Se aproxima la Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional y se acerca igualmente el difícil periodo electoral de 1997, donde estará en juego quién controla la capital del país y la relación de fuerzas, a escala nacional, entre el gobierno y la oposición y, en particular, entre PRI y PAN. En estas condiciones vuelve a renacer hoy la alianza estrecha, la casi identidad, entre partido gobiernista y gobierno, que los dos candidatos del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo, habían enfáticamente prometido superar en 1994, extrayendo la experiencia negativa de los países del llamado ``socialismo real'', en los que la identificación entre partido gobernante y Estado había resultado mortal para ambas instituciones.

Aparentemente, el Presidente sale hoy a la liza no solamente para sostener a su partido frente a los demás, sino también para apuntalar a los dirigentes priístas actuales frente a los grupos que, desde el PRI mismo, manifiestan inconformidad y exigen un cambio de línea política y económica para poder ganar las próximas elecciones. Por su parte, Santiago Oñate ``refrenda'' al Presidente ``lealtad y compromiso'' en nombre del partido, con una solemnidad que, precisamente, demuestra que no todo éste ostenta permanentemente esas cualidades que es necesario reiterar.

En esta alianza entre la primera magistratura y la dirección del partido mayoritario no solamente se desdibuja pues la necesaria separación entre el partido del gobierno y el Estado, sino también la posibilidad de que los delegados priístas puedan discutir libremente y en toda independencia la línea y la dirección de su partido.

Las instituciones estatales, eso sí hay que ``refrendarlo'', pertenecen a todos los mexicanos, cualesquiera sean sus opiniones políticas, y los funcionarios estatales, cualquiera sea su categoría, son servidores de todos los ciudadanos, sin excepción alguna. Por esa razón constitucional, la separación, entre el partido gobernante y lo que nuestros vecinos del Norte llaman ``administración'', es indispensable para asegurar sin duda alguna la plena legalidad de los futuros procesos electorales y, también, la democraticidad de los procesos internos en los diversos partidos, la cual se vería duramente afectada por la interferencia de los poderes estatales.

Por lo tanto, y para bien tanto del Partido Revolucionario Institucional como de nuestras instituciones, es de desear que exista claridad y transparencia al interior de ese partido y en la campaña electoral que, de hecho, ya se ha abierto en el país, y que las contiendas políticas internas e interpartidarias se disputen con armas iguales y en plena libertad de decisión para todos