Son ya 8 homicidios de funcionarios de la PGR asignados a esa entidad este año Voceros de la dependencia culpan a los Arellano Félix; oficialmente, ésta sólo asegura que ``no descansará hasta capturarlos''

Jorge A. Cornejo, corresponsal, y Ciro Pérez Silva La ejecución del subdelegado de la Policía Judicial Federal en Baja California, Ernesto Ibarra Santés, ocurrida en la ciudad de México, habría sido ordenada por los jefes del cártel de Tijuana, Ramón y Benjamín Arellano Félix. Ya son nueve (8 funcionarios de la PGR y una mujer que actuaba como contacto policiaco con narcos) las víctimas relacionadas con ajustes de cuentas del narcotráfico.

La PGR atribuyó a los capos tijuanenses el atentado ocurrido la madrugada de ayer, en el que perdieron la vida también los agentes federales Israel Moreno Flores y Aarón Rosas Gallegos, así como el taxista Juan Arturo Hernández Lizardi.

En un comunicado, la dependencia dio a conocer las recientes operaciones que dirigió el comandante Ibarra Santés, las principales contra los Arellano Félix: en agosto, la detención de Pedro y Oscar Lupercio Serratos --lugartenientes de los Arellano-- y el 12 de septiembre, el aseguramiento de cuatro residencias y 76 kilogramos de cocaína de los capos de Tijuana.

El boletín remató con la advertencia: ``La Procuraduría no descansará y redoblará esfuerzos a fin de capturar a los hermanos Arellano Félix''.

Ibarra Santés fue asesinado una semana después de haber declarado a los medios de Tijuana que los hermanos Arellano Félix ``se encontraban radicando en esta frontera y que ya se tenía identificados a varios de sus socios comerciales''.