Resulta difícil reconciliar el desarrollo que, según el presidente Ernesto Zedillo, ha tenido la democracia con la necesidad que tiene su gobierno de recurrir a toda la fuerza del Estado para resolver los problemas del país. En su segundo Informe de gobierno, el Presidente señaló en varias ocasiones que ``estamos avanzando a una democracia plena'', y lo quiso demostrar subrayando los cambios en las reglas y las instituciones electorales recién aprobados por el Congreso de la Unión.

La principal evidencia del avance democrático que mostró el presidente Zedillo, es el acuerdo que alcanzaron los partidos políticos en materia electoral: ``el consenso comprueba que nuestra vida política tiene la vitalidad y la capacidad para unirnos en propósitos fundamentales y para construir, entre todos, instituciones más sólidas y mejor preparadas para servir a los mexicanos''. Sin embargo, parece claro que de manera paralela a los cambios legales e institucionales que se han logrado en este tiempo, el número de mexicanos que actúa al margen (e incluso en contra) del marco de la democracia formal no se ha reducido sino, al contrario, ha aumentado.

Más que una simple contradicción, este hecho representa el principal desafío que enfrenta la transición de una democracia verdaderamente plena en México y, sin embargo, el presidente Zedillo no hizo alusión alguna a este fenómeno en su Informe. En cambio, enfatizó las bondades de los cambios procesales y administrativos bajo los cuales los partidos políticos contendrán en las próximas elecciones de 1997, y amenazó con desatar toda la fuerza del Estado contra aquellos ``grupos que utilizan el terrorismo para asesinar, destruir y atemorizar''.

No se trató de una condena amplia y generalizada que incluyera a las guardias blancas o las fuerzas paramilitares que operan en muchas regiones ``asesinando, destruyendo y atemorizando'' a campesinos y trabajadores indefensos. La amenaza fue más específica y en otra dirección, pues iba dirigida al Ejército Popular Revolucionario --que en ese entonces acababa de realizar acciones violentas en varios estados de la República. El aislamiento que mantiene el EPR del resto de la sociedad civil lo deja vulnerable a una respuesta de fuerza de parte del gobierno, pero esto no exime a las autoridades de la responsabilidad de buscar soluciones políticas a los problemas que continúan surgiendo en el país.

Esta responsabilidad fue asumida por el propio presidente Zedillo de la manera más enfática desde el principio del sexenio, pues en el Plan Nacional de Desarrollo dice: ``el compromiso fundamental del Ejecutivo federal, en el ámbito político, es con la democracia. Con vistas al año 2000, partimos de la certeza de que un pleno desarrollo democrático es posible, deseable, necesario y se encuentra cercano''. Hasta ahora, sin embargo, los avances se han restringido a la esfera electoral y, en cambio, el gobierno ha mostrado ser incapaz de resolver positivamente las demandas que los zapatistas y otras organizaciones de la sociedad civil han hecho cada vez que van más allá de los límites de una democracia formal.

Las acciones del EPR han vuelto a demostrar que el gobierno, a pesar de los recursos empleados en los programas de Solidaridad y en inteligencia política, desconoce la extensión y magnitud de los problemas sociales que aquejan a una parte importante del país. Las contradicciones y equivocaciones en que han incurrido los principales funcionarios del área política del gobierno al tratar de identificar y caracterizar al EPR, son evidencia de las insuficiencias de un aparato estatal anquilosado y premoderno.

Ante el surgimiento del EPR, el presidente Zedillo aclaró que ``el gobierno federal no caerá en provocaciones''. Pero esto fue lo que hizo al señalar que recurriría a toda la fuerza del Estado para combatirlo; pues es precisamente la falta de fuerza del Estado la causante del surgimiento de grupos guerrilleros o acciones que sin ser políticas, como los linchamientos que se han registrado recientemente en varias comunidades del país, también evidencian el desmoronamiento de instituciones fundamentales de la convivencia social. La fuerza del Estado se construye con democracia, no con helicópteros.