Huye pueblo mixteco por la violencia y la impunidad

Víctor Ruiz Arrazola, corresponsal /I, San Lucas Atoyaquillo, Oax. En esta comunidad de indígenas mixtecos, de 70 hombres adultos que había en junio de 1995 sólo permanecen 19. Ocho fueron asesinados por pugnas entre militantes de Antorcha Campesina y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el resto emigraron. Ahora los hombres, 40 mujeres y 80 niños que quedan decidieron trasladarse ``como refugiados'' a la ciudad de Oaxaca el 17 de septiembre, ante la violencia, la impunidad y la hambruna que los aquejan.

Para atestiguar el éxodo y ``proteger la salida de la población'', el Centro de Derechos Humanos de la Mixteca y la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y a organismos internacionales, el envío de observadores, así como la presencia de los medios de comunicación.

Pidieron también al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ``su intervención y auxilio a la población desplazada''.

Por los asesinatos, que se iniciaron en julio de 1995 con la muerte de Salvador Ramírez Villa, del comité local del PRD, 29 menores quedaron huérfanos. Los atropellos policiacos y la detención de presuntos homicidas ocasionaron más quebrantos, ya que otros 14 niños quedaron desamparados porque sus papás fueron encarcelados.

En la comunidad, ubicada a 450 kilómetros al poniente de la capital oaxaqueña, en el distrito de Jamiltepec, se habla en voz baja de ``los hombres que se fueron al monte con todo y sus armas'' y que nadie sabe a qué se dedican, pero que a veces regresan de noche para enterarse de lo que pasa en el pueblo y luego vuelven a desaparecer.

En la zona también se habla de un grupo de hombres armados que, vestidos de negro y a veces con el rostro cubierto con pasamontañas o paliacates, se desplazan desde Santiago Amoltepec, que colinda con Atoyaquillo, para asolar a los diferentes pueblos que se encuentran en las márgenes del río Verde.

A escondidas también se lamenta que el sufrimiento de la gente de San Lucas Atoyaquillo está siendo usufructuado por narcotraficantes y ladrones de ganado, quienes en gran parte de la Sierra Sur ``tienen a su servicio al ejército de los hombres de negro entrenados militarmente''.

La comunidad es parte del municipio de Santiago Ixtayutla, considerado el número 12 entre los más pobres de los 570 del estado. A la pobreza estructural de la zona se agrega que por la inseguridad y la zozobra la gente no pudo sembrar. Así en 1995 fue muy baja la producción de maíz y este año ha sido de hambre.

A los problemas se agrega que en terrenos ejidales de San Lucas, en el área que le corresponde a Corral de Piedra y que se disputa con sus vecinos de El Cucharal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló, desde 1992, un campamento para albergar a unos 30 empleados, que a partir de ese año intensificaron los estudios para la construcción de una presa sobre el río Verde, destinada al funcionamiento de una hidroeléctrica.

El Centro Regional de Derechos Humanos de la Mixteca advirtió al respecto que la comunidad no ha sido informada sobre el proyecto ni sobre los posibles impactos ambientales, sociales y políticos que conllevaría la presa.

La historia del conflicto en Atoyaquillo se inicia en 1992, cuando estaba a punto de terminar sus funciones como presidente del Comisariado de Bienes Ejidales de San Lucas Atoyaquillo, Salvador Ramírez Villa, un grupo de campesinos encabezados por Delfino Vázquez Pérez, Sebastián Martínez Ruiz, Arturo Velasco y Maximino Sánchez Velasco, asesorados por el dirigente de Antorcha Campesina de Santiago Jamiltepec, Manuel Vázquez, se apoderaron del predio Los Guamiles.

Sus propósitos eran, de acuerdo a testimonios de los lugareños, que se fraccionaran y repartieran las tierras ejidales destinadas para agostadero, ``y que a ellos les tocaran las parcelas mejores y las más cercanas a la comunidad, para dedicarlas a la agricultura''.

La asamblea de ejidatarios se opuso a tal propuesta y no les concedió el terreno de los Guamiles, pues argumentaban que las tierras eran de uso comunitario y que así debían seguir para defenderlas de las reformas al artículo 27 de la Constitución que impulsó Carlos Salinas de Gortari.

En el mes de marzo de 1993 fue elegido como presidente del Comisariado de Bienes Ejidales, Martín Cruz Aguilar. Pocas semanas bastaron para que la gente de Antorcha pensara que él era el responsable de la negativa de repartir las tierras, ``por lo que procedieron a buscar todos los medios para su destitución'', comenta Marcial Velasco Ramírez, ciudadano principal de Atoyaquillo.

La mayoría de la cabecera ejidal se alió con los ejidatarios de Corral de Piedra y parte de Las Trojes, mientras que Antorcha Campesina tenía el apoyo del resto de los campesinos de Las Trojes y de los de El Cucharal. Después de una asamblea general de ejidatarios convocada por la Procuraduría Agraria fue ratificado Cruz Aguilar.

``Entonces dijeron: como no pudimos con la ley, ahora vamos con nuestras propias manos, y empezaron a intimidar a los compañeros en el camino, en los trabajos, el presidente del Comisariado ya ni salía de su casa, empezó a abandonar su trabajo y mejor se ausentó de la comunidad'', dice Velasco Ramírez.

Entonces, un grupo de campesinos, encabezados por Salvador Ramírez Villa, solicitaron el apoyo de dirigentes en la región de la Unión Campesina Democrática (UCD), filial del Partido de la Revolución Democrática, para hacer frente a las agresiones que empezaron a sufrir por parte de los antorchistas.

A finales de 1994 visitaron esta comunidad algunos dirigentes de ese partido, nombrando a un comité local, por lo que quedó como presidente Salvador Ramírez Villa, con la asistencia de Evodio López Pérez, Jacinto y Jaime Zarrazela Velasco.

``Los ancianos de la comunidad casi no se integraron con ninguno de los dos grupos, pues tenían desconfianza de ambos'', señala un informe que el Centro Regional de Derechos Humanos de la Mixteca (CRDHM) hizo llegar a Amnistía Internacional (AI) a principios del pasado junio.