Ante el desplome tributario, Hacienda acelerará la venta de 35 paraestatales
Juan Antonio Zúñiga En sus primeros 20 meses de ejercicio, la administración del presidente Zedillo ha desincorporado 22 entidades paraestatales, con lo que de enero de 1983 a la fecha el gobierno mexicano se ha desprendido del 80 por ciento de la empresas públicas.
De mil 20 entidades paraestatales reportadas al cierre del sexenio lópezportillista, actualmente sólo quedan registradas 230.
Sin considerar las 61 plantas petroquímicas que el gobierno espera poner a la venta a más tardar en 1997, las autoridades federales enajenarán otras 35 entidades propiedad de la nación.
Por ello, ante la caída de los ingresos tributarios que acumulará un descenso de 18.5 por ciento al término de 1996 respecto a los obtenidos en diciembre de 1994, el gobierno federal acelerará la desincorporación de esas 35 empresas y organismos públicos, de acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La desincorporación de entidades paraestatales, indica la dependencia, continúa siendo un instrumento de la política económica tendiente a impulsar los cambios estructurales necesarios para que la economía fortalezca su capacidad productiva, incremente su eficiencia, aumente su competitividad y reactive su crecimiento.
Por su parte, la recaudación tributaria llegó en junio a un nivel 18.5 por ciento menor al registrado en el primer semestre de 1995, a pesar de que a ese mes ya había ingresado el 55 por ciento del monto total de las percepciones tributarias estimadas para todo este año.
De acuerdo con los cálculos oficiales, se espera que los ingresos tributarios de 1996 equivalgan al 8.63 por ciento del valor total de la producción generada este año.
Con ello, se ubicarían en el nivel más bajo por lo menos en el transcurso de esta década. En 1994 representaban aproximadamente el 10.6 por ciento del PIB de ese año.
Apoyados en reportes de las secretaría técnicas de las comisiones intersecretariales de Gasto-Financiamiento y de Desincorporación, los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisan que en el curso del actual sexenio, hasta julio pasado, el universo de entidades paraestatales se redujo de 252 a 230.
Es decir, quedará vigente una de cada cinco de las empresas y organismos paraestatales que hubo hasta 1982.
En el transcurso de los últimos 14 años han sido desincorporadas 825 entidades del sector público mediante diferentes mecanismos: liquidación, fusión, transferencia a gobiernos estatales y venta a particulares.
El desmantelamiento del aparato productivo y de servicios que hasta el año de 1982 perteneció a todos los mexicanos, comenzó durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, en cuyo sexenio --1982-1988-- el universo paraestatal se redujo de mil 20 a 618 empresas y organismos, lo que implicó la desincorporación de 402 entidades.
Este proceso continuó con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el que prioritariamente se desincorporaron empresas públicas a través de su venta a la iniciativa privada, y como resultado se obtuvieron 76 mil millones de pesos en ingresos para el gobierno federal.
Las autoridades de ese entonces aseguraron en el discurso que los recursos se canalizarían a atemperar la pobreza extrema de 18 millones de mexicanos, pero en la práctica se destinaron a amortizar deuda interna para disminuir el peso de su servicio en el presupuesto, sin que se alcanzara ni medianamente ninguno de los dos objetivos.
En el transcurso del gobierno de Carlos Salinas de Gortari el universo paraestatal disminuyó 60 por ciento, al pasar de 618 a 252 empresas y organismos propiedad de la nación.
Entre las 22 empresas y organismos paraestatales desincorporados entre septiembre de 1995 y julio de 1996, tres fueron liquidadas, una se transfirió al gobierno de Baja California, otra más se vendió, y 11 que estaban adscritas al Departamento del Distrito Federal dejaron de considerarse como tales, ``con fundamento en el artículo décimo transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del D.F.''.
El informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puntualiza que el proceso de desincorporación de empresas y organismos públicos ``actualmente se orienta a la consolidación del cambio estructural de la economía nacional, a partir de la transformación y la promoción del crecimiento de los sectores productores de bienes no comercializables en el exterior''.
Entre otros sectores considerados por el gobierno mexicano para su venta, se cuentan, de acuerdo con los informes hacendarios, el de los ferrocarriles, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones e instalaciones de almacenamiento de productos agropecuarios.
Lo anterior se daría, según la SHCP, ``en condiciones de mayor competitividad y eficiencia, para lo cual se estableció un nuevo marco regulatorio que evite prácticas monopólicas en su funcionamiento y les permita convertirse en promotores de oportunidades en otras ramas de la actividad económica''.
Durante el gobierno de Miguel de la Madrid desaparecieron aproximadamente 120 fideicomisos (desde los políticamente justificables, hasta los amistosamente posibles), mientras que en el de Carlos Salinas de Gortari se desmanteló prácticamente toda la infraestructura productiva propiedad de la nación.