La Jornada 19 de septiembre de 1996

Entrampa al PRI expulsar a Salinas

José Ureña Agobiado por los reclamos de una militancia en acción, el mando priísta emprendió ayer esfuerzos y exhortos a las delegaciones estatales para impedir que las presiones obliguen a expulsar al ex presidente Carlos Salinas.

La intención quedó dibujada al mediodía. Los dirigentes de los comités directivos estatales fueron concentrados en el Salón Presidentes, ante la mirada de Santiago Oñate y Juan S. Millán.


Corrientes internas del PRI insistirán en la
17 Asamblea de este partido en la expulsión
de Carlos Salinas de Gortari

Parecía una sesión informativa. De hecho, así comenzó. Se les dijo que por la tarde, en la sesión del Consejo Político Nacional (CPN) se darían a conocer las reglas de la 17 Asamblea Nacional y que se satisfarían los reclamos mayores.

--Cuál es la línea? --soltó la pregunta un presidente estatal.

--No hay línea --rechazó Oñate.

Y se explicó, como luego aconteció en el CPN, que se daría lectura a los cuatro documentos finales, que se discutirían y votarían al estilo parlamentario: primero en lo general y luego en lo particular. Cada estado o sector podrá hace propuestas, llevar sus puntos de vista, intentar convencer a la asamblea de sus sugerencias para modificar, agregar o suprimir algunas partes de los textos. Habrá cuatro oradores por tema: dos a favor y dos en contra. A continuación el voto, y la decisión, por mayoría simple.

La directiva del PRI entendió que el caso Salinas está vigente. Por ello pidió que la discusión se centre en los documentos básicos --Estatutos, Programa de Acción, Declaración de Principios y el tema económico-- y no en el caso Salinas.

--¿Por qué no? --preguntó este reportero a uno de los asistentes a ese encuentro privado.

--Según se nos dijo, el enojo de los priístas obligaría a tomar una decisión de expulsión y nosotros no somos autoridad. Se nos dijo que, de haber delitos, corresponde a las autoridades judiciales decidir primero.

Y sí, en eso trabajan Comité Ejecutivo, responsables del CPN y hasta gobernadores recientes. No quieren, se pide a los presidentes de comités directivos estatales, que Salinas se apropie de la asamblea y deje en segundo término la reforma. El tema es de debate general. Oñate comió con ex gobernadores y ninguno se manifestó por la expulsión del ex presidente. Guillermo Cosío Vidaurri, Lauro Ortega, Alfonso Martínez Domínguez y muchos más tocaron otros temas, no a Salinas.

El senador zacatecano Ricardo Monreal, dijo que si la militancia decide la expulsión tendrá que aplicarse. Sin embargo, recomendó prudencia porque ``siempre que se lanza una piedra al espacio cae en el mismo lugar''. Asumió su parte de culpa: fue diputado y votó a favor de las propuestas de Salinas durante el régimen pasado. Por tanto fue corresponsable y ``hoy me vería muy mal si pretendiera hacer caer la responsabilidad en uno solo hombre''.

El no asume funciones de fiscal, insistió, pero si la PGR tiene pruebas, que emprenda un proceso penal en su contra. Esa sería acción de justicia, más que la expulsión. ``En la vorágine en que se encuentra el país de nada sirve la expulsión'', remarcó.

Otro que enmudeció fue el gobernador de Tamaulipas. Manuel Cavazos Lerma rehusó ``de forma cortante'', reporta el corresponsal Martín Sánchez, vertir opinión sobre la eventual expulsión. Le insistieron en la pregunta y el se retiró: ``Con permiso, con permiso, con permiso''.

Por otra parte, el diputado federal Alejandro Rojas Díaz Durán anunció que no irá como delegado a la asamblea, molesto por los abucheos que sufrió en la convención priísta defeña, cuando pidió enjuiciar a Salinas y ante el temor de sufrir nuevas acciones de ese tipo.

En carta dirigida al presidente Ernesto Zedillo como ``líder nato del partido'', el legislador expresa su punto de vista e insiste en enjuiciar y expulsar al ex mandatario y a su principal colaborador, José Córdoba Montoya.

En el texto asegura que no será un evento democrático y se pregunta si puede hablarse de renovación cuando no se castiga a Rubén Figueroa por el crimen de Aguas Blancas, y a Roberto Madrazo por sus excesivos gastos de campaña para alcanzar la gubernatura de Tabasco.

Asimismo insiste en que hay un rechazo total a la política económica y pide que se reoriente para atender a las clases populares, a los que menos tienen