Muestra de terrorismo fiscal, aseguran barzonistas y ONG

El sector industrial del país consideró que no hay cacería de empresarios por delitos fiscales, pero pidió ``comprensión, tolerancia e inteligencia'' a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para abatir la evasión sin perjudicar la planta productiva del país.

Víctor Manuel Díaz Romero, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), agregó que la querella contra la empresa que edita El Universal y su dueño Juan Francisco Ealy Ortiz no tiene tintes políticos, opinión en la que coincidieron el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fidel Velázquez Sánchez, y dirigentes de otras centrales obreras.

Ante las leyes, explicó el jerarca cetemista, ``todos somos iguales'', y si alguien comete un delito debe pagar por ello.

--¿Qué se le espera a los medios de comunicación?-- se le preguntó y el líder nonagenario respondió:

--Quienes estén mal y no paguen sus impuestos irán a la cárcel, sin importar de quién se trate, y los que estén bien nada tienen que temer.

A esta petición por la vigencia del derecho se sumaron dirigentes foristas. Francisco Hernández Juárez, Antonio Rosado y Joel López Mayrén, secretarios generales de los sindicatos de Telefonistas, del Seguro Social y de la Confederación Obrera Revolucionaria, respectivamente, señalaron que si hay algún delito que perseguir en el caso de Ealy Ortiz, existen formas y leyes, y no puede caerse en excesos.

Ojalá, añadió Antonio Rosado, que no se trate de una represalia del gobierno por motivos políticos.

Para el dirigente de El Barzón Metropolitano, Alfonso Ramírez Cuéllar, la acción sí tiene tintes políticos y representa el comienzo de una ``gran campaña de terrorismo fiscal'' contra la mediana y pequeña empresas, principalmente.

Consideró la posibilidad de que esta situación se extienda a otros medios de comunicación que no comulguen con el régimen zedillista, lo cual demostraría que tampoco existe en el país libertad de expresión.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez manifestó que es ``injustificable'' el uso excesivo de la fuerza pública en un caso de evasión fiscal, ya que podría representar un hecho de autoritarismo si se comprueba la versión de que esta situación fue motivada más por intereses políticos que por anomalías en la declaración de ingresos.

El organismo cuestionó el actuar de las autoridades hacendarias y de la Procuraduría General de la República (PGR) contra el director de un medio de comunicación ``que venía despuntando por reflejar el nuevo pluralismo político y social'' que existe en el país.

Recordó que recientemente Ealy Ortiz denunció que ``algunos de sus colaboradores recibieron advertencias y amenazas por la irritación que provocaba ese diario en el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y el peligro de que el gobierno lo despojara de su diario, en caso de que no cambiara su línea editorial''.

El dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales rechazó que las autoridades hayan actuado motivadas por este aspecto, sobre todo, porque son muchos los medios y los empresarios que han criticado severamente la actual gestión, y ``no ha habido represalias o actitudes reactivas. De lo que se trata es de una auditoría más y debemos esperar los resultados''.

Actualmente, admitió, existen muchos casos de empresarios que ``evaden al fisco con dolo, y esto no se puede tolerar porque si no, ¿cómo se le puede reclamar al gobierno que no aplique mayores recursos a infraestructura, seguridad y salud, si no cuenta con ellos?''

En el caso de aquellos que, por ignorancia o imposibilidad de pago incurrieron en faltas al fisco, solicitó a la Secretaría de Hacienda actuar con prudencia, con el fin de evitar el cierre de muchas industrias, lo cual impactaría negativamente en el desarrollo económico del país.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) reiteró su postura de que para alcanzar estadios superiores de desarrollo en todos los órdenes es necesario apegarse al marco jurídico vigente.

Las faltas a la ley, señaló, deben ser juzgadas por el Poder Judicial con base en sus estatutos y lineamientos previamente establecidos.

Solicitó que las autoridades gubernamentales brinden mayores detalles sobre el problema que enfrenta el propietario de El Universal, pues de lo contrario ``se estaría hablando de una agresión a las garantías básicas de expresión''.

A su vez, la Coalición de Periodistas de Yucatán (Copey) se manifestó por que prevalezca el estado de derecho, se respeten las garantías a los derechos humanos, se apliquen los procedimientos judiciales legales y se procure, esencialmente, no atentar contra la libertad de expresión. (Laura Gómez Flores, Alma Muñoz, Andrea Becerril, Triunfo Elizalde, y los corresponsales Carlos Antonio Gutiérrez y Luis Boffil.