La reforma del PRI, atorada aún a dos años del llamado de Zedillo

José Ureña/ I Desde que el 10 de septiembre de 1994, el entonces presidente electo Ernesto Zedillo, lanzó la convocatoria para la reforma priísta, dos años de consultas y preparativos han sido insuficientes para cohesionar a la militancia nacional en un proyecto definitivo.

Hoy, 24 meses después, los priístas de los estados y el Distrito Federal no coinciden ni en la antigüedad militante de su aspirante a Presidente de la República: unos piden cinco años, otros diez y los tamaulipecos proponen 15 para evitar ``nuevos arribismos al poder''.

Factor sobresaliente para la diversidad de posturas es la inestabilidad interna del partido: en ese tiempo ha tenido tres comités ejecutivos, presididos por Ignacio Pichardo, María de los Angeles Moreno y Santiago Oñate, cada uno con su propia perspectiva de cambio.

Los trabajos de consulta han estado coordinados, también, por tres organizadores disímbolos: Jesús Reyes Heroles, ahora secretario de Energía; Enrique Jackson, cuando fue presidente de la Fundación Cambio XXI, y César Augusto Santiago, secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI.

Aquel 10 de septiembre de 1994, Zedillo remarcó su convicción sobre la sana distancia entre PRI y gobierno, y abundó: ``Los priístas no queremos un Estado apropiado del partido ni un partido apropiado del Estado. Por ello, como un priísta más y como uno de sus candidatos triunfadores, deseo contribuir a alentar la reforma interna de nuestro partido, y deseo hacerlo antes del primero de diciembre...

``... Un elemento clave de la reforma del PRI será redefinir las relaciones entre el Presidente de la República y el partido. Ello no implica y no implicará --que quede claro-- una ruptura, sino una sana y clara distancia que permita al PRI fortalecer sus tareas y su capacidad como interlocutor legítimo de la sociedad ante el gobierno''.

De inmediato se asignó a la Comisión Nacional de Ideología, presidida por Jesús Reyes Heroles, la preparación de la agenda para la reforma. A ello dedicó nueve semanas y el 12 de noviembre presentó un grueso documento que incluyó todos los temas, desde la historia del PRI, hasta programas sociales y diplomáticos. El documento asentaba la necesidad del cambio para captar militantes y electores. Si bien el voto comprometido de los simpatizantes existe, señalaba el texto, ``los electores inestables votan por su bienestar individual e inmediato, no por definiciones ideológicas''.

Proyecto y presidente electo insistieron en la necesidad de equilibrar los poderes y en la autonomía del PRI. Dijo Zedillo: ``Como Presidente de la República, no intervendré bajo ninguna forma en los procesos y en las decisiones que sólo corresponden a los militantes y a los órganos previstos en los estatutos''.

Pero advirtió: ``La no interferencia del Ejecutivo federal en las decisiones internas del partido generará espacios democráticos que no deben ser ocupados por intereses ilegítimos, que intenten manipulaciones, caudillismos o formas de control que limiten la participación libre y abierta''.

Los trabajos para la reforma quedaron paralizados más de un mes. En enero de 1995, a semanas de su arribo, María de los Angeles Moreno escogió siete temas para el debate, entre ellos uno novedoso, derivado del error de diciembre: la postura del PRI frente a la crisis económica.

Ella encomendó las consultas temáticas a Enrique Jackson, entonces presidente de la Fundación Cambio XXI. En agosto llegó Santiago Oñate y con él la decisión de asignar esas consultas y los preparativos de la 17 Asamblea a César Augusto Santiago, llevado antes a la Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional del PRI.

Las opiniones de la militancia se recogieron en cuatro anteproyectos: Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatutos y Código de Etica Partidaria. Se enviaron a los estados, de donde se remitieron nuevas propuestas durante la semana anterior.

Al Distrito Federal llegaron opiniones nuevas. Las coincidencias generales: por doquier se reclama vehementemente trabajar por asegurar el nacionalismo y por rescatar la soberanía; se pide justicia, terminar con la crisis económica, democracia interna y que se respeten los documentos básicos del partido.

Ojalá, desea el resolutivo zacatecano, ``haya voluntad política efectiva para cumplir el régimen estatutario que se apruebe en la Asamblea. No queremos que, como ocurre en los estatutos vigentes, las normas y disposiciones queden reducidas a letra muerta''.

Esta falta de credibilidad, reconoce César Augusto Santiago, es uno de los retos. El secretario regional del CEN priísta, el senador chihuahuense Artemio Iglesias, simplifica: ``La cuestión no es aprobar nuevos documentos. Ahí están los actuales. ¿Para qué los queremos más buenos? Basta con aplicarlos''.

Como en este asunto, los priístas tendrán que ponerse de acuerdo si por fin establecen o no la sana distancia con el gobierno. Casi sin excepción piden que haya compromisos de los candidatos para que cumplan, en coordinación con su partido y los electores, compromisos de campaña cuando sean autoridad.

El resolutivo de Guanajuato sugiere impulsar ``una conciencia solidaria'' de los gobernantes para las gestiones que hace el partido, y exhorta a ``promover en cada uno de los militantes a un gestor social''. Junto con otra veintena de estados reclama que permanezca la Secretaría de Gestión Social, cuya desaparición se propone en el nuevo organigrama.

La mayoría de los reportes enviados para incluir en un documento final insiste en una política social más comprometida. Se piden programas especiales para estados con alto rezago --Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Puebla-- y regiones deprimidas en otros lugares del país. Estos programas no tienen límite. Los guanajuatenses inclusive plantean que ``se legisle en materia laboral para que se constituyan en los centros de trabajo brigadas de vigilancia y asegurar que se cumplan las disposiciones laborales''.

El respeto a la ley es también reclamo común. La exigencia llega inclusive al primer mandatario. Dice el documento bajacaliforniano, en cuya tierra vivió su niñez y parte de su adolescencia el presidente Zedillo: ``Queremos democracia y federalismo con un Presidente que sustente su actuación en el marco de la Constitución y un gobierno federal que respete la soberanía de los estados, en el que éstos igualmente respeten la de los municipios''.

Similar posición asumen los neoleoneses: ``El priísmo de Nuevo León se pronuncia por un profundo proceso de descentralización del poder, por abanderar el fortalecimiento de nuestro federalismo hasta ubicar al estado y al municipio como verdadero centro de transformación y desarrollo equilibrado del país''