A tono con los tiempos que corren, los que antes eran temas tabú para el debate público están siendo examinados y revisados en diversos ámbitos. Uno de ellos es el papel de nuestras instituciones castrenses, las cuales --y por razones ajenas a ellas, en buena medida-- han incrementado significativamente su importancia ante la atención pública en años, meses y semanas recientes.
De manera paralela, han abundado los señalamientos acerca de los riesgos que para la vigencia de las leyes, la estabilidad institucional, así como para el propio prestigio de los militares mexicanos, conlleva la creciente utilización de las instituciones armadas por parte del gobierno para desempeñar tareas (combate al narcotráfico, mantenimiento del orden público) que no necesaria ni explícitamente derivan de sus atribuciones legales. Ello, sin desconocer la histórica disciplina de nuestras instituciones militares ante el poder civil y su acatamiento --ejemplar en América Latina-- de los preceptos constitucionales.
En este contexto, destaca la petición formulada ayer por la fracción panista en el Senado para que el secretario de Defensa comparezca y explique en esa cámara los temas de la militarización y la adquisición de materiales bélicos. Se trata de una propuesta pertinente, que no debiera ser interpretada como una ofensa sino como un ejercicio republicano orientado a incrementar la comunicación entre las autoridades militares y el Poder Legislativo.
En la iniciativa panista resalta, también, la propuesta de dar vigencia a preceptos constitucionales --hasta ahora olvidados-- referidos a la Guardia Nacional, un punto que debiera suscitar un amplio examen en todo el país, en el cual se escucharan con particular atención las voces de militares, juristas e historiadores destacados.
Cabe apuntar que la institución mencionada, según el precepto constitucional, estaría conformada por ciudadanos, no tendría carácter permanente y sus jefes y oficiales serían electos por los propios integrantes de la Guardia Nacional. En el siglo pasado, la Guardia Nacional, bajo el mando del general Anaya, tuvo un papel destacadísimo en la defensa de la ciudad de México frente a las tropas invasoras estadunidenses. Después de la Revolución Mexicana, lo más parecido a una institución semejante fueron las Fuerzas Agraristas, conformadas por ejidatarios y comuneros durante el gobierno de Lázaro Cárdenas.
Por otra parte, es pertinente preguntarse si el restablecimiento de la entidad castrense mencionada no impulsaría una indeseable mentalidad militarista entre la ciudadanía y si no implicaría una proliferación --aun mayor a la que se pretende contrarrestar-- de la presencia militar en el país.
Finalmente, la propuesta de los senadores del PAN expresa, sin lugar a dudas, la preocupación que existe en las filas de la segunda fuerza política del país ante la creciente militarización y el cada vez mayor involucramiento de las fuerzas armadas en diversas esferas del quehacer nacional, un fenómeno por demás preocupante e inconveniente, tanto para los militares como para los civiles.