Allá por abril de 1994, el entonces presidente Salinas decidió, por sí y ante sí, sin consultar con nadie digno de aprecio y sin recabar siquiera las firmas de refrendo necesarias, crear por decreto presidencial un órgano que llamó Coordinación Nacio-nal de Seguridad Pública, a cuya cabeza puso al conocido persecutor de sindicatos y de trabajadores y ya bien calificado administrador, por años, del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esa etapa de la carrera de Arsenio Farell, que se caracterizó por su función de protector institucional de las conductas ilícitas de Salinas, no duró mucho, en vista de la inocultable violación constitucional que significaba la creación de una ``supersecretaría'' de Estado, ubicada por encima de las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina, y de todas las procuradurías encargadas de la represión, por un simple acuerdo del autócrata presidencial, documento que violaba abiertamente los artículos 90 y 92 de la Constitución, pues ni siquiera contaba con la firma de refrendo de los titulares de las secretarías de Estado que se subordinaban a ese nuevo órgano coordinador.

Pero la tarea de Farell de mantener un amplio manto de protección, para cubrir las responsabilidades de su jefe de ayer y de hoy, no concluyó con aquella base coordinadora. Ahora, el presidente Zedillo ha encontrado dos eficaces colaboradores para mantener la política de impunidad en favor de Carlos Salinas: uno, el procurador general de Justicia, de origen panista y total carencia de sentidos que lo pongan en comunicación con el exterior (sordo, ciego y sin olfato ni tacto), plagado de evidentes pruebas de ilicitudes salinistas de todo tipo; el otro, el Arsenio Farell designado titular de una nueva secretaría, quien para proteger a su jefe ha declarado que las irregularidades financieras en que incurrió el ex presidente Salinas no pueden ser investigadas porque las copiosísimas cuentas que tal sujeto posee en muchos bancos del mundo, son ``inauditables'', de acuerdo con la Constitución.

Esta no es la primera mentira que propala Farell, pero sí una de las más absurdas e infundadas de su cosecha de mendacidades.

Es necesario recordar que la Constitución no concede impunidad penal a ningún ex presidente, y sólo otorga, estrictamente por la duración del encargo, una improcedibilidad penal parcial contra el presidente en funciones. Esa improcedibilidad ni es total, pues no comprende los delitos de traición a la patria ni los graves del orden común, ni es eterna, pues concluye al término del periodo presidencial.

Una vez agotado ese plazo, queda plenamente abierta la responsabilidad penal de quien ocupó la Presidencia y, en consecuencia, no existe razón alguna para afirmar que está cerrada cualquier vía para investigar las conductas delictuosas en que haya incurrido el ex funcionario. Y esa potestad está viva durante todo el tiempo de vigencia de la posible acción penal que, de acuerdo con el artículo 114, fracción II, de la Carta Magna, está sujeta a una prescripción que nunca podrá ser menor de tres años.

Por todo ello, ni Salinas se encuentra actualmente liberado de las responsabilidades en que incurrió, ni Farell está facultado para ``sentenciar'' que dicho sujeto no está sujeto a la investigación correspondiente, incluyendo la tarea de auditar las cuentas bancarias que Carlos Salinas tiene directamente a su nombre o a nombre de familiares, testaferros y prestanombres.

Lo que resulta especialmente significativo es que la política zedillista de garantizar impunidad a Carlos Salinas cuenta ahora con otro ejecutor: por un lado, Antonio Lozano Gracia, en el aspecto penal o delictivo, y por otro, Arsenio Farell, en el aspecto financiero o patrimonial.

¿Habrá llegado a captar el presidente Zedillo el grado de impopularidad que le ha traído su protección al macabro y corrupto salinismo? ¿O será que dentro de su estructura moral prevalece su obligación de agradecimiento hacia quien le otorgó el puesto sobre su obligación de hacer cumplir la ley contra las conductas delictuosas de Carlos Salinas? Esas preguntas sólo pueden tener respuesta en el mundo de la subjetividad presidencial, que, aun cuando algunos lo deciden, también existe.