Se ha generalizado la opinión de que los responsables del gobierno mexicano no admiten críticas y que, si acaso las oyen, responden con su muy personal convicción de la eficacia del modelo económico y de sus decisiones políticas, independientemente de los efectos objetivos que en la población recaen.

La misma actitud se reproduce en estos días entre los legisladores del PRI, quienes en vez de participar en el análisis del Informe de gobierno, repiten frases y palabras del discurso presidencial sin escuchar los cuestionamientos de los demás diputados.

Actitud semejante es la que puso de manifiesto la Secretaría de Gobernación al principio de esta semana, al dirigirse a la opinión pública para ``aclarar'' las afirmaciones del EZLN relativas a la suspensión del diálogo de San Andrés. Paradójicamente no se discute la validez de las razones expuestas por las comunidades para decidir la suspensión, ni se busca el fondo de los cuestionamientos al diálogo mismo tal y como se estaba desarrollando, ni se intenta analizar si se estaban logrando los objetivos que inicialmente se propusieron las partes alcanzar por ese medio, ni parece importarle mucho al gobierno que las causas del ``conflicto armado'' no hayan sido atendidas en lo más mínimo. En lugar de dialogar, el gobierno moviliza al Ejército buscando las condiciones para un enfrentamiento en las montañas de Chiapas, al tiempo que la Secretaría de Gobernación sentencia, y públicamente afirma, que todo lo que dice el EZLN es falso.

Así también ha sido la respuesta al EPR el que, si bien no se ha ocupado de explicar claramente sus demandas, tampoco se le han dado muchas oportunidades para hacerlo. El gobierno respondió militarmente, sin detenerse a averiguar causas, sin importarle las razones, sin intentar entender ni remediar los problemas que le dieron origen. Independientemente de la disposición o no del EPR al diálogo con el gobierno, la militarización como respuesta inmediata, así como la descalificación de ese grupo armado de ``terroristas'', ``asesinos'' y demás cargos, lo hizo el gobierno como medida preventiva, esto es, para suprimir la posibilidad de otro diálogo que, como el de Chiapas, cuestione y someta a discusión la política económica y social del gobierno, el papel del Estado todo.

Con la militarización de buena parte del país como respuesta al EPR, el gobierno trata de ahorrarse el camino que ha recorrido, muy a su pesar, junto con el EZLN hasta llegar al punto, otra vez hoy, de la tentación de dar una salida militar. El trato que se ha dado al EPR tiene la intención de eliminarlo desde el principio como --seguramente se piensa en algunos sectores de dentro y cerca del gobierno--, debió haber actuado el gobierno anterior con el EZLN.

El gobierno ``cortejó'' a los zapatistas pretendiendo convertirlos en sus cómplices para justificar así un trato diferente al EPR. Quiso crearse una plataforma de legitimidad a partir de diferenciar y contraponer a terroristas y guerrilleros --aunque la distinción para el gobierno no sea real, sino oportunistamente circunstancial-- y con esa legitimidad obtener la anuencia de la ``opinión pública'' para atacar, perseguir, y detener a miembros del EPR y, de paso, a civiles de organizaciones sociales y campesinas, a opositores en general de cada región.

Pero el EZLN no aceptó el ``coqueteo'', la complicidad ni la invitación a enfrentar al EPR, y además se ausentó de la ``mesa de negociación'', es decir, dejó al gobierno sin argumentos para demostrar al mundo que él sí trata con ``auténticos guerrilleros'', y que si se están militarizando tantos estados de la República, no es porque no se quieran atender las demandas sociales, sino porque hay quienes quieren sembrar el terror en el país.

El aparente cambio de actitud de la Secretaría de Gobernación hacia el EZLN en tan sólo una semana se puede interpretar como producto de la contrariedad que le provocó al gobierno federal la suspensión del diálogo, pero no por lo que dejó sobre la mesa de San Andrés, sino por lo que perdió con la ausencia del EZLN: la cobertura para dar legitimidad a la presencia y actuación militar en parte importante del territorio nacional como respuesta, no al EPR sino a todo movimiento que lucha en forma directa por resolver los problemas que generan las políticas impuestas y defendidas por el gobierno.

Este no reconoce el costo ni los efectos sociales de sus políticas, así como tampoco admite que se le cuestione en la tribuna de la Cámara de Diputados ni en la mesa del diálogo de San Andrés, ni en los hechos por todo el país. No acepta las críticas porque no está dispuesto a modificar sus políticas, y por lo tanto no está en condiciones de resolver los problemas de la mayoría de la población. Después de haber intentado utilizar a su interlocutor, prefiere mentir, omitir y calumniarlo, en lugar de discutir o dialogar, al mismo tiempo que responde con la movilización de las fuerzas armadas en diversas regiones. Gajes del oficio de un gobierno autoritario que no se puede ocultar.