El Programa Integral de Transporte y Vialidad 1995-2000 del gobierno del Distrito Federal, apoyado por el PRI y el PAN y criticado por el PRD y el PT, pone el acento en la construcción de grandes obras de vialidad interior y exterior al perímetro urbano, para la ``modernización'' de la red y mejorar la circulación vehicular, al tiempo que asigna el papel ``fundamental y casi exclusivo'' en su construcción y gestión al capital privado, bajo el régimen de cuota pagada por los usuarios, y anuncia el retiro casi total del gobierno de este sector básico del desarrollo urbano (La Jornada, 6-X-1995).

Por su parte, el capital constructor privado representado por el grupo Siglo XXI, en donde se integran cámaras patronales del sector, colegios profesionales y grandes empresas constructoras, presentó al regente del DF un paquete de obras viales por 20 mil millones de pesos, que incluye los segundos pisos de algunas vías rápidas, nuevos ejes viales, libramientos carreteros, puentes vehiculares y trenes ligeros, que está interesado en construir bajo concesión (La Jornada, 16-VIII-1996). Así, capital-constructor privado, PRI-gobierno y PAN se articulan en el proyecto (y la acción) neoliberal privatizador y excluyente para esta parte de la gran ciudad. Las contradicciones que resultan para la ciudad y sus habitantes mayoritarios son múltiples y complejas.

1. Se opta por un proyecto de ciudad para los automovilistas privados, una minoría absoluta de los ciudadanos y de los que se transportan, pero que consumen la mayor parte de la infraestructura, con un impacto destructivo sobre el medio ambiente (consumo de energéticos y contaminación atmosférica) y su efecto de ruptura de la continuidad urbana y su disfrute. Al mismo tiempo, se subordina el desarrollo del transporte colectivo más racional y menos contaminante y se entorpece su operación con el privilegio a la vialidad para el transporte individual.

2. Se encarece la vida urbana al someter crecientemente sus infraestructuras y servicios al código de la ganancia mercantil privada. La mayoría de los defeños, agobiados por el desempleo y la brutal caída de sus salarios e ingresos, empobrecidos, son excluidos crecientemente de los satisfactores básicos urbanos por la imposición de tarifas comerciales y la eliminación de la acción estatal directa y de los subsidios. Este carácter excluyente y elitista del proyecto urbano neoliberal se manifiesta también en la contracción del gasto público social y el olvido de las necesidades de dotación de vivienda, infraestructura y servicios para las colonias populares, viejas y nuevas.

3. El gran capital constructor privado, nacional y extranjero, único que puede entrar en el negocio de las concesiones, asume cada vez más el control de las arterias urbanas e interurbanas, quitándole la soberanía territorial al Estado y a la sociedad defeña. Lo público se hace privado, lo colectivo se somete al control individual empresarial. Sin embargo, la crisis de rentabilidad de las carreteras privadas de cuota, hoy otra vez en venta al Estado, nos hace temer una maniobra monopólica tendiente a obtener beneficios en el corto plazo, y transferir nuevamente los costos en el largo a los contribuyentes.

El programa gubernamental y la iniciativa de los constructores, son otro paso más en la privatización y elitización de la ciudad, en la exclusión y expulsión de los pobres de la capital, en su conversión en espacio para la minoría de población de altos ingresos y la acumulación monopólica de capital