La mujer del César, se sabe, no sólo debe ser honesta: también debe parecerlo. Lo mismo sucede con algunas medidas gubernamentales como la que recientemente afectó al decano de la prensa mexicana, un caso que exige cordura y evitar cuidadosamente las exageraciones.

Por ejemplo, se sabe que entre los grandes favorecidos durante el sexenio pasado el malabarismo fiscal era bastante común, y que muchas fortunas se han construido no únicamente con el dinero del contribuyente, sino también con el que no fue a parar, como hubiera debido, a las arcas estatales. En este sentido, la lucha contra la evasión impositiva es uno de los primeros deberes del gobierno si quiere imponer la igualdad ante la ley y contar con medios para sostener al menos la infraestructura estatal y un mínimo de medidas sociales, urgentes ante la magnitud de la crisis. Pero cabe señalar, igualmente, que si no se desea engendrar sospechas sobre una posible utilización política de uno u otro caso clamoroso, la ley debe ser pareja. Además, el modo en que se la utilice debe corresponder al fondo de la cuestión, pues si se dramatiza la intervención legal, convirtiéndola en auténtica operación militar relámpago, se crean márgenes para la sospecha y se incurre en algo mucho peor que un acto ilícito, esto es, un error político. No obstante, hay que apresurarse a decir que en este caso, ni por el fondo del asunto ni por sus antecedentes, está en cuestión la libertad de prensa, ni se puede establecer comparación alguna con el golpe de mano que sufriera Excélsior en 1976.

Ante los recientes sucesos de carácter fiscal, de todos conocidos, se hace necesario transparentar la relación Estado-medios de información. En algunos países, las subvenciones a la prensa están reguladas por la ley, y el Estado las otorga según criterios de tiraje y utilidad social (cooperativas, por ejemplo, o periódicos sindicales), y sobre la misma base distribuye obligatoriamente su publicidad y efectúa las reducciones en los servicios esenciales. El arbitrio con que en México se asignan dichos aportes ha permitido desde hace varias décadas que muchos medios prosperen o incluso existan a expensas de la ``buena voluntad'' gubernamental (y, por supuesto, de los contribuyentes), creando una situación difícil a los que son independientes y deformando por completo el panorama informativo nacional, pues jamás podrá ser libre un medio que vive sin cumplir la ley, o acatándola artificialmente.

Los periódicos, como empresas, deben respetar la ley; otra cosa son sus tareas informativas y de formación de la opinión pública, que no pueden ser censuradas, ni siquiera indirectamente, sin lesionar la vida democrática del país. Por ello es fundamental diferenciar claramente entre acciones administrativas y políticas, y poner especial cuidado en aplicar la ley por igual.