tienen que pensar que este trabajo no es de cinco personas sino de las 177 comunidades que forman Covac, recordar cómo vivíamos hace ocho años y tener en cuenta que el gobierno no cumple con su palabra. Lo que debemos exigir como indígenas es respeto y derecho a tener una mejor condición de vida, no enfrentamientos que sólo llevarán a terminar con la organización''.
Para las artesanas de la cooperativa Flor del Valle, el conflicto pone en riesgo todos los proyectos. Existe el riesgo de ``volver a lo mismo'' si se logra la destrucción de Covac y Sedac. Ese grupo que encabeza a los inconformes, señalaron, no ha pensado que esto no es como el gobierno de ``yo me siento, mando y me obedecen'', este trabajo es con la participación de la gente, su confianza y unidad.