El último y lamentable comunicado de la Secretaría de Gobernación, a propósito de la suspensión del diálogo en Chiapas, parece inscribirse en una provocación más de la errática política de la actual administración.

Después del surgimiento del EPR --que marca una nueva y profunda ruptura por su extensión y gravedad--, el gobierno intentó conjurarlo recurriendo casi a la misma campaña que había usado en los primeros días del 94 en contra del EZLN. En ese momento, los rebeldes de Chiapas también fueron acusados de acciones supuestamente terroristas, ocurridas en esos días en la ciudad de México y que tenían como fin crear el clima propicio para apoyar esta primera ``caracterización'' y trato consecuente hacia el grupo rebelde.

El caso es que el comunicado implica algo mucho más grave: la evidencia de que Gobernación sigue considerando al EZLN como una organización de unos cuantos conspiradores urbanos que manipulan a los indios, y que se hallan libres gracias a su pretendida ``magnanimidad'' (y no a un fallo legal emitido después de que el Ministerio Público no pudo probar acusaciones arrancadas por la fuerza). Demuestra que la patética comparecencia de Zedillo y Lozano Gracia en la pantalla chica aquel 9 de febrero --cuando varios supuestos ``comandantes'' y ``presuntos zapatistas'' eran torturados en la PGR y en el Campo Militar No. 1, y cuando el Ejército avanzaba hacia la ``zona de conflicto''--, sigue siendo la versión oficial de los hechos (``una rebelión que no es indígena ni popular'', decía Zedillo entonces).

En su confesión de parte, Gobernación miente repetidamente, ignora a las comunidades indias y a sus dirigentes como sujetos de esta historia, y demuestra ante la opinión pública por qué no se avanza en San Andrés. Olvida que los acuerdos firmados de la Mesa 1 (Derechos y Cultura Indígenas), están entregados a la voluntad de una ``mayoría'' legislativa sometida a cualquier decisión del Ejecutivo, y que no han sido concretados en ninguna disposición legal. Gobernación considera, entre otras cosas, que el Ejército no ha afectado los derechos humanos, a pesar de las constantes denuncias de violaciones en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y otros estados, de las ejecuciones sumarias en Ocosingo a principios del conflicto y de que, en abierta violación al artículo 129 constitucional, la tropa se apoderó, desde aquel febrero de 1995, de las tierras ejidales de Guadalupe Tepeyac para construir allí un cuartel.

Para quienes hemos sido testigos de la inmensa torpeza de la delegación gubernamental en San Andrés --que fue constatada por cientos de asesores e invitados y por los miembros de la Cocopa y la Conai--, resulta insultante la pobreza de argumentos esgrimidos y el uso de los medios, la radio y la televisión oficiales, para difamar a los rebeldes y amenazar a varias personas, a las que Gobernación ha conferido ya grados militares en el EZLN. Así, esta conducta irresponsable demuestra que la negociación de San Andrés se había convertido en un protocolo de fechas fatales, en donde no se logró un diálogo porque el gobierno no tenía más intención que agotarlos y rendirlos, mientras habilitaba (después de la renuncia del ``embajador'' Iruegas), y para dialogar con los rebeldes, a una delegación de ``conversos'' de la vieja ultraizquierda urbana, absolutamente ignorantes de los problemas que allí se discutían. Sería bueno que la minuta de las negociaciones se hiciera pública, para que se viera claramente la serie de provocaciones verbales y violentas que el gobierno federal (y las bandas armadas del ``gobierno'' impuesto en Chiapas por el Ejecutivo), montaron cada vez que se intentaba llegar a acuerdos.

La sociedad mexicana quisiera ver aplicado todo el peso de la ley y la ``fuerza del Estado'' a quienes han saqueado el país y desgarrado el tejido social, --los que basan su poder discrecional en el fraude y que están todavía en el poder--, a los verdaderos capos del narcotráfico que lavan dinero en las campañas del partido oficial, a los terroristas que asesinaron campesinos inermes en Aguas Blancas, a los brutales asesinos de Colosio, Ruiz Massieu y de cientos de militantes perredistas abatidos en todo el país. Cuando la fuerza de la ley caiga sobre ellos, el actual desorden institucional empezará de nuevo a ser un Estado, el reinicio de un orden legal. Así pues, la verdadera fuerza de éste es implícita y se funda en la legitimidad: ningún armamento y ninguna amenaza la sustituye.