El gasto social representa el 54 por ciento del gasto programable. Ello es por supuesto positivo; sin embargo, si revisamos las cifras en relación con los índices per cápita o en términos reales, son insuficientes.

La política social es algo más que la estrategia para la superación de la pobreza extrema, la cual se resume en el llamado ramo 26.

Al respecto se han dado avances ciertos, como el hecho de que dos terceras partes de los recursos sean ejercidos directamente por los ayuntamientos, y la aplicación para su distribución, de una fórmula que contempla factores vinculados con el rezago social. A su vez, al mes de marzo, prácticamente todas las entidades publicaron sus fórmulas de distribución de recursos hacia los municipios.

El desafío de la política social, que se desprende de los grandes rezagos sociales, de la estructura de la desigualdad y la pobreza extrema, es la creación de empleos productivos y el incremento del salario real. Hay avances, ciertamente, y acciones como la mencionada descentralización del ramo 26, y ahora del gasto en salud. Sin embargo, es posible y necesario avanzar más, tratándose no solamente de un problema de recursos, sino de política económica, coordinación interinstitucional, formulación de políticas y programas integrales que aterricen en acciones inmediatas y en la corresponsabilidad ciudadana. Como dijo Carlos Rojas en el Senado, ``el problema de la desigualdad en la distribución del ingreso debe enfrentarse, sobre todo, con medidas de política económica que impacten la variables redistributivas fundamentales''.

Seguramente hay retrasos y equivocaciones en algunas entidades, pero todo es perfectible. Es posible, como lo reconoció el mismo secretario de Desarrollo Social, revisar mecanismos, recursos e instrumentos.

Un asunto mencionado reiteradamente por legisladores de la oposición tiene que ver con la distribución interestatal de los recursos del ramo 26. Se mencionaron las acciones de controversia constitucional que en algunas entidades del país han presentado municipios de la oposición. Al respecto, parece conveniente que en cada estado se revisen las fórmulas de distribución de recursos hacia los municipios, con su participación en el marco de sistemas estatales de coordinación, para evitar por ejemplo que los gobiernos estatales aparten recursos a través de fondos de contingencia, como sucede en algunos, o que se den rezagos en la ejecución de las obras fundamentalmente de urbanización, como sucede en otras. Asimismo, se debe avanzar en la formación de un programa integral de desarrollo social que rebase al ramo 26, y que se vincule con la coordinación fiscal o hacendaria.

En el caso del ramo 26 es necesario que se incrementen los recursos del mismo porque en términos reales cayeron durante 1996, al crecer sólo 10 por ciento en términos nominales. Esto es, en el caso de la política social en su apartado de combate a la pobreza, se está haciendo más con menos.

Para el presupuesto de 1997 deberán protegerse los rubros de gasto social, así como la inversión pública en áreas estratégicas. Delicado sería que se redujera en términos reales.

En suma, hay avances: la construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura social, un proceso de descentralización de recursos y funciones con base en criterios de rezago social, mayor agilidad en la transferencia de recursos. Sin embargo, podemos avanzar más.

Por otro lado, cuidado deben tener los municipios de oposición que establecen controversia constitucional, ya que deben tener claro dos cosas: en primer lugar el crecimiento de los recursos de este ramo presupuestal es negativo, y no es responsabilidad de los gobiernos estatales. En segundo lugar se trata de municipios urbanos, generalmente capitales, y los recursos del fondo de desarrollo municipal deben favorecer fundamentalmente a los municipios de alta o muy alta marginalidad. Sería más sano que se preocupasen por cuidar los recursos de participaciones. Esto es los pesos, y no los centavos.