¿Fue el operativo del 12 de septiembre una acción de política fiscal o un instrumento de la política de medios? Dilucidar esta cuestión tiene una importancia trascendental, dicho sin asomo de hipérbole.

En el primer supuesto, la Secretaría de Hacienda tiene la facultad de combatir la evasión fiscal mediante diversos procedimientos, uno de los cuales es la vía penal, que se activa con la presentación de la querella correspondiente ante la Procuraduría General de la República. Si ésta encuentra elmentos probatorios suficientes, tiene a su vez la facultad de ejercer la acción penal y solicitar a un juez competente el libramiento de la respectiva orden de aprehensión. Si el juez la expide, es la propia PGR la encargada de ejecutarla.

Hasta aquí no habría nada que objetar, pues formalmente las autoridades mencionadas actuaron, en el caso de Juan Francisco Ealy Ortiz, en la esfera de sus atribuciones legales. Pero ostensiblemente no se trataba de un caso común y corriente, por más que se invoque el principio jurídico de la igualdad ante la ley, de cuya aplicación no debe sustraerse persona alguna por prominente que sea.

El estado de ánimo social que prevalece en el país, obligaba a considerar detenidamente las repercusiones de opinión pública que tendría la acción intentada y, además de ese cálculo de costos políticos, era razonable hacer una cuidadosa evaluación de la oportunidad o inoportunidad del momento.

Los efectos inmediatos evidencian el desacierto de la decisión. Sumemos a ello que la ejecución fue de una torpeza mayúscula, pues el despliegue policiaco ha suscitado unánime rechazo en todos los círculos de opinión y proyectó la imagen de un aparato de seguridad pública en estado de máxima alerta, en desmesurada ostentación de su fuerza armada y puesto por sus jefes en la disyuntiva de la represión indiscriminada o del ridículo.

Como acción de política fiscal, el operativo contra el director general de El Universal está en camino de ser un completo fracaso. La sola recuperación de 41 millones no justifica el (previsible) escándalo provocado, y si el objetivo fuese la ejemplaridad, ésta tendría que fincarse en la certeza de que la autoridad, además de apegarse a la ley, la aplica con rigor por razones éticas, claras y transparentes. Pero en este asunto, por la natural suspicacia sobre las motivaciones subyacentes, el componente fiscal aparece como burda herramienta y el caso se trastoca en ejemplo de lo que no debe repetirse.

No deja de ser lógica la hipótesis de que fue un acto preparado y realizado como parte de la política de medios, con un objetivo particular y otro de alcances generales. El primero ha sido esgrimido como defensa por los directivos de El Universal y parece coincidir con hechos que son de dominio público, como el hostigamiento de que fueron objeto, antes de su ingreso a la nómina de esa empresa periodística, algunos comentaristas políticos que han cobrado fama por su posición crítica frente al gobierno. La conclusión es que, al no ser atendida la presión o insinuación de funcionarios gubernamentales, para excluirlos de su nuevo espacio de opinión, estaríamos simple y llanamente ante una represalia.

El objetivo general sería poner en la conciencia de los directivos de otros medios, que en adelante los círculos de decisión gubernamentales no serán tolerantes con quienes no observen la debida reciprocidad al trato amistoso y considerado que se ha tenido para con ellos. En otras palabras, una tácita advertencia para lograr una actitud de disciplina y colaboración.

Si los objetivos particular y general prosperan o fracasan, el tiempo lo dirá, pues el resultado dependerá, en gran medida, de las bases de independencia con que cuentan los medios a los que está dirigida la advertencia.

Mi punto de vista es que, fuese acción de política fiscal o de política de medios, en la operación del 12 de septiembre se debió tener presente una preocupación de rango superior: si se iba a fortalecer o no el gobierno del presidente Zedillo.

Ese fortalecimiento no se logrará únicamente con un eventual cambio de la línea editorial de un periódico, por influyente que sea; ni tampoco con imponer sujeción disciplinaria para sustentar una determinada política de medios, con el apoyo (espontáneo o a regañadientes) de todos o la mayoría de ellos.

Un régimen no se fortalece sino se debilita cuando, a los ojos del pueblo, utiliza el poder para cometer abusos, porque la conciencia popular se pone invariablemente del lado de las víctimas, reales o aparentes, por natural inclinación. En este sentido, el gran error de quienes lo planearon y decidieron la operación contra El Universal, es no haber previsto que los índices de popularidad de este gobierno pagarían las consecuencias aunque en adelante toda la prensa, la radio y la televisión se dediquen a entonar loas en favor del gabinete presidencial.