Refrendaron el gobierno y la guerrilla sus compromisos de paz

Blanche Petrich Un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de Guatemala destinado a desmilitarizar ese país, a reducir en una tercera parte el ejército y a desarticular cualquier posibilidad futura de un golpe de Estado, quedó refrendado este mediodía con una ronda de aplausos, abrazos y estampada de las firmas correspondientes.

El documento Fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática'' quedó así suscrito en una ceremonia solemne en el Aula Magna de la cancillería mexicana, en Tlatelolco, ante centenares de testigos.

Rigoberta Menchú atestiguó en la ciudad de México la
firma de los acuerdos preliminares entre la UNRG y el
gobierno de Guatemala. Foto: Omar Meneses

Así culminó un proceso de negociación de cinco años en el que se firmaron diversos acuerdos --de derechos humanos, de reasentamiento de poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, de identidad y derechos de los pueblos indígenas, asuntos socioeconómicos y situación agraria-- que contienen un paquete de 250 compromisos que, de ser realmente cumplidos ``en un 70 por ciento, representarían una verdadera revolución'', según considera la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú.

Al cabo de cinco años, tocó el turno a los poderosos militares guatemaltecos de firmar un compromiso que significa, en los hechos, su retorno definitivo a los cuarteles después de un siglo de tradición militarista.

Valían la pena los abrazos, algo tiesos, que intercambiaron los comandantes de la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca Rolando Morán, Gaspar Ilom (quien ya usa más su nombre legal, Rodrigo Asturias), Pablo Monsanto y Carlos González con los integrantes de la Comisión para la Paz, la delegación gubernamental: su coordinador, Gustavo Porras, ex compañero de armas de Morán; Raquel Zelaya, Richard Aitkenhead --el dos veces ministro de Finanzas, que ahora será quien provea de recursos a la postguerra--, el general Otto Pérez Molina y el coronel Morris de León.

De pie aplaudían los diplomáticos de México, Estados Unidos --ahí se encontraba Harriet Babbitt, embajadora ante la OEA--, Colombia --que envió a su hombre fuerte, al ministro del Interior, Horacio Serpa-- Venezuela, España y Noruega.

Y silencioso entre los enviados del gabinete presidencial de Alvaro Arzú, aplaudía también un general poseedor de muchos galardones al que, aunque no tuvo protagonismo alguno en la ceremonia, muchos consideran como el verdadero artífice --sobre todo al interior de la institución castrense-- de este logro: el general Julio Balconi, actual Ministro de la Defensa, quien durante los cinco años previos asistió con constancia a todas las rondas de negociación.

El comandante Rolando Morán, jefe del Ejército Guerrillero de los Pobres, considerado en su momento ``el más duro'' de la URNG, con su rostro de ídolo maya, levantaba la voz: ``Somos optimistas, tenemos plena confianza. Hay razones para celebrar''.

Sólo dos hileras de hombres permanecían sin sumarse a la ovación, sentados en el perímetro del óvalo del Aula Magna; a la derecha, una decena de coroneles, todos ellos jefes de las zonas militares más conflictivas, ataviados con uniformes de gala e insignias. A ellos se les acaba la guerra, y su ascendente carrera militar cambia de rumbo. A la izquierda, igual número de jefes militares de los distintos frentes guerrilleros, en su mayoría recios indígenas, pequeños y retraídos que vestían por primera vez traje ``occidental''. Estaban los comandantes Pancho, del Estado Mayor de ORPA, Nery, del Frente Suroccidental de San Marcos, Arturo, del Petén, Daniel Ruiz, del Frente Norte, Aníbal y Tomás, jefe de Estado Mayor del EGP.

A la hora de los discursos la tecnología hizo posible la presencia, proyectada en una pantalla, del presidente Alvaro Arzú y un emocionado mensaje:

``Es demasiado lo que ahora está en juego... no hay que descuidar ni los contenidos ni los momentos políticos. La historia no se sienta a esperar a sus protagonistas''.

El mandatario señaló que el acuerdo que hoy se firma ``sienta las bases de una reconciliación''; tenemos la gran oportunidad y la obligación de transitar el camino hacia un mejor país... sin dogmatismos''.

Hubo en la ceremonia dos homenajes: al primer conciliador del proceso, monseñor Rodolfo Quezada Toruño, obispo de Zacapa, quien tercamente amarró cabos hasta que logró echar a andar la mesa de negociaciones. Tuvo que salir del proceso por presiones del ex presidente Ramiro de León Carpio, pero fue saludado por el moderador de las Naciones Unidas, Jean Arnault, como ``símbolo de la continuidad''; y al propio Arnualt, quien recibió un reconocimiento especial por parte del canciller mexicano, Angel Gurría.

Al tomar la palabra, Arnault dijo: ``No se trata sólo de un cese al fuego y un fin del conflicto armado. Se trata de un ejemplo y de un mensaje. Un ejemplo de cómo los enfrentamientos más complejos, los temas más conflictivos, pueden con paciencia y voluntad recibir un desenlace de beneficio para todos. Y un mensaje de optimismo y confianza para los guatemaltecos y para otros conflictos, otros pueblos y otros contendientes''.

A la hora de los discursos, el titular de la SRE calificó este acuerdo como ``un logro histórico''. México --agregó-- ``asigna a la paz en Guatemala un alto valor como elemento fundamental para consolidar la estabilidad en la región centroamericana. Estamos convencidos de que la estabilidad de la frontera sur debe ser de paz compartida''.

A su vez, Gustavo Porras, coordinador de la Comisión de Paz del gobierno guatemalteco, destacó que entre los ``rasgos particulares y esenciales'' de la fase final del proceso guatemalteco de paz ``destaca que, lejos de buscarse por la vía de las armas presionar sobre la mesa, el silencio de ellas ha sido el entorno''.

Recordó el pasado de confrontación, exclusión política y cierre de caminos para luchar que sufrió en el pasado reciente su país, y remarcó: ``La paz llegará a Guatemala porque nos la merecemos los guatemaltecos''.

Y Rolando Morán, quien habló a nombre de los cuatro comandantes de la URNG, dijo que el acuerdo que hoy se firmó es ``el eje alrededor del cual giran todos los puntos esenciales para construir una Guatemala cualitativamente distinta''.

Fue el único discurso que llamó cierta cosa por su nombre: ``El fortalecimiento del poder civil está indisolublemente vinculado a la democratización y desmilitarización del Estado y de la sociedad''. Y advirtió que ``sin el cumplimiento preciso y cabal de este acuerdo, los demás no podrán ser cumplidos cabalmente. El fortalecimiento del poder civil es el punto de partida para superar la crónica inestabilidad que hemos vivido''.

El contenido

El acuerdo firmado establece que las funciones del ejército serán la defensa de la soberanía y de la integridad territorial. Nada más. Los delitos comunes de los militares se juzgarán en tribunales civiles. Se formulará una nueva doctrina ``orientada al respeto a la Constitución, a los derechos humanos y al espíritu de los acuerdos de paz''.

Se dispone que el ejército sólo podrá hacerse cargo del mantenimiento del orden público por decreto presidencial, y de manera temporal y limitada. Las funciones que estén fuera del ámbito de competencia de la dirección de Inteligencia del estado mayor de la Defensa serán asumidas por un nuevo departamento de Inteligencia Civil dependiente del ministerio de Gobernación.

Los efectivos del ejército se redistribuirán, y la institución se reducirá en un 33 por ciento durante 1997. El gasto militar será recortado en la misma proporción en 1999. Los cursos de entrenamiento contrainsurgente, famosos en toda América Latina, se adecuarán a la nueva realidad.

Además de la desmilitarización del sistema político, el acuerdo es un esbozo de una reforma de Estado, con un organismo legislativo ``representativo del pueblo'' que legislará ``en beneficio del pueblo'', y subsanará ``algunas de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco'': la administración de la justicia mediante reformas constitucionales del organismo judicial, la carrera judicial, el servicio público de defensa penal, el código penal.

Asimismo, prevé una redefinición de la agenda de seguridad, la creación de un Consejo Asesor de Seguridad con personalidades seleccionadas por el presidente y una reestructuración total de la seguridad pública. Esta incluye una policía nacional civil pluriétnica y de carrera, que sustituirá a todos los demás cuerpos existentes, todos actualmente con mando militar.