La Jornada 17 de septiembre de 1996

Detienen a 12 personas por realizar un acto subversivo en Tijuana Reportan movilización militar y policial en Hidalgo, SLP y Nayarit

De los corresponsales La Policía Municipal de Tijuana informó ayer que detuvo a 12 presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) cuando encabezaban un ``acto subversivo'' en la Plaza Santa Cecilia, en el primer cuadro de esa ciudad, en el que llamaban a los transeúntes a integrarse a esa organización guerrillera.

Sin embargo, testigos de los hechos explicaron a La Jornada que los detenidos, entre ellos una mujer, son miembros de la Unión de Lucha del Pueblo (ULP), cuyo dirigente local, Francisco Javier Antuna, fue uno de los dos detenidos la semana pasada por agentes de la Policía Judicial Federal por repartir propaganda del EPR.

Un agente de Gobernación asignado en esta frontera para ``observar'' las actividades de la ULP, dijo que los detenidos son ``reclutadores'' del EPR y algunos de ellos cubrían su rostro con paliacates rojos o pasamontañas.

A los presuntos activistas se les decomisaron varias mantas y panfletos del EPR y firmados por el Frente Obrero Primero de Mayo (FO-1M) y la ULP.

El funcionario de Gobernación señaló que se sospecha que ambas organizaciones (FO-1M y la ULP) operan como brazos reclutadores del EPR. ``Su discurso está principalmente enfocado a migrantes que llegan a esta frontera y se encuentran en una situación desesperante'', dijo.

Jorge Alvarez Barriere, titular de la Dirección de Seguridad Pública, informó a su vez al alcalde José Guadalupe Osuna Millán, se actuó contra los manifestantes tras haber iniciado éstos una agresión en contra de oficiales de tránsito y haber semidestrozado una patrulla.

Los detenidos son: Oscar Rivas Báez, Juan Pablo Huerta Rivera, Francisco Javier Antuna León, José Luis Martín Galindo, José Sotelo Valdés, Enrique Ochoa Avila, Israel Trinidad Gloria, Jesús Humberto Mata Ramos, Gabriela Esther Zamudio Flores, Pedro Hernández Ortega, Luis Garibay Aguilar y Juan Diego Matus Escalante, quienes fueron turnados ante el agente del Ministerio Público acusados de daños en propiedad ajena, pues durante la trifulca se ocasionaron destrozos en algunos comercios y a una patrulla.

Por otra parte, la movilización militar y policiaca aumentó en la zona norte de Hidalgo, durante el pasado 15 de septiembre, luego de que diversas fuentes informaron sobre la presencia de supuestos comandos armados en comunidades como Tehuetlán, Yolula Tlanchinol y Toltila Huazalingo. En el primer caso resultó ser un solo ciudadano que portaba una arma de calibre menor, mientras que en los demás, el reporte fue de ``sin novedad''.

Por otro lado, se informó que los tradicionales desfiles cívico militares en los municipios de Huejutla y Huautla fueron suspendidos.

A la vez en San Luis Potosí, la vigilancia policiaca se incrementó al cien por ciento, sobre todo en los municipios de San Martín Chalchicuautla, Xilitla, Axtla de Terrazas y Tamazunchale, limítrofes con Tamaulipas e Hidalgo, donde también el Ejército mantiene retenes. El procurador del estado, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, señaló que esa medida no obedece a la presunción de la existencia de grupos beligerantes, sino de gavilleros de Tamaulipas e Hidalgo que acuden a la Huasteca potosina a cometer asaltos.

Su homólogo de Nayarit, Juan Ramón Sánchez Leal, explicó a su vez que hay una intensa movilización conjunta del Ejército Mexicano y la Policía Judicial en ese estado, donde ambas corporaciones peinan de lado a lado la sierra en busca de grupos armados.

En otro orden, el delegado de la Secretaría de Gobernación en Durango, Luis Sergio Soto Jiménez, destacó que en la entidad se puede hablar de grupos armados, pero no de guerrilla. ``Son narcotraficantes, asaltantes de caminos o abigeos que se pertrechan bien'', sostuvo.

Por último, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Naval del Golfo y Mar Caribe, Juan José Campos Hernández, informó en el puerto de Veracruz que la Armada de México aún se encuentra en ``estado de alerta'' debido a los últimos hechos adjudicados al Ejército Popular Revolucionario en algunos estados del país, y señaló que se incrementó en 40 por ciento el personal de vigilancia en las principales instalaciones estratégicas como las plataformas petroleras de la sonda de Campeche y la nucleoeléctrica Laguna Verde. (Jorge A. Cornejo, Carlos Camacho, Antonio González, Jesús Narváez, Emmanuel Salazar y Luis Velázquez)