Seguridad ideal, sólo con 300 mil policías: Salgado

Alonso Urrutia El general salió a la calle. El secretario de Seguridad Pública, Enrique Salgado Cordero, escuchó quejas contra la policía, ya sea por corrupción o por su complicidad con las bandas criminales; recogió reclamos por la ``alarmante'' falta de seguridad y algunos parabienes por el desempeño de efectivos de Transformación 2000.

Abrumado de quejas durante su recorrido por la zona más peligrosa de la capital --el Centro Histórico-- Salgado aventuró que para ofrecer una seguridad ideal a esta ciudad se requeriría incrementar el número de policías a 300 mil.

Era el primero de la segunda serie de recorridos promovidos por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) por las diez colonias más peligrosas de la ciudad.

Tour por las zonas críticas, el cual comenzó en la calle de Chile, donde los comerciantes han tenido que acceder a pagar protección a los delincuentes. Un tropel de funcionarios y legisladores observan todas las vecindades de Chile, reconocidas por los comerciantes como guaridas de asaltantes.

Guadalupe Gómez, de la Asociación de Comerciantes del Centro, sostiene que su gremio teme hacer denuncias. ``Hay represalias, secuestros de empleados o de los propios comerciantes, balean las cortinas de los negocios para intimidar y que no existan denuncias contra la delincuencia. Por eso no hay denuncias, general.''

Salgado escucha impasible y responde pausado: ``Es necesaria la denuncia para actuar''. Era apenas el comienzo de una larga letanía de quejas contra la inseguridad prevaleciente.

Momentos después, la primera irrupción en Chile 49. La disposición de la vecindad hace posible la evasión de los delincuentes a través del edificio contiguo prácticamente deshabitado desde hace diez años.

El general escucha paciente las quejas: que ahí viven los delincuentes; que en ella meten a la gente para asaltarla; que adentro se drogan las bandas; que ha habido balaceras...

Entre los jefes policiacos que lo acompañan complementan la información y aseguran ``haber encontrado matas de mariguana en las azoteas de las vecindades''.

Sin alterarse, el secretario de Seguridad Pública responde: ``Sabemos que en las vecindades viven los delincuentes, pero las leyes impiden actuar a menos que haya flagrancia, en su caso, una intervención es responsabilidad de la policía judicial''.

Llueven preguntas sobre la eficacia de la policía y el responsable de la SSP rechaza que se haya fracasado. ``Hemos dicho que son insuficientes los elementos de la policía''.

El secretario rechaza que exista contubernio generalizado de la policía con los asaltantes; afirma que T-2000 no ha fracasado; ratifica que el Ejército no patrullara las calles y subraya que sin denuncia es difícil actuar''.

De entre los laberintos de una vecindad, una mujer le sale al paso, tiene una valoración ambigua de T-2000. Desde que llegó a las calles de Chile se ha inhibido la delincuencia, pero hay otros policías que están coludidos con la delincuencia.

Salgado Cordero reconoce que la corrupción es un mal que no se ha erradicado. Cita las cifras de las sanciones que revelan que ya ha habido 60 efectivos consignados penalmente, 200 suspensiones y 300 destituciones de junio a agosto.

Al paso de la gira, las denuncias continúan, ya sea a la policía, los legisladores o los reporteros. Una mujer empleada de una tienda de ropa de novias revela que el local ha sido ya sitio para asaltos. ``Aquí los meten y los esculcan todos, nos amenazan y no se puede hacer nada''.

Las vecindades donde se ocultan los delincuentes están plenamente identificadas para la población y la policía, pero no hay respuesta alguna.

Más adelante, sobre la calle de Paraguay, los comerciantes hacen entrega de un local para que se utilice como módulo policiaco. Los responsables de T-2000 ubican a Paraguay como la calle más peligrosa del Centro. Es la zona conocida de una banda denominada Los Mayas.

La casa marcada con el número 62 de esa calles es refugio permanente y existe vigilancia policiaca constante, pero los miembros de las bandas se las arreglan para continuar con sus actividades.

``Aquí viven los delincuentes'', dice una mujer al general y los asambleístas.

--¿En qué lugar?, devuelve Salgado.

Por temor, la mujer evita dar más datos, pero hay certeza en lo que denuncia. El presidente de la Comisión de Seguridad, Pedro Peñaloza, dijo que existe una ``fractura en la relación entre sociedad y autoridad. No hay credibilidad a la acción policiaca y eso puede degenerar en los extremos, o la costumbre a convivir con la delincuencia o hacerse justicia por propia mano''.

--¿Que cambió desde hace un año? ¿Se conoce a los delincuentes y sus refugios?

--No ha cambiado nada. Falta voluntad política y coordinación entre las corporaciones policiacas, concluye.

Alonso Urrutia Tras reiterar que las comisiones de derechos humanos no defienden delincuentes, el ombudsman capitalino, Luis de la Barreda Solórzano señaló que ``la ineficacia de las policías se ha dado antes y después de la creación de estos organismos. Desgraciadamente la tendencia histórica de impunidad se acerca al 90 por ciento y eso no es responsabilidad nuestra''.

Entrevistado antes de participar en el seminario sobre derechos humanos que organiza la comisión del ramo de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, De la Barreda lamentó que se hayan dado ya casos de justicia por propia mano, lo cual consideró como inaceptable.

Subrayó que una de las principales propuestas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se refiere a la transformación del Ministerio Público para dar una mayor eficacia a su actuación.

Ya en su ponencia, De la Barreda aseguró que si continúa el avance democrático del país y los organismos demuestran su eficacia en el desempeño, medida no en recomendaciones sino en la transformación de la realidad del abuso del poder, la institución llegó para quedarse.

El titular de la CDHDF expuso que la ineficacia de un organismo público le resta poder al ombudsman. Es claro --reconoció-- que los organismos no tienen instrumentos de coacción para hacer cumplir las recomendaciones pero su eficacia radica en los efectos que produce en la transformación de esa realidad.

Reiteró que la recomendación es la única arma para corregir los abusos del poder. En este sentido y a pregunta expresa dijo que el incumplimiento de las recomendaciones no ha sido la constante en la relación con las autoridades del Departamento del Distrito Federal (DDF).

Señaló que existen cuatro recomendaciones en las cuales las autoridades capitalinas no han cumplido cabalmente. Cito el caso de la dirigida a la Dirección General de Reclusorios sobre los privilegios que tienen algunos reos en el interior de los penales, la cual no ha sido cumplida.

Asimismo, dijo que la Procuraduría capitalina no ha dado cumplimiento a un recomendación sobre el no ejercicio de 26 órdenes de aprehensión por motivos de negligencia u otras razones no atribuidas al ocultamiento de los delincuentes. Tampoco se ha cumplido otra sobre el pago de una indemnización que el DDF expropió a un particular y, finalmente, una última sobre las condiciones de las instituciones de salud del gobierno.