Eperristas identificados.

Las autoridades federales tienen virtualmente concluida su investigación sobre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y creen cercano el momento de proceder a la aprehensión de sus principales dirigentes.

En la lista aparecen cuatro nombres del lado guerrerense. Inicia con Ranferi Hernández Acevedo, diputado perredista que, según la información disponible, se encuentra en Ginebra, Suiza, en busca de asilo político.

Sigue con Omar Garibay Guerra, quien tiempo atrás vivió tres años en Cuba y tiene influencia palpable en Ahuacotzingo, Guerrero, pueblo situado a unas dos horas de Chilapa. De ahí serían la mayoría de los armados.

En los primeros niveles aparece una mujer, Rocío Montesinos. Es hija de Hilario Montesinos, preso en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco, y portaba la bandera el día que el EPR irrumpió en el vado de Aguas Blancas.

Otra persona con mando es Benigno Guzmán Gallardo. Con formación magisterial, a este hombre de Tepetixtla se le ubica en el Distrito Federal, presumiblemente en la sede de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Serafín Gervacio Barrientos, un comandante en la Huasteca

Los datos recabados sobre el EPR son escuetos e insisten sobre los orígenes conocidos. Es decir, se recalca que el Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo (Procup) es el embrión y que otro de sus líderes es Máximo Hernández.

También se justifica el traslado de Felipe Martínez Soriano y de David Gervacio Barrientos, medio hermano de Lucio Cabañas Barrientos, al penal de alta seguridad de Almoloya por ser dos de los impulsores del movimiento surgido a la luz en junio.

David tiene un hermano de padre y madre llamado Serafín Gervacio Barrientos, quien desde hace tiempo se encuentra en Hidalgo y ha creado una base social que si bien no es numerosa, al menos le permite operar con alguna libertad.

Precisamente a su terreno, en la Huasteca hidalguense y quizá muy cerca de la Huasteca veracruzana, fueron llevados varios periodistas a principios de agosto para hacer entrevistas y presenciar prácticas de entrenamiento del grupo armado.

Las ramificaciones descritas incluyen al guatemalteco José María Ortiz Vides, conocido también como Chema Ortiz o Coche Vides, y quien fuera mencionado en la Cámara de Diputados, durante su comparecencia, por el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.

El historiador guatemalteco Edgar Ruano, actualmente catedrático de la Universidad Autónoma de Chiapas, asegura que Ortiz Vides llegó a México acompañado de Marco Antonio Yon Sosa tras fracasar en la recomposición del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13).

Según el mismo historiador, el Chema Ortiz o el Coche Vides formó la Unión del Puerto (UP), tronco político-militar del Procup. Radicado en México, fue enviado a Cuba, en el régimen echeverrista, uno de los guerrilleros canjeados por el cónsul estadunidense Terrance Leonhardy.

La literatura en torno al EPR es profusa en actos que Chuayffet definió como terroristas y con muchas pérdidas materiales y humanas. A diferencia de otras organizaciones, los eperristas cuentan también con brigadas de ajusticiamiento muy severas.

Los rastros del Ejército Popular Revolucionario se siguen en cuatro estados -Veracruz, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo-, y con presencia de reclutamiento en Chiapas y Tabasco, circunstancia esta reconocida ayer por el gobernador Roberto Madrazo.

Presionan para designar a los consejeros electorales

Los partidos todavía no se sientan a discutir las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), pero las presiones ya llegaron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Hay dos senadores priístas, juristas y con antecedentes ambos en la administración de la justicia, que desde ahora acuden al poder Judicial y presentan nombres que, a su juicio, deben impulsarse para ocupar la posición de magistrados electorales.

Esos legisladores son, según los quejosos, el guanajuatense Salvador Rocha Díaz y el campechano Trinidad Lanz Cárdenas, quienes aseguran haber influido en su favor cuando el Senado votó por la actual conformación de la Corte.

El asunto debiera darse por cierto, pues uno no se imagina mintiendo a los ministros y menos que se mencione a quienes luchan por que la designación recaiga en gente incondicional y, por lo tanto, poco confiable para vigilar las elecciones de 1997.

De acuerdo a las reformas constitucionales recientemente aprobadas, la Suprema Corte de Justicia propondrá al Senado la lista de abogados con virtudes y sapiencia suficientes para garantizar que por fin haya comicios sin controversias.

En cumplimiento de los cambios a la Constitución, el 28 de agosto apareció en el Diario Oficial la convocatoria para aglutinar a los aspirantes a las 22 magistraturas que integrarán el Tribunal Federal Electoral.

Se inscribieron aproximadamente 300 abogados. Una revisión inicial demostró que todos cumplen los requisitos legales, aunque algunos casos necesitan revisarse con un criterio político diferente: la población reclama gente nueva.

Hay razones para ello. Un antecedente a evitar es el de Fernando Franco, actual autoridad comicial surgido de la oficina del director jurídico de la Presidencia, en tiempos de Carlos Salinas, Rubén Valdés Abascal. Era su segundo.

La queja fue llevada a las alturas a nivel de comentario y obtuvo una respuesta digna de reproducción: la Corte no puede ser comparsa de nadie y por lo tanto está obligada a actuar con objetividad y a hacer una elección transparente.

Por lo tanto, José Vicente Aguinaco y compañeros están en libertad para proponer juristas con mucho conocimiento y no simples abogados salidos de las cámaras legislativas, de los partidos políticos o de la Secretaría de Gobernación (SG).

Para eso tienen que esperar. No pueden elaborar su lista de prospectos porque todavía no se conocen los requisitos que imponga la nueva Ley Orgánica del Tribunal Electoral, apenas en elaboración en el Congreso de la Unión.

Contaduría Mayor de Hacienda: un fiscal que no tiene fiscal

A la Presidencia de la República llegó una denuncia privada que muestra un vacío jurídico: la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, desde donde se enjuicia a la administración pública, no tiene normatividad ni autoridad que la audite.

Dulce María Cole Rodríguez y Nemesio Santander Fierro, de Seguros Comercial América, acudieron a las oficinas de Ernesto Zedillo en busca de apoyo porque, según su decir, les retiraron un contrato de seguros que violenta el estado de derecho.

Ellos trabajaron desde marzo de 1991 en un programa ``de aseguramiento para el personal y los bienes patrimoniales de la institución''. Sus servicios incluyeron vehículos, gastos médicos, accidentes, pago de funeraria y protección a casas.

Todo iba bien, dicen, y recibieron numerosas felicitaciones. Pero el 29 de mayo la Dirección General de Administración de la Contaduría Mayor de Hacienda les dio las gracias y les informó que había asignado una licitación a otra empresa.

En sus cartas, los inconformes muestran extrañeza, pues el asesor externo de seguros contratado utiliza tres razones sociales: Rollins Hudig Hall México, Agente de Seguros y Fianzas; Ramos Rosado, agente de Seguros, y Aon Agente de Seguros y Fianzas.

En su respuesta ``a nombre del Presidente de la República'', la coordinadora de Atención Ciudadana, Leonor Ortiz Monasterio, dice que el poder Ejecutivo ``no tiene atribuciones para incidir directamente en la actuación de los órganos de otro poder''.

Por lo tanto, les sugiere que acudan ante la propia Contaduría Mayor de Hacienda, donde ``encontrarán ustedes el apoyo y asesoría necesarios para solucionar su problema''. Por eso enviaron un escrito a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría, que preside el panista Juan Antonio García Villa.

Cole Rodríguez y Santander Fierro están a la espera de respuesta. De su problema culpan al licenciado Javier Castillo Ayala, contador mayor de Hacienda, quien fue subsecretario de Planeación con Carlos Salinas de Gortari en la Secretaría de Programación y Presupuesto.

A principios del régimen anterior fue enviado a liquidar la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa) y a dirigir Azufrera Panamericana antes de encomendarla a Liébano Sáinz, hoy secretario particular del Presidente, y es contador mayor de Hacienda desde el salinismo.

El asunto puede tener o no implicaciones morales y políticas, pero el análisis del caso llevó a la conclusión de que no hay normatividad para que sea vigilado el vigilante del gobierno federal, el vigilante que trae en jaque a varios salinistas.

En muchas y largas preguntas, los quejosos quieren saber por qué si la Contaduría Mayor de Hacienda audita hasta a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), aquélla no responde ante nadie.

Eso les sorprende, pero más que al presentar promoción de jurisdicción voluntaria, se les haya respondido que ``jamás existió ni ha existido relación de trabajo de ninguna naturaleza'' con la Contaduría Mayor.

Como argumento contra esta negativa exhibieron, en la Presidencia de la República y la Cámara de Diputados, copias de las pólizas contratadas por su conducto en marzo de 1991, con vencimientos al 31 de diciembre de 1996 y primero de marzo de 1997.

La cosecha

Antes de la querella promovida por la Secretaría de Hacienda, El Universal y José Francisco Ealy enfrentaron un embargo precautorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Resulta que la empresa debía 5 millones 436 mil pesos de cuotas obrero-patronales del periodo enero-junio. El personal del IMSS quiso entrar. No lo dejaron y por ello embargaron todo el edificio, desde afuera. Al segundo martes de agosto, cuando venía el embargo definitivo, se pagaron el adeudo pendiente más el entero provisional de julio. Todo se resolvió sin problemas. Claro, no intervino la Procuraduría General de la República... Othón Cortés anda en busca de ayuda. El miércoles 4 de agosto estuvo en la sede del Comité Ejecutivo Nacional priísta, llevado por los guaruras que le puso la PGR, y acaso por acto de cortesía debió recibirlo el secretario general, Juan S. Millán. El jueves 12, una semana después, acudió sin cita previa ante Roberto Campa Cifrián, dirigente del PRI en la capital. Hombre que no ve a la cara, rollero en sus expresiones -``usted a mí me impresiona cuando lo veo en la televisión y eso me inspira confianza''-, Othón sólo pide dinero. Se declara priísta y dice haber servido a Luis Donaldo Colosio en varias ocasiones. ``Me decía El Oaxaquita. ¿Sabe? Yo era milusos en el PRI de Baja California, y una vez lo llevé a San Quintín. Me preguntó de dónde era y le dije que de Oaxaca. `¡A qué mi oaxaquita!', me decía''. En toda frase se declara inocente y hasta se da el lujo de aconsejar a sus interlocutores: ``Cuídese de esos cabrones, licenciado Campa. Son unos ojetes. A mí Pablo Chapa Bezanilla me quería chingar, pero se la peló''. Todo eso dice, pero no muestra tristeza por la muerte tan ruin que vio en Colosio ante aquel crepúsculo del 23 de marzo de 1994. Del general Domiro García Reyes, su pariente político y cuyo número telefónico se sabía de memoria y marcaba muchas veces, dice que lo conoció ese 23 de marzo. Antes del crimen le daba órdenes, le hablaba de tú y luego apareció de chofer. La duda queda: ¿quién maneja a Othón Cortés?