¿Qué alcance puede tener la lucha contra la corrupción cuando el gobierno es juez y parte en ella? Esta es la principal pregunta que nunca podrá contestar Arsenio Farell, secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y miembro del gabinete presidencial durante más de dos sexenios seguidos. La estrecha cercanía que guarda Farell con prácticamente todos los posibles involucrados en los principales casos de corrupción --de ésta y las anteriores administraciones--, pone en duda sus credenciales como investigador imparcial.

Por eso las respuestas de Farell durante su comparencia ayer no satisficieron a todos los miembros de las comisiones de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Hasta ahora han sido los diputados por propia iniciativa, y no las autoridades del poder Ejecutivo, los que han logrado revelar más sobre la existencia de corrupción en el gobierno. La Comisión Conasupo, por ejemplo, ha documentado diversas irregularidades cometidas en la paraestatal y en sus filiales, Diconsa y Miconsa, que tendrían que recibir una atención más detenida por parte de la Secretaría de la Contraloría.

En otros muchos casos conocidos se tienen indicios de que empresarios y funcionarios públicos mezclaron ``negocios y política'' que también tendrían que investigarse plenamente. De hecho, a partir de la información que se conoce existen indicios de corrupción en varios rubros más de la administración pública, tales como: 1) las privatizaciones (Televisión Azteca), 2) el otorgamiento de concesiones públicas (Iusacell), 3) el rescate bancario (Probursa y Serfin), y 4) el gasto social (Maseca). La tarea pendiente del secretario Farell es enorme.

Y, sin embargo, la Secretaría de la Contraloría a su cargo ha optado por arrastrar los pies lo más que ha podido. Cuando se le preguntó a Farell si investigaría las cuentas secretas que supuestamente había utilizado el ex presidente Salinas en el Banco Mexicano a través de dos prestanombres, el secretario de la Contraloría dijo que eso caía fuera de su competencia legal. Una respuesta muy pobre, sin embargo, si se mide en relación al compromiso que ha asumido el gobierno en la lucha contra la corrupción.

El presidente Ernesto Zedillo considera que es necesario incluso ir ``más allá'' en este empeño, y como parte de este propósito le ha insistido al Congreso que apruebe el proyecto de ley que le envió ya hace más de un año para crear una Auditoría Superior de la Federación. El presidente Zedillo dijo que ``es preciso contar, cuanto antes, con un organismo autónomo, con plena libertad, con amplias atribuciones para evaluar y fiscalizar la gestión pública y el ejercicio de gasto''.

El presidente considera por lo visto que el problema tiene que ver con los mecanismos existentes de control y fiscalización y que, por lo tanto, se requiere dotar al Estado de un nuevo órgano que asuma las tareas que no han podido realizar las instituciones actuales. Una Auditoría Superior de la Federación podría, en opinión del Ejecutivo, lograr más de lo que ha logrado la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda en la lucha contra la corrupción. Pero se podría argumentar, al contrario, que son la naturaleza y composición de las instituciones existentes las que han permitido avances en la investigación de los casos de corrupción y la falta de transparencia en el manejo de las finanzas públicas.

Más allá de las limitaciones de que adolecen la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda o la Comisión Conasupo, éstas han demostrado al menos las posibilidades de acción independiente que tiene el Congreso cuando existe la voluntad política de uno o varios diputados. Lo que queda por hacer ahora es mejorar este tipo de instituciones. El criterio rector de la reforma debería ser tal que se garantizara la plena autonomía del órgano fiscalizador con respecto al Ejecutivo y no su subordinación, directa o indirecta, para de este modo fortalecer la división de poderes, y en particular, al Legislativo.

Para ello, la Auditoría Superior de la Federación debería ser algo así como la actual Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda --dependiente del Congreso, sólo que reforzada y dotada de mayores recursos. Así, la sociedad podrá contar con un órgano fiscalizador verdaderamente autónomo que sirva como contrapeso real al Ejecutivo. El gobierno dejaría entonces de ser juez y parte en la lucha contra la corrupción, y la responsabilidad principal de vigilar y supervisar la utilización de los recursos públicos recaería en los representantes electos de la población.