En Colombia, acuerdo entre el gobierno y campesinos cocaleros Respaldo a quienes realicen erradicación voluntaria de plantíos

Afp, Ips, Ap, Dpa, Efe y Reuter, Santafé de Bogotá, 12 de septiembre El gobierno colombiano y los campesinos cocaleros llegaron a un acuerdo en torno al conflicto de los cultivos ilícitos, consistente en la erradicación ``voluntaria'' de los plantios por los labriegos, con lo que se pone fin a 46 días de marchas y protestas violentas.

Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Ernesto Samper interpretó como un cambio de actitud por parte de Estados Unidos la autorización legislativa de la venta de una docena de helicópteros al país sudamericano, que serán utilizados tanto en los operativos antidroga como en los de contrainsurgencia.

El acuerdo con los cocaleros de Caquetá --60 mil campesinos que estuvieron en los últimos días en pie de protesta-- prevé inversiones estatales por un monto de 14 millones de dólares en salud, vivienda, educación y carreteras en la zona de conflicto.

Para el espinoso tema de los cultivos, se pactó un pago equivalente a 2 mil 300 dólares por hectárea erradicada, y cada campesino que se acoja a ese plan de sustitución de su cosecha recibirá un subsidio para vivienda por unos mil 800 dólares.

Asimismo, para facilitar la desmovilización campesina, cinco empresas de transporte pondrán a disposición de los campesinos 200 autobuses. De esa manera, los millares de campesinos comenzaron a retornar a sus tierras, luego de dejar atrás al menos seis muertos y decenas de heridos en choques con la policía y los militares.

El acuerdo fue firmado en Florencia, capital de Caquetá, aunque en el último tramo de las tratativas estuvo presente el ministro del Interior, Horacio Serpa. Así, éste es el tercer acuerdo que logra el gobierno con los cocaleros, pues antes había pactado con los de Putumayo y Guaviare. Ahora, subsiste la protesta de otros 2 mil en Bolívar, quienes rechazan la fumigación de sus cultivos.

No obstante, todavía el lunes se discutirán otras partes del acuerdo, dado que muchos campesinos temen por la política gubernamental de fumigaciones masivas, pues previamente las autoridades dijeron que éste no era tema negociable. Más aún: la erradicación ``voluntaria'' se define en la perspectiva de que quien no la acepte, deberá afrontar las fumigaciones forzadas.

En este marco, la Policía Nacional anunció que se dispone a iniciar un programa experimental con un nuevo herbicida en la erradicación masiva de cultivos ilícitos. El nuevo producto químico se llama Imazapyr, y será esparcido durante tres meses en las principales zonas cocaleras del sur del país, dijo el jefe policial, Rosso José Serrano.

Mientras, comandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) incendiaron esta madrugada tres haciendas de la multinacional bananera estadunidense Dole, radicadas en la región del Magdalena.

La quema de oficinas y bodegas ocasionó pérdidas que fueron valoradas en unos 600 mil dólares.

La multinacional Dole comercializa un 55 por ciento del plátano de Magdalena, la zona de mayor producción de ese fruto en Colombia. En esa región, la compañía cuenta con 2 mil 200 hectáreas de propiedades, y emplea aproximadamente a 12 mil personas.

No obstante, el ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, afirmó que no era necesario que el gobierno declare un estado de emergencia para enfrentar la más reciente ofensiva rebelde. A su vez, la Comisión de Conciliación exhortó a las FARC a acelerar el proceso para la liberación de unos 60 soldados que mantiene prisioneros.

Protesta por el lenguaje de Gelbard

Por otra parte, la canciller María Emma Mejía estimó que la decisión del Congreso de Estados Unidos de vender helicópteros artillados a su país muestra que ``hay una intención de cooperar''. No obstante, se mostró cautelosa al manifestar que no descartaba aún posibles sanciones a resultas del diferendo en materia antidrogas.

Mejía protestó este día ante el embajador estadunidense Myles Frechette por el ``lenguaje fuera de tono contra el país'' utilizado la víspera por el subsecretario de Estado para asuntos de narcóticos, Robert Gelbard. El ministro de Justicia, Carlos Medellín, pidió por su parte a Estados Unidos probar sus denuncias de que líderes del cártel de Cali siguen dirigiendo sus actividades delictivas desde la cárcel.

En otro orden, el presidente Samper propuso ante el Congreso al periodista y diplomático Carlos Lemos, actual embajador en Gran Bretaña, como nuevo vicepresidente, tras la renuncia de Humberto de la Calle. En su carta señaló que el vicepresidente es un compañero de trabajo y no un competidor, en clara crítica al dimitente. Por su parte, Lemos prometió plena lealtad al gobierno samperista al aceptar su postulación. Sin embargo, hasta el próximo miércoles el pleno del Congreso se reunirá para formalizar el nombramiento.

Otro asunto que llamó la atención fue que cuatro horas después de haber anunciado la anulación de un proceso penal contra el ministro del Interior, Horacio Serpa, y los ex ministros del Exterior, Rodrigo Pardo, y de Comunicaciones, Juan Manuel Turbay, el fiscal general Alfonso Valdivieso anunció la reapertura del caso.