El domingo pasado, decenas de organizaciones realizaron la Primera Jornada Nacional de Condena a la Política Económica que, en diseño y resultados, no tiene precedentes.

Tal Jornada no fue un evento apresurado. Se discutió apasionada, y tal vez excesivamente, durante meses. El propósito siempre fue crear una nueva forma de expresión para la ciudadanía, al mismo tiempo que se condenaba la política económica que se nos está imponiendo.

Los motivos del desacuerdo, sin embargo, no pueden encasillarse en el radicalismo cerril, en las nostalgias del populismo a lo Echeverría o en un rechazo tajante a la reforma económica. Entre las motivaciones de los convocantes está la pluralidad de empresarios y obreros, campesinos y universitarios. Dentro de esa diversidad están los que condenan a toda o parte de la política económica, y a los que irrita, sobre todo, la forma arrogante y tozuda con que la imponen.

Por ejemplo, pienso que algunas privatizaciones eran indispensables, pero me pareció una monstruosidad la forma atrabancada y prepotente en que se hicieron muchas de ellas: bancos en manos de ineptos, supercarreteras desiertas, y la corrupción e impunidad que se desborda por doquier. Nuestros tecnócratas sólo han tomado de la modernidad lo que les conviene.

La preparación de esta primera Jornada se complicó por la escasez de recursos para promover el evento y dar apoyo logístico a los miles de voluntarios. Otra preocupación venía de la posible reacción cuando los ciudadanos se dieran cuenta que no se pedía una opinión anónima y discreta, sino una denuncia escrita y firmada con el nombre, el apellido y los datos generales puestos a la vista de todos. Quienes conocen el ánimo que priva en las regiones de nuestra creciente geografía del miedo entenderán las inquietudes.

Pese a todo, se instalaron unas mil 700 mesas distribuidas desigualmente en 31 estados del país: el Distrito Federal tuvo más de 500 y Nayarit no participó. Al momento de terminar esta colaboración se habían registrado poco más de 131 mil denuncias con un promedio de 89 denunciantes por mesa, lo que permite estimar en 150 mil el total de participantes.

En orden de importancia, las principales críticas fueron al pago excesivo de impuestos, a la caída en el ingreso, a la falta de una alimentación adecuada y a la pérdida del empleo y del patrimonio. Más del 90 por ciento se pronunció porque se reduzca el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 10 por ciento.

La Jornada de Condena también incluye testimonios del significado que ha tenido la política económica: Rogelio Rodríguez Sánchez (obrero de 38 años de la Gustavo A. Madero) dice que ``para sobrevivir tuve que poner a trabajar a mis hijos menores de edad'', y es inevitable compartir la humillación de las obreras de las maquiladoras de la frontera norte que, para ser contratadas, deben mostrar sus toallas sanitarias como forma de comprobar que no están embarazadas (información proporcionada por Servicio, Desarrollo y Paz). Para la mayoría de los mexicanos ese, y no otro, es el rostro de la modernidad.

En cuanto a las recomendaciones que hacen los ciudadanos, una primera impresión --confirmada por quienes procesan la información en los estados de Tlaxcala y Chihuahua, entre otros-- muestra algunas constantes: hay irritación y ganas de participar para cambiar a México, pero con medios pacíficos y sin violencia (ésta es constantemente rechazada).

Quienes participamos en esta Jornada --en mi caso desde Alianza Cívica-- la consideramos un éxito porque, pese a la falta de recursos, a las dificultades en la coordinación y a la poca difusión, las redes sociales de organizaciones diversas actuaron conjuntamente y complementándose. En algunas regiones el mérito principal se lo lleva El Barzón, en otros el Frente Auténtico del Trabajo, o Mujeres en Lucha por la Democracia, o el Equipo Pueblo, o el Foro del Cambio Empresarial. En la capital, la Alianza Cívica del Distrito Federal volvió a demostrar su entusiasmo, disciplina y capacidad de movilización.

El éxito también estuvo en que donde se instalaron mesas la gente aceptó poner su nombre y sus agravios. Si hubiera habido más recursos, las mesas se hubieran multiplicado y estaríamos hablando de millones de denuncias. ¿Escuchará y aquilatará el gobierno esta conjunción de voces y voluntades? ¿Bastarán las palabras y las razones o será necesario subirle el tono y llegar a la estridencia?