A los que en México llamamos paracaidistas, invasores, pobladores pobres o simples colonos de las periferias urbanas, en el mundo se les conoce como squatters, sustantivo que nombra a quienes por la fuerza toman un terreno o inmueble de manera ilegal. Intruso, usurpador, ladrón, son vocablos jurídicos que hacen referencia a lo mismo. Surgieron en los países desarrollados a finales de los sesenta al lado del movimiento hippie y cobraron mayor fuerza en los setenta y primera mitad de los ochenta con las últimas luchas obreras importantes antes de que fueran desmantelados los grandes sindicatos fordistas, cuando el interlocutor era aún el Estado benefactor. Con la llegada de los gobiernos conservadores el asunto lo hizo suyo la policía. Los gobiernos socialistas por su parte no lo hicieron distinto, aunque justificándolo con otros argumentos. Hoy en esos países es un movimiento social muy débil, aunque suele resurgir bajo determinadas circunstancias, ya más en el ámbito de las luchas ciudadanas que en las de una clase social contra las otras.

El movimiento presentaba dos modalidades. La primera casi siempre protagonizada por sectores desempleados que efectuaban tomas de edificios abandonados para mejorar temporalmente su condición habitacional, en invierno por ejemplo o durante la lactancia. Se prolongaba eso hasta la llegada de la policía, lo cual podía tomar unas horas o varios meses. La segunda, en cambio, perseguía fines políticos: por lo general era emprendida por sectores subempleados y empleados regulares de bajo ingreso o incluso albañiles que antes habían construido el edificio financiado con fondos públicos, con el propósito no de quedárselo sino hacerse de una posición de fuerza para negociar un programa de vivienda subsidiada en otro lugar. Actualmente la problemática de los squatters es protagonizada por los homeless o pobladores sin techo, quienes tan sólo en Estados Unidos suman más de tres millones.

En México desde tiempo atrás se da el fenómeno de los squatters en edificios abandonados, aunque protagonizado más por teporochos que por un movimiento social organizado. De hecho los frentes de lucha emprendidos por organizaciones populares, incluso las de base inquilinaria, estaban en otras partes de la ciudad. Sin embargo, durante los últimos diez años una cierta tolerancia del gobierno a determinados grupos y partidos políticos, en particular el del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, provocó que el fenómeno creciera en las ciudades hasta convertirse en un problema que no se sabe bien a bien como enfrentar por la dificultad que en sí representa, pero también por carecer de actores definidos. Si alguna vez tuvo fines políticos, incluso sociales, hoy la práctica de invadir edificios desocupados o semiocupados es simple y llanamente un despojo. Hasta ahora no se sabe que el Movimiento Urbano Popular ni ninguna organización ciudadana reivindique al llamado grupo PASH, de Olegario Martínez García, cuyo origen y trayectoria son inciertas. Aunque tampoco se sabe qué piensan al respecto los partidos políticos, pues a diferencia de otros asuntos hasta ahora no han dicho nada.

El caso es que las condiciones actuales se prestan para eso. En la ciudad de México, por ejemplo, el despoblamiento de áreas cada vez más grandes, la crisis habitacional y la ausencia de políticas públicas al respecto, crean un clima propicio para la invasión. De un lado los edificios permanentemente desocupados y los que se ofrecen en el mercado pero que por las condiciones presentes no pueden realizarse; y de otro una cartera vencida que potencialmente puede convertir en desocupados los inmuebles hoy habitados por miles de familias de todos los estratos socioeconómicos. Escribe Karina Avilés en este diario (13/VIII/96) que la AMPI, Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios, estima que en el Distrito Federal más de 5 mil inmuebles que suman casi 2 millones de metros cuadrados están desocupados. Sobre la subocupación no se publican datos, pero un cálculo conservador indica que podría representar al menos 10 por ciento del parque inmobiliario existente. Es decir, que uno de cada diez inmuebles presenta un determinado grado de desocupación. Otros cálculos menos conservadores señalan que podría tratarse de un 15 o 20 por ciento. A eso se suma una cartera vencida en el país que en materia de vivienda, dice el Banco de México, sumaba a principios de año 9 mil 547 millones de pesos en la banca comercial consolidada y 65 millones en la de desarrollo.

Los squatters de las colonias Industrial, Condesa, Roma, etcétera, son un actor social nuevo que viene a enrarecer más el panorama urbano de la ciudad de México