Transmitió la televisión el fusilamiento de dos campesinos guatemaltecos Violación y homicidio contra una menor, el cargo; protestan Iglesia y ONG

Dpa, Efe, Afp y Ap, Escuintla, 13 de septiembre Dos campesinos guatemaltecos que violaron y asesinaron a una niña de cuatro años, fueron fusilados este viernes a las 6 horas, hecho que ocasionó el repudio de los organismos de derechos humanos y de la Iglesia católica.

Roberto Girón, de 49 años, y Pedro Castillo, de 39, fueron fusilados en el penal del departamento de Escuintla por una veintena de guardias, aunque sólo dos de las armas que portaba el pelotón estaban cargadas. La ejecución se realizó ante unos 150 periodistas, fotógrafos y camarógrafos que transmitieron en directo el fusilamiento, a quienes se les dio el tiro de gracia.

La ejecución, programada inicialmente para el 23 de julio, luego de ser declarados culpables el 19 de abril 1993, fue suspendida dos veces por gestiones de un grupo de abogados y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero esta ocasión ni el pedido de clemencia de Juan Pablo II logró evitar la muerte de los condenados.

El miércoles, el presidente Alvaro Arzú había negado el indulto a los dos hombres, al afirmar que las leyes se tienen que cumplir, y advirtió con ello que su gobierno no permitiría presiones internacionales en una cuestión que sólo compete al Poder Judicial.

Castillo y Girón se convierten en los primeros dos reos fusilados en Guatemala desde que en 1983 el general Efraín Ríos Mont, que llegó al poder tras un golpe de Estado, instauró los tribunales de fuero especial cuyos jueces encapuchados mandaban al paredón a los condenados.

El arzobispo metropolitano, Próspero Penados del Barrio, aseguró que el doble fusilamiento es una falsa aplicación de la justicia, muy contrario a las declaraciones del juez ejecutor, Gustavo Adolfo Gaitán, para quien ``el fusilamiento representa que la justicia penal funciona en Guatemala y ello va a ayudar a que se consolide el sistema de justicia''

El Grupo de Apoyo Mutuo, que trabaja en defensa de los derechos humanos, consideró el fusilamiento ``terrorismo jurídico'', y afirmó que esa no es la solución contra la criminalidad, de la que responsabilizó a la pobreza y la falta de educación en que vive la inmensa mayoría de los guatemaltecos.

En Londres, Amnistía Internacional deploró las dos ejecuciones y resaltó que las penas capitales no reducirán la criminalidad en Guatemala.

La Misión de Naciones Unidas para Guatemala (Minigua) denunció la existencia de graves violaciones a los derechos humanos de los dos campesinos fusilados, y entre ellas mencionó la falta de abogado defensor, que fue sustituido por un grupo de estudiantes de derecho sin ninguna asesoría profesional.