Prevé la PGJDF comprar armas y autos blindados

Ricardo Olayo Para 1997, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) comprará armas largas, más patrullas y camionetas equipadas con computadora y fax-módem, así como 18 helicópteros con los que vigilará la ciudad, un edificio de adiestramiento para policías judiciales y agentes del Ministerio Público y poner en funcionamiento una completa red de cómputo.

Tan sólo por las aeronaves, se tiene programado solicitar al gobierno de la ciudad un presupuesto de 260 millones de pesos, en tanto que el acondicionamiento de la torre, que fue cedida por el DDF, tiene un costo estimado de 25 millones.

La PGJDF hará la solicitud formal al gobierno de la ciudad para que sea considerado en la planeación presupuestal del próximo año, indicaron fuentes de la dependencia. El procurador José Antonio González Fernández ha expresado a los asambleístas su interés por tener un incremento significativo en el ejercicio presupuestal de la dependencia. Ha dicho que por ofrecimiento presidencial, en el renglón de procuración de justicia no habrá recorte de recursos.

A partir de este año, se incrementó sustancialmente en 62 por ciento el presupuesto de la PGJDF, al pasar de 800 millones que recibió en 1995 a mil 300 millones de pesos este año.

Las necesidades de la Procuraduría responden a una nueva forma de combatir la delincuencia, y de eso dará cuenta el procurador en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, programada para este jueves por la mañana, según afirmaron las fuentes consultadas.

Indicaron que la reciente reestructuración de la Procuraduría capitalina considera que se triplique el número de integrantes del cuerpo de élite de la Policía Judicial, que es el Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), de 100 a 300.

Para eso se tiene planeado adquirir armas cortas y largas, chalecos antibalas, vehículos blindados, automóviles con todos sus accesorios, como torretas, cuchillos y equipo de radiocomunicación, entre otros. El GERI está dedicado a realizar operativos especiales, búsqueda de explosivos, combatir secuestros, entre otras cosas.

Además, los nuevos judiciales que quedarán adscritos al GERI recibirán entrenamiento en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicadas en Temamatla, estado de México.

Dicha capacitación es parte de los cursos que imparte el Instituto de Formación Profesional (IFP), organismo que en junio próximo pondrá en funcionamiento un edificio de cinco pisos con modernos sistemas de tiro electrónico, anfiteatros con escenarios para la reconstrucción y preservación del lugar de los hechos y descenso a rapel, entre otras instalaciones para mil 500 alumnos del DF y estados de la República que estén interesados.

Entre los planes de la PGJDF está el equipamiento de 15 camionetas con computadora y fax-módem, así como un banco de datos para ser utilizadas en operativos especiales o funcionar como agencias del Ministerio Público móviles.

En todos los casos las cinco subprocuradurías trabajan en coordinación con la Oficialía Mayor para realizar el presupuesto. Las negociaciones con el DDF han empezado de manera formal y se tratará de tener dinero para concluir las obras que se inician este año como la torre, y realizar otras nuevas.

En el caso del edificio, éste fue cedido por el gobierno de la ciudad --a un costado del IFP-- y que el Departamento del Distrito Federal realizará la licitación de las obras de adaptación.

Otro de los proyectos que en breve pondrá en marcha la Procuraduría será la red de cómputo que la conectará con los reclusorios de la ciudad para conocer de primera mano, junto con el Poder Judicial, el número de libertades dictadas, el seguimiento de los procesos penales, y los ingresos a la cárcel.

La modernización tecnológica tardará un año y se tratará de concretar en las 71 agencias del Ministerio Público, para una atención más eficaz a los ciudadanos. La PGJDF aún hace ajustes sobre el dinero que puede ejercer este año y trata de reubicar a mucho personal, luego que la reestructuración incluyó la desaparición de algunos departamentos.

Las necesidades van desde más líneas telefónicas internas y para la atención al público, concluir la instalación de seguridad en el edificio de Fray Servando Teresa de Mier y completar el aumento salarial ofrecido a agentes judiciales y del Ministerio Público.