El silencio, respuesta oficial a las pugnas en el Mezquital

Matilde Pérez U., enviada /III y última, La Palma, Orizabita, Hgo. ``Aquí ningún periodista viene si no es un trabajo pagado. A ti ¿quién te está pagando?''. Con ese tono agresivo intentó defenderse Isidro Hernández Trejo, el ex presidente de la Unión de Comunidades del Valle (Covac): ``Yo no participé en la toma del Centro Campesino de Ixmiquilpan''.

En su comunidad, localizada a 40 kilómetros de la cabecera municipal de Ixmiquilpan --a la que se llega por un camino de terracería entre la zona montañosa--, aclaró: ``hay inconformidad de la gente por la amenaza de que les van a quitar sus casas, sus animalitos y todo lo que tienen por no pagarlas, y temor de que Salvador (García) y Oralia (Cárdenas, asesores de Servicios para el Desarrollo) vendan los camiones, como lo hicieron con el del programa de abasto. Nos engañaron con que Covac no cobraba intereses ni actuaba en contra de los indígenas''.

Hernández Trejo aseguró que como presidente de Covac ``nunca manejé el dinero ni supe cuánto llegaba de esas fundaciones del extranjero y me di cuenta de que nosotros --los del comité coordinador y de los regionales-- no tomábamos las decisiones, ese asunto era de Oralia y Salvador. Covac se había convertido en una instancia burocrática. Eso me causa mucha tristeza porque yo fui uno de los fundadores''.

Insistente en mencionar que está enfermo del oído derecho, el ex presidente de Covac aseguró no ser cabeza del Comité de Defensa del Pueblo „añú o de los ``inconformes, como nos llaman''. Pero en su plática reveló detalles de los hechos del 23 de marzo, durante la toma del Centro Campesino en Ixmiquilpan.

``No tomaron el centro, sólo se llevaron a guardar a las comunidades (Chichimecas y San Juanico) los camiones; lo hicieron porque un Chevrolet de tres toneladas del programa de abasto, lo vendió Salvador sin la autorización de los comités. La gente pensó que empezarían a vender todos los camiones. Ni los archivos ni otros bienes se tocaron; el administrador del Centro, Alejandro Marín Simón, lo constató''.

También ``exigimos que se informe detalladamente de los montos que se manejan en el programa de vivienda y de las 12 cuentas que tiene Sedac para que no haya mala interpretación ni mala intención. Sabemos que Salvador elabora proyectos para Finlandia, Holanda y otros países europeos, pero no nos dijo nunca cuánto dinero administra. Como representante --no sé qué papel tenga-- de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y parte de Veracruz, maneja dinero, aunque no lo puedo confirmar. En el caso del Valle (del Mezquital), no sé si son cuentas bancarias o de la bolsa de valores'', dijo con un tono burlón.

Luego de afirmar que está ``en favor del diálogo'' con los dos asesores de Sedac, señaló que la demanda que el Comité de Defensa del Pueblo „añú iba a interponer en contra de García y Cárdenas no procedió porque no se ajustaron las pruebas concretas''. Contradictorio en sus señalamientos, el ex presidente de Covac aseveró que ninguno de los asesores de Sedac ``quiere acercarse a dialogar porque saben que hay una demanda en su contra''.

``Estamos dispuestos a un diálogo, pero en Ixmiquilpan'', destaca y asienta que la gente de las comunidades del citado comité de lucha ``no llegaremos a la violencia. Pero ambos tenemos que reconocer nuestros errores (porque) Covac es la defensa de los indios; no nos conviene que se acabe todo''.

Sin embargo, para Mario Pérez Isidoro, de la comunidad de Xuchitlán y miembro del Comité de Defensa, la única solución es que Oralia Cárdenas y Salvador García ya no regresen al Valle del Mezquital y se termine con Sedac. ``Hay mucha desconfianza de la gente, incluso se pensó que había un plan para acabar con todas las cosas que tenemos y después se irían, por eso recogimos las cinco camionetas del Centro Campesino, pero ningún tractor, ése es problema de los estableros''.

En su comunidad de origen, habló de la invitación a un diálogo en la ciudad de México el pasado 30 de agosto. ``Lo rechazamos porque el problema tiene que arreglarse aquí y además era para cinco personas y nosotros siempre hemos pedido que sea un representante por comunidad, es decir 45 personas, aunque entendemos que no se puede llegar a un arreglo con tanta gente, pero por lo menos que acepten 25''.

Además, ``Covac violó el reglamento de acuerdo con Habitat (para la Humanidad) en el que se establece que las casas se pueden pagar a 20 años y no en 10 como a nosotros nos dijeron. Entonces el plazo de pago podría ampliarse a 12 años, por la crisis''.

Tajante, reiteró: ``la solución es que Oralia, Salvador y Sedac salgan definitivamente porque son nuestros enemigos y cuando surge un odio eso no se olvida; cambiar al personal de Covac para que junto con Habitat y otras organizaciones trabajemos directamente''.

En sentido contrario se pronunció Fernando Pérez Isidoro, de la comunidad de Chichimecas. ``Ellos (Salvador y Oralia) tienen experiencia de cómo se llevan a cabo los proyectos y cómo se organiza a la gente, pero les faltó entender el temperamento indígena. Su trabajo es necesario e importante para volver a rehacer esto. Espero que la gente rectifique su actitud''.

En una plática previa a la reunión del ejido, en Xuchitlán, el maestro rural consideró que de regresar ambos asesores de Sedac, ``tendrían que convivir más con las comunidades y ser más flexibles para poder entender la forma de pensar y de reaccionar de los indígenas''.

Sugirió soluciones al conflicto del programa de vivienda: confirmar en cada una de las comunidades beneficiarias si hay construidas 3 mil 700; hacer un corte de caja de todo lo pagado para detectar si hay fugas o desvíos, pues los comités regionales tomaban parte del dinero; revisar el contrato de vivienda y establecer uno diferenciado, de acuerdo con las posibilidades de pago de cada pueblo; no condicionar el diálogo a la devolución de los vehículos y que éste se realice en Pachuca, como punto intermedio.

Calificó como ``denuncita'' la acusación del Comité de Defensa en contra de los dos asesores de Sedac y la minimizó: ``ellos saben que no es procedente: también presentaron una en contra de nuestras acciones, pero no nos han hecho nada porque no hay delito y nada se puede probar''. Este no es un problema jurídico sino de entendimiento y para eso hay que realizar las primeras pláticas, fijar una agenda y después discutir en una asamblea. Pero este asunto está estancado.

A partir del 30 de mayo, los comités regionales y el coordinador de Covac, así como el equipo de Sedac han solicitado audiencia al gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, para dialogar sobre la situación que afecta a las comunidades del Valle. ``Queremos que conozca nuestra versión de los hechos'', precisa una de las diversas peticiones.

La respuesta ha sido el silencio.

En tanto, la organización estadunidense Volunteers for Peace y el Colegio Internacional de Canadá, en escritos dirigidos al gobierno estatal externaron su preocupación por la situación en las comunidades donde se han detenido los programas de Covac y Sedac. Ello sólo daña más a la gente que necesita ayuda y apoyo en su lucha por la sobrevivencia en una de las regiones más pobres y olvidadas de México'', destaca Volunteers for Peace.

Subraya que ``ese no es un problema interno de las organizaciones sino de todo el Valle'', por lo que consideran importante la mediación del gobernador Murillo.

En el mismo tenor se han pronunciado, también por escrito, la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, la red de organizaciones no gubernamentales Foro de Apoyo Mutuo y las comunidades otomíes de Veracruz, estado de México, Querétaro e Hidalgo.

A las organizaciones internacionales, el secretario de Gobernación del estado, Manuel Angel Núñez, les respondió: ``el gobierno de Hidalgo se ha enterado por la prensa que campesinos de la región cuestionan el uso transparente de los recursos financieros de Covac y Sedac y que ha surgido un sentimiento de que se tiene que realizar una depuración de los dirigentes de ambas organizaciones. Nosotros no tenemos conocimiento profundo sobre el desarrollo del conflicto, debido a que siempre hemos respetado el trabajo independiente y las decisiones internas de las organizaciones no gubernamentales establecidas en nuestro estado''.

Insistente en destacar que el gobierno estatal no tiene influencia en las decisiones de Covac y Sedac, Núñez externa su confianza en que pronto se llegue a una solución satisfactoria y agradece a los organismos internacionales ``su atención a los eventos en estas comunidades''.