El gobierno del doctor Zedillo, con el apoyo de las cúpulas empresariales más belicosas, poco a poco se adentra en un camino de alto riesgo para la paz del país. Ante la emergencia del EPR elude una explicación política y social de la entrada en escena de este grupo guerrillero, y sólo atina a calificar de terroristas a quienes han lanzado un desafío político militar al gobierno federal. Tal definición de terroristas, falsa e insostenible --hasta el momento el EPR no ha realizado una acción terrorista--, reiterada por el secretario de Gobernación en su comparecencia ante los legisladores, es la más apropiada para el endurecimiento gubernamental.

Calificar a los miembros del EPR como terroristas justifica, según se desprende de lo dicho por el licenciado Chuayfett el último jueves, una escalada ``sin clemencia'', la represión sin miramientos para intentar así ponerle rápidamente fin a este problema. Pero mete al país, a la sociedad, en un callejón sin otra salida que la de admitir un baño de sangre para limpiarlo de ``terroristas''. Cierra, además, cualquier salida política a este conflicto y abre las puertas a un futuro de más autoritarismo y más violencia e intolerancia para aplastar o callar a los opositores.

Al EZLN no se le califica hoy de terrorista, aunque apenas en mayo pasado Elorriaga Berdegué y Sebastián Entzin, identificados como zapatistas, fueron sentenciados por ``terrorismo, rebelión y conspiración'', y el gobierno federal a través de la PGR ha solicitado 50 años de prisión para los presuntos zapatistas presos desde febrero de 1995. En abril, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo realizada en Perú, según un cable de Notimex, nunca desmentido, el Procurador Lozano Gracia sostuvo ahí que el EZLN es terrorista. Oficialmente no se califica a los zapatistas de terroristas, pues eso haría imposible las negociaciones en San Andrés Sacamch'en, pero sí se les juzga como enemigos a quienes debe derrotarse por cualquier medio, pacífico o violento.

Desde febrero de 1995, tras las declaraciones amenazantes del Presidente Zedillo y del avance del Ejército en la zona del conflicto, sobre las posiciones del EZLN, el gobierno lo único que ha hecho es administrar el conflicto. Esto es, una táctica encaminada a evitar roces que lleven a reanudar el fuego, aunque silenciosamente se estrecha el cerco militar; se realiza labor de inteligencia con vista a una eventual solución armada, y los gobiernos federal y local dejan actuar o alientan bandas paramilitares al servicio de la oligarquía local que no renuncia a restaurar sus posiciones anteriores al 1o. de enero de 1994.

Simultáneamente se negocia en San Andrés, pero no se da respuesta a los reclamos esenciales que dieron origen al levantamiento militar de las comunidades indígenas; se adoptan acuerdos que no se cumplen y se prolongan negociaciones que no tienen seriedad de parte del gobierno, pues no está dispuesto a ceder nada importante. En todos los tonos los representantes del gobierno, sobre todo después de la aparición del EPR, manifiestan su disposición a negociar con el EZLN, pero no a construir acuerdos. Dice el diputado Juan Guerra, miembro de la Cocopa y por ello protagonista directo de este proceso: ``el gobierno asegura que está dispuesto a negociar, sí, pero en el suelo, bagatelas''; ``los veo (a los representantes del gobierno) como tepiteros, cuentachiles, regateando todo, buscando llevar una negociación al suelo, tratando de no ceder nada'' (La Jornada, 4 de septiembre).

De esta manera el gobierno ha debilitado la negociación como medio para encontrar solución política a los problemas y orilló al EZLN a suspender las negociaciones. ¿Era esa la intención del gobierno y de su equipo de negociadores? ¿Buscan una solución militar apretando el cerco sobre las comunidades indígenas y el EZLN? ¿Se han impuesto definitivamente los partidarios de la mano dura, de lo cual son un ejemplo algunos dirigentes empresariales? Lo ignoramos, pero en todo caso es evidente la necesidad de adoptar medidas, como lo demanda la Comisión Nacional de Intermediación, para salir de este callejón de violencia, cerrar el paso a los partidarios de las soluciones violentas, del uso de la fuerza militar del Estado para aplastar a opositores a nombre de combatir el terrorismo, el nuevo justificante para la represión. También debe cancelarse el camino a quienes desde el gobierno lo mismo atacan de manera intolerante a un diputado que ejerce sus derechos, Aguilar Zinser, que hacen alarde de fuerza para detener, por presuntos delitos fiscales, a un ciudadano respetable y director del diario El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz.